Escribo esto a unos días de que cierre la convocatoria de un nuevo proceso para designar a la que será la nueva consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Cada vez que abordo este tema sobre un aspecto en particular, creo necesario recordar el contexto de lo que ha significado la participación ciudadana en la conformación de estos costosos, y hasta ahora prácticamente inservibles, mecanismos de combate a la corrupción:
Tanto el Sistema Nacional, como los locales, son producto de una lucha de varios años de organismos de la sociedad civil en todo México para abordar la problemática que sigue siendo un cáncer para el desarrollo de nuestro país. Al dar un paso organizado y lograr que se aprobaran leyes como la 3 de 3 o todo el sistema de leyes nuevas y reformas que constituyen el marco legal de los sistemas, nos topamos con estrategias perfectamente articuladas de los gobiernos y sus maquinarias políticas para proteger sus intereses y encontrar vacíos legales para ocultar información pública, escapar de procesos administrativos y penales y, por supuesto, evitar consecuencias políticas y electorales de los malos manejos y actos de corrupción.
En Coahuila, el estado en el que hemos participado activamente como PC29 durante todo este tiempo, las estructuras del gobierno estatal junto a sus aliados del sector privado, han blindado perfectamente al Sistema para evitar que logren colarse perfiles de ciudadanos eficientes y adecuados para realizar con eficacia las funciones que le corresponden, especialmente, al CPC. Desde la integración de la Comisión de Selección podemos darnos una idea de lo que podemos esperar de los procesos de selección de miembros del CPC local.
Tras una primera convocatoria que fue declarada desierta, para luego agregar requisitos a la segunda —cuando la lógica indicaría que el segundo proceso debía simplificarse para convocar a más participantes—, la «nueva» comisión de selección quedó prácticamente idéntica a la primera que ocasionó el desastre. Se armó de su sofista estrella para asegurar entrevistas a modo y de personajes que se han aliado al gobierno del Estado para proteger sus intereses gremiales o personales. Funcionarios y exfuncionarios enviados para encajar con calzador a los requisitos que prevé la ley para ocupar esos espacios, se encargan de impedir sistemáticamente la llegada de ciudadanos con capacidades y convicción de servir a los verdaderos objetivos de esta red de instituciones, que debe aceitarse desde el Consejo para prevenir, investigar y castigar actos de corrupción en nuestro Estado.
La avalancha de indignación provocada por la conformación de la alianza anticorrupción, ha sido desinflada exitosamente por el equipo reunido para ese propósito por parte del gobierno. En cada convocatoria se vuelve más difícil encontrar ciudadanos dispuestos a participar en los procesos; y no se trata de falta de capacidad o de perfiles, sino de un desencanto natural que ha sido provocado, y el temor de activistas y otros profesionales de ser señalados, hostigados o simplemente descalificados sin fundamentos en las distintas etapas del proceso.
El llamado que quiero hacer en esta reflexión es para las organizaciones sociales de todo el estado. La desilusión es natural, pero no puede convertirse en el balde de agua fría que apague nuestra legítima intención de participar, de buscar mejores formas, de acompañar y seguir convocando a la ciudadanía a tomar parte activa en las decisiones del gobierno. Las transformaciones que anhelamos no sucederán de un día para otro, ni de la mano de un líder mesiánico. Debemos construirlas todos los días, con carácter y determinación, pero sobre todo con la certeza de que hemos conquistado espacios importantes, aunque aún no nos ha sido permitido ocuparlos. Nuestra fuerza está en la unión, la comunicación, el diálogo y la suma de nuestras herramientas, recursos y capacidades.
