No será fácil abordar el tema de la militarización de la vida nacional en el marco de las campañas para 2024. En su momento, López Obrador candidato pregonaba regresar a los militares a los cuarteles, consecuente con la postura histórica de la izquierda y de una amplia corriente que por igual reivindica la protección de los derechos humanos, que cuidar a la institución castrense de su politización. Ya en el poder, López Obrador migró a la postura opuesta; vio en los militares a sus mejores aliados para emprender su proyecto político y de Gobierno; de allí en adelante ha procedido a la militarización sin precedente alguno.
La génesis de la militarización ocurre ante la incapacidad de las autoridades civiles para hacer frente a la criminalidad. La visión represiva respecto al combate al tráfico de drogas ante el creciente poder de fuego de los cárteles del crimen organizado obligó a los presidentes, en mayor o menor grado, a recurrir a las fuerzas armadas, particularmente a la Marina, que mostró mayor capacidad, cohesión y flexibilidad para emprender las tareas ordenadas por el comandante supremo.
Incursionar en funciones de seguridad pública nunca ha sido una tarea deseable por los militares por varias consideraciones. La primera, desvirtúa su misión en la salvaguarda de la seguridad nacional e integridad territorial. Segundo, los expone a la corrupción que deviene del poder económico del crimen organizado. Tercero, no están entrenados para realizar tareas de policía; su naturaleza es la de abatir al enemigo con todos los recursos a su alcance. Por esta consideración la exigencia de los militares es contar con una legislación que les proteja y un régimen diferenciado que no los someta a las reglas comunes de la administración pública. López Obrador les ha cumplido, garantizando la discrecionalidad y la opacidad con que siempre han actuado; lo mismo puede decirse del régimen institucional de rendición de cuentas. El desdén al Congreso del general secretario Luis Cresencio Sandoval es un buen ejemplo. Inaudito que el Ejército realice las labores de inteligencia criminal y política.
La desaparición del Estado Mayor presidencial por López Obrador dejó expuesto al presidente. Su origen viene de la necesidad de proteger al jefe del Estado de cualquier amenaza, incluso militar. Situación insostenible por la amenaza del crimen organizado; algo deberá hacerse en el próximo Gobierno. Aducir que el que nada debe nada teme o que el pueblo es su mejor protección es infantil e irresponsable.
El presidente ha abusado de los militares no sólo en actividades de seguridad pública; por su impaciencia para lidiar con la burocracia civil ahora es rehén de la imagen de obediencia, disciplina y lealtad que le profesan los militares. Las pulsiones autoritarias se recrean con los valores y el profesionalismo castrense. Sin embargo, nadie es inmune a la corrupción, menos cuando hay discrecionalidad, opacidad y ausencia de rendición de cuentas. El presidente ha corrompido a parte de la jerarquía del Ejército no así a la institución; ha despertado en la corporación inconformidad y en la sociedad un deterioro de su ascendiente y prestigio; además, las tareas asignadas van contra las mejores prácticas del papel de las fuerzas armadas en una sociedad democrática.
Algo semejante ocurre cuando se le encomienda la seguridad pública. La Guardia Nacional es un cuerpo dirigido por militares e integrado en su mayoría por soldados. Tienen la responsabilidad, pero no la autoridad para actuar porque el presidente sabe que habría enfrentamientos y mayor violencia; el crimen crece, las víctimas aumentan, las autoridades civiles se someten al poder de los delincuentes y conforme los días pasan se profundiza la dependencia de las autoridades civiles de los militares. Ante el dominio del crimen de amplios territorios del país, para unos y otros la situación se ha vuelto insostenible. Es inevitable revisar a fondo la política de seguridad, que conlleva modificar las condiciones de las fuerzas armadas en la vida pública.
Claudia o Xóchitl, no importa quien gane. La situación obliga a una revisión a fondo de la militarización. No son cuestiones de ideología o congruencia política, razones de Estado y de auténtico interés nacional vuelven necesario redimensionar las responsabilidades a cargo de los militares. El precedente de la militarización deberá revertirse y es tan necesario como posible. Afortunadamente, las fuerzas armadas acreditan un sentido ejemplar de lealtad, institucionalidad y compromiso con el país.
Candidatos o proyectos
Por primera vez en la historia contemporánea de México los partidos no serán los articuladores de la voluntad ciudadana. El oficialismo no tiene partido, sino un movimiento construido para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y una vez cumplido el cometido su tarea ha sido la de acompañarlo. Morena no dio tránsito hacia su institucionalización, continúa siendo un movimiento con una estructura dirigente que no manda y sin identidad ideológica. Tampoco hay un sentido de institucionalización de sus órganos de Gobierno o de dirección. Todo está a merced de lo que decida y resuelva el líder moral. Hasta las reglas para seleccionar candidato salieron de él sin aportación de la organización política.
Como suele ser con López Obrador, se cumplen las formas en la medida de las mínimas necesidades legales, pero no para el ejercicio de la política. No hay partido, Gobierno ni gabinete. Como bien dice, hay encargos no cargos y las encomiendas presidenciales son un recurrente desdén a las formas y a la ley.
Por su parte, la oposición tampoco opera como partido. La coalición que conforma el Frente Amplio por México significa que los programas de los partidos pasen, al menos para el proceso electoral, a un segundo plano. La asociación del PAN con el PRI, adversarios históricos, significa que se desdibujen los programas y las posturas ideológicas fundamentales. Xóchitl Gálvez es un buen ejemplo de la manera como los partidos pasan a un segundo plano en sus posturas y planteamientos. Aunque su origen ha sido el PAN y un tanto el PRD, muchos de sus planteamientos están a años luz del panismo y, otros, particularmente los económicos, acomodan muy bien en lo que el albiazul ha luchado por generaciones.
El desdibujamiento doctrinario y programático de los partidos viene de tiempo atrás, pero ahora es más evidente y con mayor impacto. Incluso, muchos dan por válido que la identidad política de la coalición encabezada por Morena es la misma de López Obrador; sin embargo, al menos tres dudas se plantean: primera, ¿cómo juzgar al líder Moral, por lo que dice o por lo que hace, que es igual a por las intenciones o por los resultados?; segunda, mucho de su actuar y de sus planteamientos como forma de ejercer poder y hacer política es su sello personal; por lo mismo irrepetible, por ejemplo, las mañaneras no tendrían continuidad y la manera desparpajada, agresiva y de recurrente confrontación no resiste su reiteración, especialmente si quien gobierna no cuenta con el respaldo parlamentario, mediático y de sometimiento de los factores de poder. Tercero, la fatiga del proceso obradorista: las finanzas públicas, el insostenible deterioro de la seguridad y el agotamiento emocional de la población imposibilitan continuar con la polarización como fórmula de ejercicio unilateral y autoritario del poder.
El Frente Amplio por México acusa la mayor de las ambigüedades, incluso en sus propias propuestas inicio. La aportación ciudadana, valiosa para la construcción de un proceso ciudadanizado de selección de candidato presidencial ha perdido impulso. La idea de Gobierno de coalición pasó al cajón del olvido o de la omisión. Se supone que hay grupos de trabajo elaborando una oferta política de largos alcances y sólidas bases a partir de la indiscutible experiencia de sus coordinadores, pero con eso no se ganan votos; además, deja fuera el tema del Gobierno de coalición, una experiencia única que se supone que debe ir más allá que el de la convergencia de los tres partidos. Se trata de una propuesta inédita de encuentro de la política, del Gobierno y de la representación con la sociedad civil.
En el mundo del espectáculo es natural que la atención se centre en las celebridades de la política, especialmente en el presidente y en quienes aspiran a sucederle. Sin embargo, la realidad obliga a privilegiar el proyecto político hacia delante, de varias coordenadas a resolver que deben ser los referentes de los programas políticos en competencia, como es cambiar el modelo de Gobierno democrático que surgió de la transición política del siglo pasado. Entraña, a su vez, una revaloración de la vigencia, al menos aspiracional, de las libertades políticas, de una autoridad sujeta a contrapesos y al escrutinio público e institucional y a la transparencia. No menos relevante es si habrá de continuar la misma visión y respuesta al crimen organizado y a la militarización de la vida pública.
