Lucro, el posible trasfondo en incendios forestales; Fiscalía de Justicia investiga

Con apenas un 0.09% del Presupuesto de Egresos de 2021, la Secretaría del Medio Ambiente es la dependencia con menos apoyo del Estado para cumplir su función. Sin recursos para protegerlo, no es de extrañar que la fragilidad del ecosistema silvícola se acentúe año tras año, dicen analistas

El Fonden no desapareció, cambió formato

Bajo un contexto mercantilista, es totalmente racional tomar en cuenta que, en predios forestales, todo aquello que se considera modernidad podría obtenerse si se planifica el cambio de uso de suelo meramente ecológico o «silvícola ocioso» por otro «rentable» —inmobiliario, industrial, agrícola o pecuario—; el problema es evitar que, para forzar o acelerar ese cambio, los particulares se vean tentados a recurrir a incendios arbitrarios que se descontrolan y arrasan extensiones imprevistas.

En Coahuila, saber que la autoridad judicial incluyó entre sus líneas de investigación la posibilidad del «dolo» o «intencionalidad criminal con fines económicos», entre las causas que dieron origen al incendio forestal en La Pinalosa, de Arteaga, despierta suspicacias: ¿cuán posible es que eso sea cierto?; ¿son los incendios forestales dolosos un mecanismo recurrente —por ejemplo, en el sector inmobiliario— para acceder a predios protegidos como reserva ecológica?

Según analistas, eso podría no estar lejos de la realidad. «Aunque parece absurdo pensar que alguien en su sano juicio atente contra aquello que nos es necesario para vivir —como los bosques que son pulmones de la naturaleza—, en términos de mercado es “aceptable”», señala Luis Ignacio Román Morales, analista del Tecnológico de Monterrey (El Diario NTR, 05.04.21).

La fragilidad de la supervivencia de un ecosistema silvícola aumenta —plantea Román Morales— cuando enfrenta presiones inmobiliarias y corrupción que propicia un crecimiento urbano caótico, cuando escasea el recurso público para proteger al medio ambiente, cuando hay irresponsabilidad social, descuidos y abandono frente a un mercado que considera «eficiente» el uso intensivo del suelo y recursos naturales cuando deja ganancias económicas, aunque solo sean para unos cuantos.

De hecho, que autoridades regionales participen en presuntas corruptelas para encubrir o acelerar trámites de cambio de uso de suelo forestal no es tema desconocido. En una publicación, el periodista Luis Carlos Plata señala que «en plena pandemia, el Ayuntamiento de Arteaga convirtió 760 hectáreas en la sierra adquiridas a bajo costo y, mediante trámites exprés, incrementaron la plusvalía de sus terrenos para convertirlos en parques industriales y desarrollos inmobiliarios» (Zócalo Saltillo, 26.07.20).

En los detalles sobre reuniones del cabildo presidido por el alcalde Everardo Durán Flores, Plata describe cómo desde mayo de 2020 se inició la certificación apresurada «del cambio de uso de suelo de agropecuario a industria ligera sobre un predio de 75 mil 522 metros cuadrados, en un terreno inspeccionado físicamente por el director de Desarrollo Urbano, Alejandro Treviño Medrano».

En su publicación, el periodista considera de llamar la atención, además, la ausencia en actas de ingresos municipales vinculables a esos trámites y cuestiona: ¿dónde quedó la ganancia?, ¿quién fue el beneficiado con la aceleración de trámites?

Por otro lado, de acuerdo con versiones del periodista Plácido Garza, la Fiscalía de Coahuila investiga la posibilidad de que el incendio en la sierra de Arteaga haya sido provocado para abaratar el costo de hectáreas colindantes a La Pinalosa.

En su sitio de noticias Detona.com, Garza señala que «el asunto está muy enrarecido, porque hay una propiedad de 20 hectáreas que colinda con La Pinalosa en donde uno de los colonos ha manifestado interés por comprarlo desde hace mucho tiempo, y la deducción que se obtiene de todo esto es: si 20 hectáreas verdes te cuestan 10 millones de pesos, ¿cuánto te cuestan 20 hectáreas después de un incendio?».

Garza publicó el 17 de marzo que el siniestro empezó en una cabaña en el paraje La Pinalosa, del cañón de Los Lirios, propiedad de un regiomontano y que fue provocado por brasas de carbón usado para una carne asada, información que confirmó la Fiscalía General de Coahuila.

«Aunque podría parecer que fue un accidente y se les podría acusar de negligencia criminal y cerrar el caso con las sanciones correspondientes, me consta que están investigando la línea de incendio intencional y, de comprobarse, modificaría las acciones de tipo penal», precisó.

Como una manera de pasar de conjeturas a afirmaciones, los especialistas sugieren analizar la tendencia espacio-temporal del cambio de cobertura del suelo periurbano y contrastarlo con la ocurrencia de incendios forestales a través de cruces de imágenes satelitales, así se podría establecer si hay o no un vínculo entre periodos de incendios forestales y los de desarrollos habitacionales o industriales en las regiones, eso permitiría ubicar posibles zonas que demuestren el uso del fuego como agente informal de planificación.

Mientras tanto, de cara a las recientes áreas siniestradas, se sugiere legislar de inmediato para evitar que los cabildos locales autoricen inadecuados cambios radicales de uso de suelo sobre esas áreas y que, por el contrario, se promueva la recuperación con planes intensivos de reforestación.

Presupuesto fútil

En términos generales, una manera de determinar el nivel de importancia que las autoridades dan a las secretarías que conforman una estructura de gobierno es el presupuesto que les asignan. En Coahuila, la Secretaría de Medio Ambiente, con Eglantina Canales en su tercer sexenio como titular, claramente no está entre las principales.

Para el ejercicio 2021 a esta dependencia se le asignó el tercer presupuesto más bajo del Estado (51 millones de pesos; 4.6 millones menos que en 2020), apenas por encima de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (47 millones) y de la de Vivienda y Ordenamiento Territorial (45 millones).

A decir de Román Morales, «con frecuencia se señala en medios empresariales que los egresos públicos deberían orientarse más a la inversión y menos al gasto corriente; postura contraria a la del ámbito académico, que plantea que destinar gasto a protección ambiental debería considerarse tan beneficioso como el recurso que se canaliza a las dependencias prioritarias, aunque eso a los gobernantes no parece importarles».

Frente al total anual de Presupuesto de Egresos Programado para 2021 en Coahuila, que asciende a 52 mil 676 millones de pesos, mientras la Secretaría de Educación es la que absorbe más gasto (21 mil 281 millones de pesos o 40%), los 51 millones asignados a la Secretaría de Medio Ambiente representan un ínfimo 0.09%, lo cual explica la incapacidad de respuesta estatal expedita, por ejemplo, a las contingencias forestales.

Un cálculo no oficial apunta que los costos de ese incendio en el cañón de Los Lirios, en la sierra de Arteaga, superó con facilidad los 51 millones de pesos programados como gasto para esa secretaría.

De un total de 18 días que se tardaron en sofocar el incendio al 100%, tan solo en los primeros seis el gasto ascendió a 27 millones de pesos, según informe de la Secretaría del Medio Ambiente, y si a eso se le suma el costo de un millón de dólares (20 mdp) erogado para la contratación del avión DC 10 Air Tanker con que finalmente se aniquiló el siniestro, la cifra ya es considerable, aunque parte del gasto lo absorbió la federación.

Respecto al lento y tortuoso control del incendio iniciado en La Pinalosa, el gobernador Miguel Ángel Riquelme hizo un comparativo para dimensionar la magnitud, que al final quedó en que las 3 mil 660 hectáreas que arrasó este siniestro equivalen al 63% del total de hectáreas forestales afectadas por incendios durante todo el año pasado (5 mil 800) en Coahuila, según los últimos datos.

Lo preocupante es que la conflagración en La Pinalosa abarcó una gran proporción de árboles adultos, mientras el total de área siniestrada durante 2020 incluye una gran proporción de matorral y pastos secos.

Pesquisa y más incendios

En un informe en el que la Fiscalía de Coahuila manifestó que los ocupantes de la cabaña donde se originó el incendio en la Sierra de Arteaga están identificados, el fiscal Gerardo Márquez Guevara dijo que aún trabajan en la consolidación de la carpeta de investigación en tanto los presuntos responsables atienden al llamamiento ante la ley, para lo cual han solicitado el apoyo de las autoridades de Nuevo León, por tratarse de ciudadanos de esa entidad.

«El hecho de que los indiciados sean de Nuevo León no los exime de los cargos en Coahuila», precisó el fiscal y dijo que, aunque la evidencia ubica vestigios de fuego en tres viviendas de la zona cero, solo una de ellas fue determinada como el lugar en que iniciaron las llamas, de acuerdo con entrevistas realizadas a vecinos del lugar, quienes intentaron sin éxito contener el incendio.

Mientras se determina si hubo dolo o no —detalle que agravaría la sentencia— la imputación de culpabilidad por acción negligente podría significar entre 3 y 15 años de cárcel para los responsables.

Por otro lado, mientras la Fiscalía resguarda detalles de los presuntos culpables y el caso no se ha cumplimentado, ya se han registrado otros incendios regionales, uno más en Arteaga y dos en Saltillo.

En Arteaga, según testigos, la tarde del sábado 10 de abril explotó un transformador de la Comisión Federal de Electricidad ubicado en el complejo turístico Monterreal.

Al tratarse de un predio urbanizado y con vigilancia, el combate al fuego inició más rápido. Aún así, su extinción tardó más de tres días. La Secretaría del Medios Ambiente reportó afectación de al menos tres hectáreas de arbolado adulto y matorral submontano.

Por otro lado, el 12 de abril, en Saltillo se reportaron dos incendios en zonas de los ejidos Carneros y El Recreo; en ambos la vegetación afectada es matorral rosetófilo, pastizal y, en menor consideración, arbolado adulto.

Si bien el ejido El Recreo se encuentra en una parte montañosa, donde existen pastizales y flora del desierto o matorrales, en sus cercanías hay arbolado adulto en los ejidos boscosos Jagüey de Ferniza y Cuauhtémoc, hacia donde se evitó que el siniestro se extendiera.

Por la ubicación geográfica de Coahuila y su clima, los incendios forestales ocurren en la primera mitad del año, principalmente de marzo a junio. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un 90% son causados por influencia de personas y el acercamiento de asentamientos habitacionales a zonas silvestres. Debido a eso, las campañas permanentes de prevención son la estrategia obligatoria, como dicta el Programa Estatal de Protección Contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego en Coahuila, implementado desde 2018 y cuya inoperancia no beneficia a nadie, así como tampoco es benéfico que lo estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo sobre este tema sea letra muerta. E4

Total EstatalS. del medio Ambiente
2020Asignados
$49,746$56=0.11%
2021Asignados
$52,676$51=0.09%
Presupuesto de Egresos, Gobierno de Coahuila (mdp)

Por monto asignado para el ejercicio 2021, el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) de Coahuila es el tercero más bajo entre las secretarías de Estado. El mayor monto se asigna a Educación, con 21 mil 281 millones de pesos que equivalen al 40% del presupuesto anual total.

Número de incendios forestales registrados por año en Coahuila…

AñoCantidad
2011162
201290
201320
201455
201532
201699
2017110
201888
201968
202073
202112*
Fuente: Comisión Nacional Forestal.
*Datos ene-mzo.

El Fonden no desapareció, cambió formato

Contrario a lo que señalan algunos editorialistas, en el sentido de que se ha extinguido el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y que eso deja sin apoyo federal a los estados y municipios ante emergencias asociadas a contingencias y fenómenos de la naturaleza, como el reciente incendio en las sierras de los estados de Coahuila y Nuevo León, lo cierto es que solo se extinguió el fideicomiso, pero no el propio fondo.

A decir del analista Marco Pérez Valtier, «de hecho, además del Fonden, hay otro fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dedicado a la prevención de desastres naturales, el Foreden, que aún opera normalmente», y para 2021, les fueron asignados 8 mil 727.3 millones de pesos, y 200 millones de pesos respectivamente, consignados en el Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas.

Para entender bien esta situación, dice el especialista, es conveniente explicar la mecánica operativa de los recursos asignados presupuestalmente, y el papel de los fideicomisos en este contexto, ya que por disposición presupuestal, si no llega a devengarse parte de lo asignado a un objeto de gasto, dicho recurso se cancela, y si ya se les hubieran transferido a las unidades administrativas, estas deben reintegrar tal fondo a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

«Además del Fonden, hay otro fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dedicado a la prevención de desastres naturales, el Foreden, que aún opera normalmente».

Marco Pérez Valtier, especialista

Por dicha razón, afirma Pérez Valtier, la figura del fideicomiso se hizo muy popular, como un mecanismo que evitaba que se «perdieran» recursos presupuestales no gastados, pues con el solo hecho de transferirlos a un fideicomiso se consideran «devengados» y, consecuentemente, no se desechan, quedan disponibles para ser erogados aún en otro ejercicio fiscal.

Por la naturaleza de los apoyos del Fonden, los cuales solo se erogan si ocurren siniestros que dañen la infraestructura física en Estados y municipios, este mecanismo es idóneo, incluso, para constituir una reserva que abone a los gastos superiores a los presupuestados en un año.

De ese modo, si en un año no se registran siniestros a los cuales asignar el presupuesto de Fonden, los recursos no gastados se transfieren al Fideicomiso Fonden (constituido en 1999) y se hace un ahorro para poder enfrentar emergencias en años futuros, las cuales podrían superar el monto de recursos aprobados para ese período.

A fines de 2020, según el reporte correspondiente a los fideicomisos públicos, incluido en el informe de las finanzas públicas al cuarto trimestre de ese año, los recursos remanentes en el Fideicomiso Fonden eran 27 mil 602.2 millones de pesos, y esos recursos regresarían al gobierno federal al extinguirse dicho fideicomiso.

Ciertamente, los estados y municipios perderían el acceso a esos fondos federales «ahorrados» en caso de presentarse emergencias de desastres naturales, pero la cobertura contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de casi 9 mil millones de pesos para este año 2021, sigue disponible, explica el especialista.

Queda de manifiesto que al eliminarse el Fideicomiso Fonden, ya no habría un mecanismo de «ahorro» para conservar los recursos presupuestales no gastados, en un ejercicio en particular, y necesariamente tendrían que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Recomendaciones

De acuerdo con Pérez Valtier, se debe proponer a la Secretaría de Hacienda que modifique las actuales reglas de operación del Fonden para evitar la pérdida de estos recursos en caso de subejercicios. En diciembre de cada año se podría distribuir el remanente entre las entidades federativas, bajo cierto criterio aún por definir, y evitar que se regresen a la Tesorería de la Federación.

Otra alternativa sería que con tales recursos se paguen los seguros de daños catastróficos. Así se amortigua el impacto en las finanzas locales, ocasionado por desastres naturales. E4

Es ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo con especialización en el área de Economía. Ha ejercido el periodismo en Saltillo. Trabajó en El Diario de Coahuila; se desempeñó como editor, diseñador, fotógrafo, redactor de editoriales y artículos de economía, industria automotriz, cultura e historia de Saltillo en el periódico Vanguardia.