A Rafael Ruiz Béjar
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que de 2020 a 2022, 8.9 millones de personas dejaron la pobreza, reduciendo el umbral en el país en 5 puntos porcentuales, pasando así de 41.9 a 36.3% del total de la población.
En Nuevo León, la medición destaca la salida de 94 mil 813 de esta situación, posicionando al estado como uno de los mejor evaluados.
El Coneval también comprobó la reducción de la población vulnerable por ingresos. La noticia ha sido ampliamente celebrada por la clase política que nos gobierna.
El presidente López Obrador se ha asumido orgulloso del logro, asegurando que lo anterior es prueba de que su estrategia es correcta y congruente, citando su famosa frase: «primero los pobres».
El Gobierno estatal, por su parte, expuso que la reducción en el rubro es consecuencia de la implementación del programa «La Nueva Ruta», que atiende cada uno de los derechos sociales que toma en cuenta el Coneval, mientras que el incremento en el nivel de ingresos se debe, según la declaración de la Secretaria de Igualdad, Martha Herrera, a la política de atracción de inversiones al estado que ha fomentado el propio gobernador.
La erradicación de la pobreza es una demanda constitucional y un paso determinante para que los seres humanos vivan libres de violencia, entendida en su sentido más amplio, como todo aquello que influye de manera negativa en su potencialidad efectiva, somática y mental.
Nuestra clase política, sin embargo, no sólo resalta la necesidad de trabajar contra ella por ser un acto de justicia social, sino también, como el eje rector de su combate a la delincuencia y la inseguridad en México.
El presidente López Obrador, por ejemplo, ha asegurado que «el narco» utilizó a la pobreza para crear su base social, mientras que el Gobierno de Nuevo León utiliza comerciales con el título: «La inseguridad que vivimos en nuestro entorno muchas veces es causada por la desigualdad y pobreza».
De ser así, 2022 reflejaría una franca caída en la criminalidad en el país y Nuevo León tendría que ser uno de los estados más seguros de México.
La realidad, desafortunadamente, es muy distinta.
Si bien es cierto que existe evidencia que coincide y sustenta que una de las causas de la criminalidad son los factores socioeconómicos en México y el mundo, la realidad es que muchas de las violencias que vive nuestro país, como las que se derivan de los cárteles criminales, responden, casi siempre, a otras causas.
Es falso y sumamente irresponsable determinar que la pobreza conlleva necesariamente a la delincuencia, así como es extremadamente simplista pensar que erradicarla nos llevará a sociedades pacíficas.
Aspectos como la cohesión comunitaria, los valores que rigen nuestra sociedad o las oportunidades delictivas son igual de importantes.
Basta con leer a Karina García Reyes para darse cuenta de que mucha de la criminalidad sicaria proviene de individuos profundamente discriminados y violentados por la sociedad y por el estado.
Hay que leer a Mario Luis Fuentes Alcalá cuando cuestiona el relato dominante por el que se rige hoy el mundo que nos demanda ser personas individualistas y económicas.
¿Nos hemos cuestionado, realmente, qué consecuencias tiene para una comunidad que el poder y la valía de una persona se traduzcan sólo en su capacidad de tener y poseer? ¿Cómo explicar que en un estado tan pujante como el nuestro, una «tierra de oportunidades» como comúnmente se le llama, exista tanta violencia criminal?
No podemos pensar que acabar con la pobreza podrá, por sí sola, darle la vuelta a la tragedia que enfrentan México y Nuevo León. Lo que es urgente es fortalecer la estructura social del Estado y replantear quiénes somos como sociedad y qué valoramos.
En eso hay pocos, por no decir ninguno, avances que celebrar.
Fuente: El Norte / www.elnorte.com
