Lydia Cacho rinde testimonio en Líbano; el rey de la mezclilla compró niñas, acusa

En la trama para torturar a la periodista, en 2005, el empresario y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, esperan sentencia; Succar Kuri fue condenado a 112 años de cárcel

Condena contra El Nacional, por difamar, es expropiación

Lydia Cacho abrió la caja de Pandora con la publicación de Los demonios del Edén, donde puso al descubierto una red de prostitución infantil y pederastia encabezada por los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, con la protección de políticos como el exgobernador de Puebla, Mario Marín y el exlíder senatorial Emilio Gamboa Patrón, entre otros. Las consecuencias del libro no han terminado.

El Gobierno de Líbano aceptó enjuiciar a Nacif, único protagonista de esa historia que sigue impune. El llamado rey de la mezclilla es prófugo de la justicia mexicana desde que el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo emitió el 11 de abril de 2019 una orden de aprehensión en su contra por tortura en agravio de Cacho. El empresario aprovechó su ciudadanía libanesa para escapar a ese país.

Líbano y México no comparten un tratado de extradición, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) invocó un principio de reciprocidad para que se le aplique la ley de su país y entregó la documentación necesaria a la Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar los trámites respectivos.

Autoridades libanesas accedieron a cooperar y Cacho anunció la detención del empresario el 13 de mayo, día en que ella rendía declaración como parte del proceso penal.

«Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después. #AquíNadieSeRinde», publicó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la detención de Nacif duró apenas un día. Le retiraron pasaportes —libanés y mexicano— para evitar que abandone el país y quedó libre bajo fianza.

Hechos y consecuencias

Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005, bajo los cargos de difamación y calumnia, y trasladada a Puebla, vía terrestre, por una orden del entonces gobernador Mario Marín a policías judiciales. Durante el trayecto, la periodista sufrió tortura física y psicológica. Posteriormente, le dictaron auto de formal prisión, aunque salió libre al día siguiente, luego de pagar una fianza de 70 mil pesos en efectivo.

El año siguiente se hizo pública una llamada entre Kamel Nacif y Mario Marín, en la cual el exfuncionario aseguró que le había dado un «pinche coscorrón» a Cacho porque en «Puebla se respeta la ley». Nacif, en señal de agradecimiento, dijo que le enviaría «un par de botellas preciosas».

La periodista impuso una denuncia por tortura que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a crear una carpeta de investigación contra el gobernador priista. Sin embargo, en noviembre de 2007, los ministros de la SCJN decidieron desestimar el dictamen del magistrado Juan N. Silva Meza, al considerar que no hubo violación grave a los derechos individuales de Cacho.

No fue sino hasta 2019, luego que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas publicó una resolución en la que reconoció que la periodista fue detenida arbitrariamente, que la FGR emitió una orden de aprehensión en contra de Marín, Nacif y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

Cacho vive en el extranjero por temor a represalias. En agosto de 2019, sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus mascotas y robaron material periodístico sensible. Succar Kuri y Marín están entre rejas. El primero con sentencia de 112 años en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, el Altiplano, por pornografía infantil y corrupción de menores. El segundo ingresó el 3 de febrero al Cereso de Cancún por el delito de tortura.

Si Nacif es declarado culpable, cumplirá su sentencia en Líbano. E4


Condena contra El Nacional, por difamar, es expropiación

La libertad de expresión recibió un nuevo golpe en Venezuela, donde la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia condenó al diario El Nacional a pagar 13 millones de dólares como indemnización por «daño moral» a Diosdado Cabello, segundo en la jerarquía del régimen chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

La medida se anunció el 14 de abril, luego que las autoridades encargadas del caso determinaran que el periódico difamó al dirigente cuando reprodujo, en 2015, publicaciones por el diario español ABC —también difundidas por otras agencias de noticias internacionales— sobre presuntos vínculos de Cabello con el narcotráfico. Las notas se basaron en declaraciones del capitán de corbeta Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez, actualmente asilado en Estados Unidos.

Cabello celebró el fallo en su cuenta de Twitter. «Informo que en horas de la tarde, los tribunales competentes, dentro de los trámites de mi demanda a El Nacional, han ejecutado las medidas de fijación de carteles y notificación de embargo ejecutivo y se ha iniciado el proceso de pago de la indemnización».

El funcionario no tuvo el mismo éxito más allá de las fronteras venezolanas. Junto con El Nacional y otros dos medios de comunicación del país —Tal Cual y La Patilla— Cabello también le exigió cuentas a ABC y a The Wall Street Journal por atribuirle nexos con el crimen organizado. En ninguno de los dos escenarios foráneos progresó la queja. En el caso del periódico estadounidense, incluso, los jueces la calificaron de incomprensible.

La sentencia contra El Nacional ha levantado protestas dentro y fuera del país. El rotativo la tildó de «persecución política» y denunció que Cabello tiene la «intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación» (El Universal, 19.04.21).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su parte, calificó el fallo como un «grave atropello» y «expoliación» sobre uno de los uno de los pocos baluartes de la prensa independiente venezolana que se mantiene activo. «No sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa en un país donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político y el Gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida», resaltó Jorge Canahuati, presidente de la SIP (El Universal, 21.04.21).

El Nacional es uno de los diarios más longevos de Venezuela —fue fundado el 3 de agosto de 1943— y de los más prestigiosos de América. En 2018 dejó de imprimirse en papel por causa de la escasez de recursos y las presiones tributarias impuestas por el gobierno. Su circulación, hasta la fecha, se ha mantenido en versión digital.

Como respuesta a este abierto ataque gubernamental, Miguel Henrique Otero, hijo del fundador y presidente editor, aseguró que el periódico se iba a mantener laborando, aunque llegara a costarle las instalaciones y otros activos. E4

La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.