Los Chorros: soluciones sin voluntad

La peligrosa situación del tramo conocido como Los Chorros en la carretera 57 del municipio de Arteaga es un tema recurrente en esta colaboración, y sobre todo en medios locales cuando se registran accidentes que además de generar tragedias humanas, provocan el cierre de la vía, lo cual deja incuantificables pérdidas económicas.

Como marco teórico es necesario establecer las condiciones físicas del tramo en mención, que incluye 18 curvas en 10 kilómetros con un declive de 700 metros donde el 86% de los accidentes son protagonizados por camiones y tráileres que exceden carga y que generalmente superan el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora.

Las estadísticas oficiales señalan que del año 2016 al 2021 perdieron la vida 35 personas y quedaron al menos un centenar de heridos, muchos de ellos con daños irreversibles, que dejaron alguna discapacidad en sus vidas.

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno sostienen que para corregir el problema se requiere de al menos mil millones de pesos y concluir procesos legales para adjudicación de terrenos, y al menos un año para realizar obras monumentales que incluso podrían cerrar el tramo y generar el desvío de tránsito vehicular hacia el Huachichil, para retomar el trayecto por el libramiento norponiente y salir a carretera a Monterrey y Monclova.

La posibilidad de que esta alternativa se concrete es muy lejana, incluso para el humilde escribiente, casi imposible, porque se caería el negocio para los concesionarios de la autopista, incluso para empresas de grúas y los proveedores de ballenas divisorias y otros servicios que se pagan para reconstruir daños de la vía.

Una de las alternativas que exigieron pobladores de la zona serrana y urbana del municipio de Arteaga fue la presencia permanente de policías de la Guardia Nacional (antes Policía Federal de Caminos) posibilidad descartada también porque no hay patrullas o policías suficientes y en disponibilidad de mantener un retén para aplicar multas y alertar a los traileros sobre la zona de riesgo.

El alcalde del municipio de Arteaga, Ramiro Durán García, junto a familias de ejidos serranos, comerciantes, empresarios presentaron a las autoridades federales soluciones prácticas, rápidas, mucho más económicas y que valdría la pena, al menos, realizar pruebas para evitar más muertes en accidentes y colisiones que provoquen el cierre de la vía.

El dinero que se requiere podría y debería ser aportado por Capufe (administrador de la vía federal) y combinar recursos municipales, estatales y federales, para lograr esas soluciones que pueden ser más prácticas, rápidas y mucho más económicas.

Las propuestas del alcalde y los pobladores de Arteaga van desde una mayor señalización desde la última caseta antes de llegar al peligroso tramo, cambiar el sentido de circulación que se puede normalizar con adecuaciones a la vialidad federal para evitar la difícil pendiente que provoca el descontrol de las moles de acero.

Otra posibilidad sería ceder la jurisdicción al estado y el municipio para que se puedan realizar proyectos con recursos propios y de los usuarios para mejorar al corto y mediano plazo del tramo que requiere atención, pero sobre todo voluntad política y de gobernanza que sí se refleja en la autoridad municipal que cuenta con el apoyo estatal.

Al final del capítulo, las posibilidades mediatas de solución pierden factibilidad alguna, ante la ausencia, precisamente de voluntad, interés y sobre todo de atención en la gobernanza federal, tal vez por omisión o incluso por corrupción; mientras tanto la vida de usuarios seguirá en peligro y la operación correcta en riesgo para evitar más perdidas económicas y materiales.

Autor invitado.

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