Los nuevos libros de texto gratuitos para los niveles de primaria y secundaria ya se convirtieron no sólo en una disputa política en México, si no en un nuevo motivo de enfrentamiento entre varios segmentos de la población con el Gobierno federal y la corriente política que profesa.
Uno de los estilos propios de la actual gobernanza de este movimiento es la fragmentación de la sociedad, a través de un encono y enfrentamiento constante que tiene como característica fundamental la descalificación de la ley y el rechazo a cualquier postura relacionada al autoritarismo.
Es prudente para el humilde escribiente, establecer a los protagonistas de esta nueva guerra mediática y de declaraciones, que tiene como común denominador la presión gubernamental para la aceptación sí o sí de la nueva escuela mexicana y que provocó a gobernantes estatales y sindicatos magisteriales someterse al poder federal para aceptar la estrategia educativa.
Los padres de familia, organizados en sociedades legales y reconocidas a través de asociaciones estatales y nacionales, se pronunciaron en contra para la distribución de los libros en escuelas públicas y privadas.
El sector empresarial reaccionó a través de órganos como Coparmex y Canacintra, que incluso propusieron sistemas y contenidos con estrategias educativas para superar las carencias del nuevo modelo centradas principalmente para ellos, en la enseñanza y aprendizaje de ciencias como matemáticas e inglés, asignaturas de alta importancia para la formación de generaciones que trabajarán en la industria y la empresa mexicana del futuro.
La Iglesia católica y grupos religiosos cristianos también emitieron su posición y señalaron que los contenidos pueden confundir a los menores de edad en temas como reproducción sexual, aborto y preferencias sexuales.
Para algunos Gobiernos como el de Chihuahua y Coahuila, la decisión fue más allá de una declaración mediática o una decisión temporal de no entregar el nuevo material académico; sino que optaron por recursos legales ante la autoridad judicial para evitar la distribución, basados en el principio de violación a la Ley General de Educación.
El argumento es claro, no se consultó a padres de familia, docentes, directivos, especialistas en la materia y autoridades educativas de los Gobiernos estatales; omisión que a la postre significa legalmente una violación constitucional de acuerdo a lo determinado por amparos de jurisprudencia, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El futuro es incierto por lo menos en estos dos estados, porque el resto de los que se opusieron inicialmente, como se dice popularmente, «ya dieron su brazo a torcer» y distribuirán los libros en el futuro próximo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación «ni las manos metió»y ahora, más a fuerza que por gusto, los convirtieron en defensores de los libros que ni conocían y del nuevo modelo educativo en el que nos los capacitaron.
El humilde escribiente comparte la expectativa de saber qué pasará en el futuro y como este ejemplo puede convertir en el futuro al sistema político mexicano, en un sistema autoritario, absolutista y sin democracia alguna, ya no para participar en el diseño de políticas y estrategias de gobernanza, sino para mostrar opiniones diferentes al de los políticos en el poder.
Libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana y su capacidad para nuevamente dividir al país y sus sectores con la única ganancia de un grupo de poder que no tiene empacho en ceder un ápice en sus ambiciones y objetivos políticos.
