Hay quien justifica el arribo de López Obrador al poder como buen cauce político para el descontento y desencanto que, de otra forma, hubiera resultado en rebelión social. Muy elaborado el argumento, particularmente defensivo. Además, la descomposición va en curso y la rebelión a la ley y a las instituciones se promueve desde la misma Presidencia de la República.
La violencia verbal es signo de estos tiempos. El descontento preexistente ha sido usado por el poder para polarizar aún más. Lo más preocupante es que la intolerancia y encono es el lenguaje del partido en el poder y su gobierno. Hay voces sensatas y prudentes, pero anuladas desde una presidencia. No hay enemigo en realidad, pero el presidente lo inventa para somete adversarios, el crítico o el independiente.
Tres son las bajas de toda guerra: la verdad, la ley y la ética. La mentira y la propaganda se sobreponen a la verdad, a veces en ridículas e hirientes expresiones como eso de que México es ejemplo mundial de manejo de la pandemia.
La falta mayor del actual gobierno y de López Obrador es su desdén por la ley. Ahora, para justificar la ilegalidad, sea la candidatura de Salgado, la extensión de la gestión del presidente de la Corte o las reglas tramposas para beneficiar al partido gobernante, se recurre a ejemplos del pasado, como si la ilegalidad fuera precedente válido, amén de que niega su prédica falsa de que las cosas ya no son como antes.
Se ha perdido piso ético en una 4T con prioridad por lograr y mantener el poder a toda costa. Candidatos impresentables son defendidos desde la Presidencia. Incluso se raya en la crueldad en temas altamente sensibles, como la escasez de medicinas o el reclamo de las víctimas o de las mujeres por la violencia de género existente.
El presidente no solo reivindica el monopolio de la razón, también el de la indignación. Descalifica cualquier reclamo, de donde venga. Se arropa en la libertad de expresión, derecho ciudadano, no de la autoridad. También se apoya en la ausencia de contención. Sin duda, le ha dado resultado el uso discrecional de la UIF y la mención abusiva e injuriosa del presidente a quienes él o los suyos ven como enemigos.
AMLO siempre ha sido duro, pero ahora más. ¿Respuesta ante los magros resultados?, ¿sensación de fracaso a mitad del camino?, ¿reacción preventiva ante eventual derrota electoral?, ¿qué ocurre realmente? Cualquiera que sea el desenlace electoral, se anticipa que viene será más de lo mismo.
La hora del Tribunal
Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver dos temas fundamentales para la democracia mexicana: el acuerdo del INE para acreditar la constitucionalidad en la integración de la Cámara de Diputados y ratificar o revocar la decisión del INE de retirar las candidaturas a gobernador de Félix Salgado en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán, propuestas por Morena.
Esto ocurre en el momento de mayor desprestigio del Tribunal. La mayoría de los magistrados al margen de sospecha se ven afectados por una minoría medrosa ante su responsabilidad y, en especial, por el escandaloso comportamiento de su presidente, José Luis Vargas Valdés, sobre el que pesan fundadas sospechas de corrupción y malos manejos derivados de las indagatorias de la UIF. La vulnerabilidad jurídica del presidente del Tribunal lo ha hecho jugar de esquirol de la mayoría a manera de ganar impunidad a cambio de sus favores políticos, totalmente ajeno al principio de legalidad o de un sentido de responsabilidad colectiva que debiera haber en la Sala Superior y más en quien la preside.
Sobre la constitucionalidad en la integración de la Cámara ha trascendido el sentido del proyecto del magistrado Felipe Alfredo Fuentes, que ratifica en lo fundamental el acuerdo del INE. Debió resolverse esta semana y posponerlo abre dudas sobre presiones para modificar su intención.
Al ser un asunto de menor relevancia respecto al primero, la atención pública se ha centrado en las candidaturas revocadas. La acción del presidente de la República, del dirigente Mario Delgado y especialmente la conducta soez e intimidatoria del senador Félix Salgado Macedonio han complicado el caso. El INE ha ratificado su determinación, como era de esperarse y su consejero presidente, Lorenzo Córdova ha alzado la voz de dignidad, y de llamado a la legalidad sin ánimo de confrontación.
Queda en el Tribunal la determinación final. Sería una grosera derrota a la legalidad revertir el acuerdo del INE sobre la integración de la Cámara. Respecto a las candidaturas a gobernador es necesario diferenciar la falta imputable al candidato al no presentar reporte de gasto, respecto a la del partido. En el caso de Félix Salgado Macedonio concurren en la responsabilidad de la omisión, tanto el candidato como la dirigencia de Morena. Para Raúl Morón se abre posible resolución favorable si se pudiera acreditar que él sí entregó su reporte de gasto de precampaña y que la omisión fue del partido. En este supuesto, no se puede afectar el derecho a ser votado por una falta ajena y de ser así, restituirle su derecho.
Vacunación. La exclusión del personal de salud del sector privado de la prioridad en el programa es un acto injusto y criminal. Debe enmendarse a la brevedad. El canciller se dejó engañar y la mora en las entregas es su responsabilidad. Por su parte, la actuación del gobierno de la ciudad y de su titular Claudia Sheinbaum ha sido ejemplar.
