Lejos de la férula de los Moreira y la desidia de Riquelme, el gremio magisterial encuentra esperanza en la gestión de Manolo Jiménez. «Pero es necesario que se tomen decisiones fundamentales que lleven a la solución integral y de fondo»: Gustavo García
Coalición magisterial contra el saqueo
A lo largo de casi tres lustros, la atención médica deficiente y el desabasto de medicamentos en farmacias de las clínicas del magisterio han sido una constante. ¿La causa? Los recursos que le correspondían eran administrados a su antojo por los dirigentes de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que hasta diciembre de 2022 estuvo bajo el yugo del grupo liderado por Carlos Moreira Valdés, cuyos hermanos —Humberto y Rubén— fueron gobernadores del estado y artífices del llamado «moreirazo» causante, entre otras calamidades, del gravamen de las finanzas del estado con una deuda superior a los 38 mil millones de pesos.
Su sucesor, Miguel Riquelme, optó por hacer la vista gorda y se lavó las manos con el asunto. Sin embargo, a la llegada de Manolo Jiménez a la gubernatura del estado, el Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación fue entregado al Gobierno del Estado y, con la transferencia, los derechohabientes atisban una tenue luz de consuelo para su crítica situación.
«El Gobierno actual ha dado ya importantes pasos que apuntan al mejoramiento de la institución, entre ellos el hecho de asumir realmente el control directivo y administrativo, pero es necesario que se tomen decisiones fundamentales que lleven a la solución integral y de fondo».
Gustavo García, vocero de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila
Falta por ver ahora si el Gobierno estatal cumple con su deber y no hereda las malas prácticas que emponzoñaron a la dirigencia sindical de los trabajadores de la educación. Para demostrar que su buena voluntad se traduce en acciones, no solo deberá garantizar un servicio médico digno, personal certificado, hospitalización eficiente y abastecimiento puntual de medicamentos para los maestros, sino que habrá de restituir el dinero robado a las a las instituciones de seguridad social, fincar responsabilidades y transparentar el manejo del dinero.
De no hacerlo, respondería al viejo refrán de «mismo perro con diferente collar». Sin embargo, a juicio de Gustavo García, vocero de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, el cambio en sí mismo es significativo y esperanzador. Entrevistado por Espacio 4, comparte sus opiniones ante el futuro que ya aguarda al doblar de la esquina.
¿Qué tan relevante es que el Gobierno del estado asuma el control del servicio médico, antes en poder del SNTE?
Es relevante en el sentido de que el Gobierno, como responsable de la administración pública estatal, hace lo que debió haber hecho desde siempre: asumir el control pleno de la institución en tanto organismo público descentralizado, supervisar y vigilar su funcionamiento para asegurar una buena atención médica y cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho humano a la salud de los coahuilenses, en este caso específico la de los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, activos y jubilados de la Secretaría de Educación del Estado, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
Es una decisión que responde a una sentida demanda magisterial. Esperemos que repercuta realmente en el mejoramiento de la institución y se pueda ofrecer la anhelada atención oportuna, integral, completa y de calidad.
De acuerdo con la Constitución de Coahuila, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Entidades Paraestatales, corresponden al Gobierno del Estado la responsabilidad, la atribución y facultad de administrar, supervisar y vigilar el buen funcionamiento de las cuatro instituciones de seguridad social del magisterio (Dipetre, Servicio Médico, Fondo de la Vivienda y Seguro del Maestro), ello en tanto organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal.
Entonces, si eso es lo que plantea la Constitución del estado, ¿por qué el traspaso de poderes a la Sección 38?
Lo que pasó con esas instituciones desde su fundación, es que el Gobierno, a cambio de disciplina y sometimiento, concesionó la dirección y administración a los dirigentes de la Sección 38, que si bien en un tiempo aseguraron el cumplimiento del objeto social de dichas instituciones, al paso de los años el uso discrecional de los recursos, el dispendio y la falta de una rigurosa supervisión por parte del estado, derivó en la crisis que se agudizó aún más en los últimos 15 años y las tiene al borde del colapso.
A fin de cumplir con el acuerdo para concederle a los dirigentes magisteriales ese no tan pequeño feudo a cambio del control de los trabajadores, el Gobierno del estado ajustó la legislación local para establecer leyes contrarias al ordenamiento constitucional, en las que se establecía que esas instituciones estarían bajo el control de la dirigencia de la Sección 38, particularmente el Servicio Médico con un voto ponderado de 54%, con el que se imponían y marcaban directrices, aun sobre los demás integrantes del Consejo de Administración: los representantes del propio Gobierno, de la UAdeC, la UAAAN y los representantes sindicales de las universidades.
El hecho de que los distintos gobernadores, por conveniencia política, hayan dejado el control administrativo y el manejo financiero de esos organismos públicos descentralizados en manos de los dirigentes de la Sección 38, contribuyó a la construcción del mito que tantos oídos endulzó y que a fuerza de tanto repetirlo, agremiados y dirigentes le dieron carácter de verdad absoluta: las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación son de la Sección 38, una impostura que adquirió, en muchos casos, una perniciosa connotación: las instituciones son de los dirigentes, arrogancia que no pocas veces, excepciones aparte, derivó en un manejo discrecional y arbitrario del patrimonio, como si de un botín se tratara y cuyo afán depredador fue descomunal en los últimos lustros.
¿Cuándo y cómo la presión de los trabajadores afectados comenzó a generar los primeros cambios a favor?
A raíz del movimiento de defensa de la seguridad social que, desde hace años, emprendieron los derechohabientes, agrupados principalmente en la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila —integrada por trabajadores activos y jubilados de la Secretaría de Educación estatal, de la UAdeC y la UAAAN—, algunas leyes se han ido modificando, entre ellas las Leyes de Pensiones y de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Por ejemplo, en 2016 la presión de las protestas obligó a Rubén Moreira a modificar dichas leyes para ajustarlas a lo establecido en la Constitución de Coahuila y se estableció que la Dirección General y el control administrativo de Dipetre y Servicio Médico estarían a cargo del Gobierno del estado.
En 2018, con la iniciativa presentada por la Coalición, el Congreso local estableció una nueva configuración en cuanto al voto ponderado de los representantes del Consejo de Administración del Instituto de Servicio Médico, de tal forma que el voto del representante de la Sección 38 tiene ahora un valor de 49%, por lo que ya no tiene mayoría. Pero no obstante esos ajustes legislativos, en la práctica, en los períodos gubernamentales de Rubén Moreira y Miguel Riquelme, siguió siendo la dirigencia sindical quien controlaba Dipetre y Servicio Médico, además del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) y el Seguro del Maestro (que aún ahora, debido a leyes contrarias a los ordenamientos constitucionales, siguen bajo el mando de la dirigencia seccional).
¿Fue con la aparición del gobernador Manolo Jiménez en este tablero que las aguas volvieron a su cauce?
Es con la llegada del Gobierno actual que la autoridad está haciendo lo que debe hacer: acatar la ley, asumir su responsabilidad tomando el control del Instituto de Servicio Médico para asegurar su adecuado funcionamiento y cumplir su obligación de ofrecer atención médica para los trabajadores de la educación pública del estado. La expectativa de los derechohabientes es que en estas nuevas condiciones operativas el Instituto de Servicio Médico pueda prestar una atención oportuna, integral, completa y de calidad.
En ese sentido, el Gobierno actual ha dado ya importantes pasos que apuntan al mejoramiento de la institución, entre ellos el hecho de asumir realmente el control directivo y administrativo, pero es necesario que se tomen decisiones fundamentales que lleven a la solución integral y de fondo, en especial el fortalecimiento de los recursos económicos, lo cual sucederá cuando la UAAAN, la UAdeC, la Dipetre, la Sección 38 (FOVI y Seguro del Maestro) y el propio Gobierno estatal paguen los cientos de millones que adeudan al Servicio Médico; cuando el Ejecutivo Estatal haga las aportaciones subsidiarias necesarias y se ejerza una severa vigilancia del manejo de los recursos. Si eso no ocurre, los problemas persistirán. E4
Logros alcanzados por la Coalición
En 2020 se obtuvo la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que eliminó de la Ley del Servicio Médico el cobro indebido de copagos, los cobros extraordinarios para adquirir planes de protección y los abusivos convenios de crédito para pagar servicios recibidos por los derechohabientes, con cargos del 20% de intereses.
Desde 2016 no se descuenta a los pensionados el 6.5% de aportación a Dipetre.
A partir de 2018 no se cobra a los pensionados el 3% como aportación al Servicio Médico.
En 2018 se eliminó el pago que hacían trabajadores activos y pensionados para recibir servicios subrogados en instituciones médicas particulares.
Desde 2016 se eliminó el cobro ilegal del 16.25% que se aplicaba a los familiares beneficiarios de trabajadores o pensionados fallecidos.
A partir de 2019 se incrementó del 13.25% al 16% la contribución
de las entidades aportantes al
Servicio Médico.
La Coalición brinda asesoría y acompañamiento en la gestión, ante Gobierno y Servicio Médico, para atención médica a compañeros derechohabientes.
Desde 2018 no se paga salario a los integrantes del Consejo de Administración con cargo al patrimonio del Servicio Médico.
Hay una nueva composición del Consejo de Administración del Servicio Médico, integrada ahora por siete miembros, representantes del Gobierno, los patrones, la Sección 38 y los otros sindicatos de la UAAAN y la UAdeC.
Se disminuyó el valor del voto ponderado del representante de la Sección 38 ante el Servicio Médico, del 54.6% al 49%, con lo que los dirigentes no tienen ya la condición legal para operar como dueños absolutos de la institución.
Coalición magisterial contra el saqueo
La unidad de profesores activos y jubilados permitió hacer frente al desfalco causado por el «moreirato»
La sangría que se le practicó a las instituciones de seguridad social durante el «moreirato» —y que se mantuvo solapada bajo la administración del exgobernador Miguel Riquelme— siempre contó con la respuesta activa de un grupo de profesores de las universidades Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Autónoma de Coahuila (UAdeC) y de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) quienes, bajo el título de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública, denunciaron las tropelías de los mandatarios estatales de turno, organizaron protestas públicas y desarrollaron varios plantones frente a Palacio de Gobierno.
Aunque han sufrido violencia policial, desalojos, engaños por parte de los mandatarios, desprecio de funcionarios y hasta detenciones, el esfuerzo de este grupo de docentes no ha caído en saco roto. Para Patricia Nieto, integrante de la Coalición, «si bien falta mucho para alcanzar una plena eficiencia en el funcionamiento de las instituciones, se han obtenido importantes logros derivados de las perseverantes acciones promovidas en varios ámbitos: jurídico, legislativo, mediático y político, en los que se ha incidido de manera transversal para propiciar resultados que se han visto reflejados en decisiones gubernamentales, cambios en las leyes, cientos de amparos judiciales y dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2018 y 2020 invalidaron artículos inconstitucionales en las leyes de Pensiones y Servicio Médico».
¿Cómo califica el desempeño de la Sección 38 del SNTE en el manejo de los recursos de los servicios médicos?
Considerando que, durante años, desde su creación el Servicio Médico estuvo bajo la administración de la Sección 38 del SNTE, es claro que el desempeño fue decreciente hasta llegar a ser muy deficiente, sobre todo en las últimas tres gestiones sindicales.
»Es importante destacar que fueron las propias dirigencias sindicales las que propusieron y lograron que los trabajadores —e incluso los pensionados— hicieran mayores aportaciones económicas. Crearon pagos inconstitucionales como los copagos, los coaseguros e incluso la figura de créditos para hacerse de mayores recursos que luego no se aplicaban en su totalidad al objeto de la institución, por ello no alcanzaban: ingresaron a muchas personas a la nómina de la institución, la mayoría en puestos administrativos, otros cobrando en el Servicio Médico, ubicados en dependencias ajenas a ésta, desvío de recursos, etcétera. Mala administración en general que año con año se reflejaba en sus informes.
¿Qué responsabilidad se les atribuye a Rubén Moreira y Miguel Riquelme?
Su responsabilidad como gobernadores fue total, el ordenamiento establecido en las normas del estado para los organismos públicos descentralizados les imponía supervisión completa de la administración y funcionamiento del instituto, de las clínicas y farmacias, y lo ignoraron totalmente porque permitieron que, por el corporativismo con la Sección 38 del SNTE, la institución incumpliera con su objeto. Toleraron que, año con año, se presentaran decenas de observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado. No intervinieron para corregir, no admitieron la existencia de problemas, negaron recursos económicos suficientes para mejorar el servicio, no reclamaron el pago de adeudos de las universidades UAdeC, UAAAN ni las otras instituciones aportantes, e incluso hicieron declaraciones públicas en las cuales responsabilizaron a los propios trabajadores y pensionados de la debacle del servicio médico.
¿Con este traspaso no se corre el riesgo de que se maquille la solución y ahora el Gobierno concurra en los mismos vicios?
Esperamos que no sea así. En el diálogo con el Gobierno del estado se nos ha expresado disposición para tratar de corregir deficiencias y mejorar el funcionamiento de la institución. Claro, siempre corremos el riesgo de que no haya un esfuerzo suficiente y sostenido para mejorar y también mantener la calidad de la atención médica, pero los derechohabientes tenemos que reclamar apego a las normas y exigir resultados efectivos en la atención de nuestra salud. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.