Todas las elecciones presidenciales son diferentes, unas más que otras. La de 2024 no guarda precedente a partir de muchas consideraciones. Sin duda será prueba de ácido para el sistema democrático, esto es, la capacidad de las autoridades, de las instancias judiciales, de los actores políticos y de los ciudadanos para que la competencia por el poder transite con normalidad en el marco de una polarización social, alentada desde la presidencia de la República con todas las consecuencias políticas y constitucionales que implica.
Desde ahora se anticipa que difícilmente, como en 2018, López Obrador impulsará el triunfo de los suyos en las elecciones legislativas y locales. Un tema de la mayor importancia es que prácticamente todos los municipios renovarán autoridades. En no pocos habrá intentos de reelección, que conlleva condiciones de inequidad, previsible desviación de recursos y que intereses aviesos se impongan en el financiamiento de campañas. El INE carece de capacidad para contenerlo; en el caso del crimen organizado esta tarea atañe al Gobierno federal, sin la menor posibilidad de que actúe al respecto, como se ha visto en elecciones pasadas. López Obrador ya dijo respecto a los criminales «se portaron bien» en la elección intermedia, mientras su presencia crece en la vida pública.
La singularidad del mandato del presidente es que de origen planteó un cambio de régimen; no se trató de ajuste o modificación a políticas públicas. La llamada cuarta transformación plantea un cambio radical que mayormente queda en la retórica y en la devastación institucional sin miramiento alguno. Bajo la maniquea tesis de que todo es producto del régimen neoliberal, buena parte es pasado a cuchillo, empezando por los órganos autónomos, además de una embestida sin precedente a la libertad de expresión, al Poder Judicial Federal, a la Corte y al Tribunal Electoral, instancias de justicia fundamentales para la salvaguarda de la Constitución. En nombre de un proyecto progresista el país ha vivido un severo retroceso político, económico, cultural y social.
El Congreso ha sido sometido por la incondicionalidad de la mayoría. De hecho, una legislación relevante aprobada recientemente ha quedado comprometida por la ilegalidad en el proceso legislativo, que además se podría calificar como rudeza innecesaria, toda vez que Morena y sus aliados tienen los votos para la aprobación de leyes. De igual manera, partes importantes son deliberadamente inconstitucionales bajo el cálculo del presidente de que es difícil lograr los ocho votos del pleno de la Corte para revertir una ley inconstitucional.
Otro elemento de la singularidad de la elección que viene es el desdén de López Obrador a la ley y la connivencia de la presidenta del órgano electoral y sus pares recién designados, así como la actitud vacilante del Tribunal Electoral. AMLO violenta la ley y la Constitución al interferir en el proceso electoral y promueve que su partido y correligionarios se desentiendan de los tiempos legales. Además, alienta a los servidores públicos federales y locales a alejarse del código de imparcialidad al que están jurídicamente obligados. Al escalar su ataque a terceros el presidente rebasa el ámbito electoral. Divulgar información protegida es delito. También el desacato de determinaciones judiciales. López Obrador estira la liga y con su conducta pendenciera pone en riesgo su presidencia y el régimen institucional. Sus cercanos y publicistas en lugar de reconvenirlo celebran y aplauden la ilegalidad. Se suscribe la mentalidad de guerra con la que se desahoga la contienda. Todo se vale, la ley y la verdad son las primeras bajas; la ética prevaleciente es la de humillar y arrollar al adversario, al que disiente o crítica.
Su propio partido y su candidato(a), además de la oposición tendrán que lidiar con la interferencia del presidente. Esto tiene implicaciones legales y altera premisas básicas para una contienda justa y con equidad. El poder presidencial da para mucho, como puede verse desde ahora, por el miedo de la autoridad electoral a López Obrador y la inexistente sanción por el desacato a las resoluciones del INE o del Tribunal. Tiene mucho que ver la práctica de importantes medios de comunicación que reproducen acríticamente los desplantes presidenciales; personas de influencia deshojan el calendario sin importar las consecuencias de la connivencia de sus representantes y la pasividad cobarde de muchos de ellos. Sin duda, la elección de 2024 será muy diferente.
Ir solos
El arrebato de Silvano Aureoles coincide con la postura pensada de Dante Delgado, ir solos a la elección de 2024. En el PRI y el PAN también había quien creía que era mejor ir solos que mal acompañados. Hay razones de historia, pero también hay fuertes consideraciones para desechar la idea. Por elemental aritmética, la minoría mayor ganaría en caso de dispersión del voto, todavía más si va en coalición con otras minorías menores. A Morena y a López Obrador les conviene una oposición dividida, igual que en el pasado con PRI como partido dominante; razón por la que el presidente anima a MC ir solos en la próxima elección.
Al régimen pasado lo quebró la alianza PAN y PRD. Triunfos significativos en la elección de gobernadores al cierre del siglo pasado. Nayarit, Chiapas y Tlaxcala mostraron que la coalición era eficaz para la alternancia. Los acuerdos en la Cámara de Diputados presidida por Porfirio Muñoz Ledo contribuyeron también.
Aureoles y Dante, si excluimos la hipótesis de connivencia con Morena, reviven la idea purista de proyecto propio, esto es, andar en la política con claridad de rumbo, aunque no sean muchos los que acompañan y, eventualmente, tampoco los votos. Aureoles nunca ha sido un estratega, ni siquiera una figura relevante en el debate público a pesar de haber sido gobernador de Michoacán, uno de los estados más importantes. El caso de Dante es distinto.
La idea que ha interiorizado Dante es que la oposición está deteriorada en extremo y, por lo mismo, sin futuro alguno. Ir solos es marcar distancia a lo descompuesto y no tiene remedio. Se cree, sin razón válida, que MC está al margen; es decir, que el desprestigio del sistema de partidos no le alcanza. Lo cierto es que los mayores éxitos electorales no se acreditan al partido como tal, sino a sus candidatos; en el caso de Jalisco por el talento y la persistencia de Enrique Alfaro y los suyos y en NL por la coyuntura, particularmente la fragmentación del voto permitió que Samuel García ganara la elección con 37% de los votos. Llama la atención que Colosio no excluya la coalición, idea que convence más si Xóchitl Gálvez es la candidata del Frente.
Los partidos pequeños buscan sobrevivir y crecer. La coalición sirve para ganar la elección, pero no garantiza que el partido se vea fortalecido. Se gana el cargo, pero la coalición se agota en el momento electoral, no alcanza al Gobierno. Además, en la elección se puede desdibujar el proyecto partidista a partir de la identidad del candidato y del peso del partido asociado mayor. El PES y el PT no obtuvieron 3% de los votos en 2018, a pesar del éxito arrollador de AMLO y Morena.
En el cálculo de los partidos no puede desdeñarse un eventual triunfo de Morena en la elección presidencial ni que pudiera alcanzar mayoría calificada en el Congreso. Además de la embestida contra el régimen democrático y republicano federalista y de división de poderes, debe quedar claro que el llamado plan A de López Obrador significaba la exclusión de la pluralidad del Congreso, con la consecuente sobrerrepresentación de las minorías mayores; en sus efectos, el regreso al sistema previo a la reforma política.
En breve, para los partidos, particularmente para los pequeños, canasto en el que debe incluirse cualquier organización debajo de 20% de los votos —el mismo PRI—, la propuesta del presidente de reformar radicalmente la integración de las Cámaras federales y los congresos locales significaría ver disminuida su presencia parlamentaria, eventualmente, su desaparición. La representación proporcional por entidad excluye; lo debido es la representación proporcional nacional.
De por medio está la defensa del sistema democrático, que habrá de darse en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. El sistema mixto de representación, (300 por simple mayoría y 200 por representación proporcional) significa que la batalla fundamental se traslade al territorio en la disputa en los distritos del país. Nuevamente, es cuestión de aritmética. Una minoría mayor, ganaría casi todos si los demás van por su cuenta.
Ir solos significa, en el contexto de la próxima elección, dar la espalda a la defensa del sistema democrático y jugar el triste papel de tonto útil de la propuesta autoritaria. Tan simple como eso.
