Mientras los políticos busquen el poder en beneficio propio, nada va a cambiar

Tras el intento de disolver el Congreso, el presidente Pedro Castillo es destituido y arrestado. Entre protestas violentas, la presidenta temporal Dina Boluarte anuncia elecciones adelantadas. El caso Odebrecht le ha costado al país seis presidentes en cuatro años

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En apenas cuatro años, Perú ha cambiado seis veces de presidente. El más reciente, Pedro Castillo, acusado de autoinflligirse un golpe de Estado ante la posibilidad de que el Congreso aplicara en su contra la «vacancia por incapacidad moral». Recurso constitucional que la oposición ha empleado a su gusto cada vez que un mandatario no se ajusta a sus propósitos.  

Hoy, Pedro Castillo inicia 18 meses de prisión preventiva, pero miles de peruanos siguen en las calles. Algunos piden la reposición del destituido presidente; otros, la instauración de una asamblea constituyente, pero todos convergen en la necesidad de darle solución a la situación política del país.

Eduardo Izaguirre, escritor peruano, comparte con Espacio 4 su visión desde el corazón de Lima. A su juicio, mientras los políticos —sean de izquierda o derecha— busquen el poder para beneficio propio, nada ha de cambiar.

«Para mí, la política en el Perú ha estado y está sucia. No importa la ideología que profesen, sean de izquierda o de derecha, el político de mi país quiere el poder para beneficio propio. No encuentro otra explicación».

Eduardo Izaguirre, escritor

De 2018 a la fecha Perú ha visto desfilar a seis presidentes. ¿Por qué es tan difícil para los mandatarios peruanos mantenerse en el poder?

Pienso que la principal dificultad de los presidentes para mantenerse, desde aquel 2018 en que Pedro Pablo Kuczynski renuncia, está en que llegan al poder con una bancada congresal que no les permite gobernar con respaldo político, y en la poca voluntad de una oposición cuyo principal objetivo es tumbar al adversario. Y en esto tiene mucho que ver la figura de la «vacancia por incapacidad moral» que ostenta la Constitución Política del Perú y que permite que, con una cantidad específica de votos, se destituya al presidente en funciones por un concepto tan abierto como incapacidad moral, figura de la que se ha abusado desde ese entonces.

Pero la inestabilidad se origina también con la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones de 2016. Cuando Kuczynski las ganó, al principio Keiko Fujimori no aceptó los resultados —perdió por unos miles de votos— y dejó entrever que sospechaba de un fraude contra ella que nunca sucedió —repetiría la denuncia del fraude inexistente con mayor contundencia en la última elección que perdió frente a Castillo, esta vez apoyada por casi toda la derecha, exaltada por la inminencia de un «gobierno comunista»—. Finalmente, aceptó los resultados, pero aseguró que llevaría a cabo su plan de gobierno a través de la aplastante mayoría parlamentaria que logró obtener.

De esta manera, comenzó una oposición desenfrenada —aquí es importante mencionar que, ironías de la vida, cuando Pedro Castillo era un desconocido dirigente sindical, fue la bancada de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, quien lo apoyó como líder de la huelga de profesores que se llevó a cabo en 2017, apoyo que tuvo la finalidad de desestabilizar al gobierno de Kuczynski; de alguna manera, propició la aparición del candidato que la vencería en las elecciones de 2021—. Kuczynski tenía una bancada muy pequeña y en esas circunstancias era obvio darse cuenta de que el poder real en el Perú no lo tenía el presidente. Es más, Kuczynski buscó consensuar con Fujimori, pero todo fue en vano. Ella y su bancada querían su cabeza —venganza, dirían algunos, por la elección perdida—.

Ahora, hay que decir también que Kuczynski renunció porque se vio acorralado —la moción de vacancia estaba próxima a ser votada en el Congreso y la iba a perder— al descubrirse que, durante su gestión como ministro del Gobierno de Alejandro Toledo, la empresa de la que era dueño contrató con Odebrecht, quien a su vez ganó licitaciones durante el mismo Gobierno —en aquel entonces, Odebrecht aún no caía en desgracia producto de la operación Lava Jato en Brasil—. Y, como tiro de gracia, se descubrió que negoció votos para evitar su vacancia a cambio de favores, donde curiosamente se vio involucrado Kenji Fujimori, congresista y hermano de Keiko, quien buscaba la libertad de su padre, el exdictador Alberto Fujimori. Entonces, Kuczynski tenía todas las fichas para, moralmente, ser destituido. Y de eso se aprovechó Keiko.

Otra cosa que hay que decir es que, en el caso de Pedro Castillo, él no inició su Gobierno con una bancada minoritaria, pero tampoco contaba con una mayoría aplastante, lo que limitaba su margen de maniobra. Se ha denunciado que compró a congresistas de otras bancadas para contar con su apoyo, y es una denuncia que está en investigación, pero todos los indicios apuntan a que fue así. Finalmente, la razón por la que Castillo termina vacado es su decisión de romper con el orden constitucional y llevar a cabo un golpe de estado.

Finalmente, de los seis presidentes que hemos tenido, solo Kuczynski y Castillo fueron cabezas de sus planchas presidenciales elegidas en las urnas. Los demás fueron vicepresidentes, como Vizcarra y, ahora, Boluarte; y presidentes del Congreso, como Merino y Sagasti.

¿Consideras un «abuso» de la democracia la facilidad con que el Congreso puede decretar la vacancia contra un presidente?

Abuso no de la democracia, sino de ciertos mecanismos que deben ser revisados, perfeccionados, para evitar que, con el poder de los votos de unos cuantos, de una mayoría intransigente que no piensa en el Perú sino en sus intereses, se vaque a un presidente. Y esto no lo digo por lo sucedido con Pedro Castillo hoy, quien santo no es y que, por la cantidad de denuncias que lo involucran a él y a su entorno, además del pésimo manejo de la administración pública y, principalmente, por haber intentado convertirse en dictador, se lo merecía. Lo digo porque todos los políticos en el Perú —perdón por la generalización, seguro debe haber alguno por ahí con vocación real de servicio, pero bajo mi percepción es tan poco significativo como una aguja en el pajar—, de izquierda o de derecha (aquí el centro ya no existe), no están moralmente capacitados para ejercer una medida que implique vacar a un presidente por «incapacidad moral». Si hubiera un mecanismo para someter a los congresistas, por ejemplo, a una evaluación similar, tendrían que irse a sus casas prácticamente todos.

Mario Vargas Llosa, como muchos otros, consideran que Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado al intentar la disolución del Congreso y anteriormente lo había calificado, además, como el peor presidente en la historia de Perú. ¿Estás de acuerdo con Vargas Llosa?

De acuerdo con que Castillo intentó dar un autogolpe. Imposible negarlo, salió por televisión a las once de la mañana para anunciar que cerraba el Congreso, que iba a reorganizar el Poder Judicial, entre otras medidas. El video del discurso se puede encontrar hasta en Youtube. Da una serie de razones para la medida, pero cometer un golpe de estado no tiene justificación alguna. Y fue detenido en flagrancia y camino hacia la embajada de México para asilarse. Pienso que decidió patear el tablero porque, luego de hacerse pública una denuncia más por corrupción esa misma mañana, debe haber sospechado que no alcanzaría los votos necesarios para salvarse de la moción de vacancia planteada por un congresista la semana previa y que iba a debatirse por la tarde, aunque hay quienes aseguran que la oposición no contaba con los votos para vacarlo.

Con respecto a que se trate del peor gobierno de la historia del Perú, no podría aseverarlo. Quizás lo sea, pero Castillo solo estuvo año y medio y el Perú sigue en pie. Con el primer Gobierno de Alan García el país quedó en ruinas. Es probable que los efectos del mal gobierno de Castillo, porque malo sí fue, se vean en los próximos años. Por ejemplo, ahora mismo las pocas instituciones públicas que antes funcionaban bien son ineficientes; tampoco pudo hacer correctamente la compra de urea, escasa en todo el mundo por el conflicto en Ucrania, es cierto, pero en el Perú pasó por una serie de licitaciones anuladas, una tras otra, por la Contraloría al estar viciadas por irregularidades, por lo que la producción agrícola en el país está en peligro para el año que viene, irónico tratándose de un presidente orgulloso de su origen campesino. Y así, se pueden seguir enumerando casos.

Pero también hay que decir que el gobierno de Castillo ha sido el más vigilado de los últimos años, ya sea por la prensa y su sesgo de derecha, la oposición, la fiscalía de la nación, etcétera. Esto le ayudó a victimizarse cada vez que salían a la luz denuncias, que él calificó de falsedades, a pesar del involucramiento de familiares y personas de su confianza. ¿Esa misma vigilancia se habría dado con Keiko Fujimori de haber ganado en las urnas? Por el apoyo absoluto que recibió de estos actores durante la segunda vuelta electoral, lo más probable es que no.

La corrupción marca a varios mandatarios recientes en tu país. Alberto Fujimori fue condenado por diversos delitos por el Poder Judicial del Perú; Alejandro Toledo fue arrestado en Estados Unidos por lavado de activos; Alan García se suicida cuando la policía se disponía a detenerlo por su relación con el caso Odebrecht; Ollanta Humala se entregó a la justicia tras ser acusado de lavado de activos en detrimento del Estado; Pedro Pablo Kuczynski —actualmente en libertad condicional— fue condenado a tres años de arresto por lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal; Martín Vizcarra es procesado por colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir. ¿A qué se debe tanta corrupción en la más alta esfera de poder?

El caso Odebrecht fue detonante en ese sentido, porque puso al descubierto la corrupción que el ciudadano común siempre sospechó que existía en las más altas esferas políticas. Para mí, la política en el Perú ha estado y está sucia. No importa la ideología que profesen, sean de izquierda o de derecha, el político de mi país quiere el poder para beneficio propio. No encuentro otra explicación.

Una precisión: Salvo Alberto Fujimori, ninguno de los expresidentes mencionados ha sido condenado. Todos los que han pasado por cárcel lo han hecho en condición de prisión preventiva. Ese es otro tema, la velocidad con que avanzan las investigaciones en el Perú hacen que, por una parte, se abuse de la prisión preventiva, con lo que se crea el efecto de «se está haciendo justicia» entre los ciudadanos, cuando la realidad es que ni siquiera se ha llegado al juicio. Con Kuczynski y Vizcarra, además, estas denuncias y acusaciones sirvieron en su momento para «empujar» los procesos de vacancia, como si las sentencias fueran a salir inmediatamente, pero la realidad es que entran en un limbo que dura años, con el consiguiente peligro de que, al final, queden en nada.

Manifestaciones populares han costado, al menos, una veintena de muertos y decenas de heridos en Perú. Eso puede interpretarse como el apoyo de la población al presidente destituido. ¿Está en el sentir de la sociedad la reinstauración de Pedro Castillo? ¿Por qué?

A mediados de noviembre, Castillo contaba con un 26% de aprobación según encuestas. Eso puede explicar el apoyo que existe hacia él, porque sí, hay un sector de los manifestantes que piden su libertad e incluso su reposición, algo que ya es imposible de llevar a la práctica porque es ilegal —acaban de dictar a Castillo 18 meses de prisión preventiva—. Pero no son todos. La mayoría ha salido a protestar para pedir adelanto de elecciones y contra el Congreso que celebró la vacancia de Castillo como si hubiera ganado el mundial de fútbol. Los ánimos se exacerbaron con las primeras muertes y se siguió exacerbando con la actitud de los nuevos ministros y la presidenta Boluarte, quienes en un primer momento decidieron no mirar lo que estaba pasando, o subestimarlo. El nuevo primer ministro Pedro Angulo, que tiene además denuncias por acoso y más de una decena de investigaciones fiscales abiertas, dijo en una entrevista que no tenía tiempo de ver televisión porque estaba revisando currículums para conformar su equipo. ¿Cómo es posible una declaración así? Cero empatía, cero comprensión de la situación política, actitud que se inscribe en la histórica manera de tratar los reclamos de la ciudadanía, sobre todo de las provincias, por parte de quienes siempre han gobernado el Perú. Hay actos vandálicos y crímenes dentro de las protestas que deben ser sancionados, así como intervenir a aquellos infiltrados que sí provienen de grupos sediciosos que aprovechan las manifestaciones para generar caos, pero, y en esto hay que ser claros, no son todos y no son la mayoría. Repetir constantemente, como lo vienen haciendo, que se trata de terrorismo cualquier forma de manifestación, de protesta, de reclamo, echa más pólvora al fuego.  

Ante los numerosos disturbios, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, acordó declarar el «estado de emergencia» en todo el país durante 30 días. ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad ante esta medida y, desde tu punto de vista, la consideras necesaria?

Las protestas no han parado. Siguen, en Lima y provincias, a pesar del estado de emergencia, el Gobierno decidió también decretar toque de queda en 15 provincias del país. Es más, hoy, al segundo día de haberse instaurado este estado de excepción, se ha llegado a 21 muertos producto de la represión militar-policial y no hay visos de que la situación mejore, lo que probablemente signifique la caída del gobierno de Dina Boluarte.

Pienso que, para este Gobierno, que debería ser de transición, era inevitable tomar este tipo de medidas, pero por sí solas fracasarán, como ya se ve que está sucediendo, porque no se escucha a la población para buscar una salida pacífica. No se ha aprendido nada de las protestas tras la vacancia de Vizcarra y la toma del poder de Merino hace dos años. Es necesario que el Congreso se ponga a trabajar en verdaderas reformas que equilibren los poderes, que definan el adelanto de elecciones y, por último, si se trata de llegar a un acuerdo de paz, se conceda algo como, por ejemplo, la realización de un referéndum para que se decida si se lleva a cabo la tan mentada y deseada asamblea constituyente, aprovechando que habrá elecciones generales. En lo personal, no creo que una nueva Constitución produzca una mejora real en la vida de la gente, pero si un sector amplio de la ciudadanía lo cree así, poner la propuesta en evaluación es lo menos que se debe hacer.

Dina Boluarte apunta a ser una pieza de cambio cuya función se limitará a convocar a nuevas elecciones adelantadas, como ya sugirió para diciembre de 2023. ¿Qué nombres se barajan para la sucesión?

No sé qué tan realista sea que para diciembre de 2023 haya elecciones generales. El Congreso ha votado en contra del adelanto de elecciones, demostrando una vez más su desconexión con la coyuntura nacional. Pero, de ser así o en 2024*, Keiko Fujimori sigue siendo la primera de la fila en cualquier contienda electoral. Otro más es Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, en prisión hasta hace unos meses por asesinar policías en un levantamiento armado que protagonizó durante el Gobierno de Alejandro Toledo, y que maneja un discurso demencial y de extrema izquierda. Así que el panorama pinta, a mi modo de ver, tan terrible como hace dos años. Después, seguramente la mayoría de candidatos de las últimas elecciones se presentará, pero no tengo dudas de que ninguno será una verdadera solución a la inestabilidad en el Perú. Si no hay reformas electorales serias y pensadas en mejorar los mecanismos para que no lleguen al poder, presidencial o congresal, personas con ínfima representatividad por la cantidad de votos que obtiene; con poca experiencia; con antecedentes penales; ligados a mafias de toda clase; o para que se permita evaluar su desempeño a la mitad de su gestión como sucede en otros países, entre muchas otras ideas que especialistas en el tema han puesto sobre la mesa, seguiremos sufriendo cíclicamente crisis como la que hoy nos aqueja.

Finalmente, ¿qué desea el pueblo peruano de sus máximos mandatarios y cómo puede lograrse?

No creo equivocarme al decir que los peruanos deseamos que quienes ocupan puestos de poder actúen como personas honestas, que no sean ladrones, que sean conscientes de que el lugar que ocupan es una concesión de la ciudadanía y que a esta ciudadanía se deben… pero tampoco creo equivocarme al pensar que políticos así están más cerca de existir en la ficción que la realidad.

Cómo lograr que personas así, idóneas, con verdadera vocación de servicio y capacidad de estadista, formen parte de la élite política que maneje los destinos del país, es una pregunta para la que no tengo respuesta. E4

* El Congreso aprobó adelantar las elecciones para 2024.

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AMLO renueva oferta de asilo: la puerta sigue abierta

México se une a Argentina, Bolivia y Colombia para exponer su preocupación por el «antidemocrático hostigamiento» que sufrió el exmandatario

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la destitución y posterior detención del ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo Terrones. A juicio de AMLO, Castillo fue víctima de circunstancias tejidas por la oposición para sacarlo del camino. «Consideramos lamentable que, por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución», afirmó el líder de la 4T.

En línea con esta posición, el 13 de diciembre el Gobierno de México, junto a los de Argentina, Bolivia y Colombia firmaron una carta pública donde exponen su preocupación por el «antidemocrático hostigamiento» del que habría sido víctima el exmandatario peruano previo a su destitución y detención.

«Para el mundo no es novedad que el presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención», sostiene el comunicado.

Pese a que naciones como Estados Unidos ya reconocieron la nueva administración encabezada por Dina Boluarte, para México, Pedro Castillo sigue siendo el presidente legítimo de Perú. Al menos hasta que su destitución «se resuelva en términos de legalidad», señaló López Obrador, quien, además, anunció que la relación entre México y Perú se mantendrá en pausa hasta que se resuelva de forma democrática el caos político y social que atraviesa la nación sudamericana.

Asimismo, López Obrador afirmó que continúa abierta la posibilidad para que Pedro Castillo tenga asilo político en México. De este beneficio ya fueron acreedores Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente, y sus dos hijos, que llegaron el 21 de diciembre a México. Tras la concesión de estos salvoconductos, el Gobierno de Perú declaró persona no grata al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, y le concedió 72 horas para que abandonara el país.

López Obrador también externó su preocupación por las muertes que han causado las revueltas en las principales urbes de Perú ante la reacción desmedida de los agentes del orden. «Es lo que más lamentamos lo que más nos preocupa, la represión y eso está cambiando las cosas, porque cuando él (Pedro Castillo) solicita que se le abriera la puerta a la embajada, no estaba la situación como lamentablemente está ahora», manifestó López Obrador. E4