Antes de asumir el poder, Miguel Riquelme pidió poner punto final al tema de la megadeuda. Sin embargo, en cuatro años de ejercicio, y con un presidente dispuesto a meter en cintura a los gobernadores, ha constatado que el pasivo es el mayor lastre de su administración y le impide realizar proyectos de gran calado y operar sin déficit
Riquelme y la cuadratura del círculo
El derecho al pataleo y la nueva derrota del PRI
Miguel Riquelme pidió como tándem de Rubén Moreira un imposible: pasar página a la megadeuda, herencia del moreirato. El elefante en la habitación asfixia al gobierno y consume cantidades ingentes de dinero. Cada día se restan alrededor de 12 millones de pesos al presupuesto solo para el pago de intereses, dice un análisis del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCIL). Coahuila está financieramente en un callejón sin salida. La causa de la crisis no es el recorte de fondos federales, aplicado en toda la república, pero la agrava en los estados con más deuda. El moreirazo sentó un precedente nefasto y es objeto de ensayos por su desaseo e impunidad. Las autoridades estatales y federales no han movido un dedo para castigar a los responsables del atraco.
Coahuila salió de la nómina de los cinco estados con más pasivos en términos absolutos (Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Veracruz), pero es el cuarto con la mayor deuda per cápita (11 mil 971 pesos) después de Nuevo León (15 mil 192), Quintana Roo (13 mil 735) y Chihuahua (13 mil 360). La quinta posición la ocupa Ciudad de México (9 mil 728 pesos). «La deuda per cápita de cada uno de estos estados es superior hasta en dos veces al promedio subnacional de 4 mil 865.1 pesos», advierte el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el informe Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México (cierre del cuarto trimestre de 2020).
«La expectativa es que para poder salir adelante se logren negociaciones importantes y ventajosas para Coahuila en (…) la discusión del presupuesto 2022».
Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila
Como proporción del Producto Interno Bruto Estatal, los primeros lugares corresponden a Chihuahua (6.4%), Quintana Roo (6.3%), Chiapas (6.2%), Nuevo León (4.6%) y Coahuila (4.5%). Nuevo León también lidera la lista de las entidades cuyas obligaciones son mayores en relación con sus ingresos totales (85.9%), seguido de Coahuila con el 77.5%. «Estas mismas entidades destacan como las más endeudadas respecto a sus ingresos por participaciones, con proporciones que oscilan entre 194.9 y 170.9%, cifras más de dos veces y medio mayores al promedio subnacional del 64.8%». Tlaxcala, Querétaro, Puebla y Guanajuato destacan por ocupar los últimos sitios en este indicador, apunta el estudio.
Coahuila ha refinanciado tres veces su deuda (dos en el gobierno de Rubén Moreira y una en el actual), pero aún paga la tasa de interés promedio ponderado más elevada: 6%, después de Tlaxcala (6.4%), Tabasco (6.3%) y Guerrero (6.2%). Chiapas, Chihuahua, Colima, San Luis Potosí y Estado de México contrataron a tasas del 2.2 al 4.4%. Coahuila también tardará más tiempo en salir del atolladero, pues el vencimiento de los créditos ocurrirá dentro de 23.3 años, o sea a mediados de 2044, si bien nos va. Antes se liberarán Oaxaca (20.2 años), Nayarit (19.2), Quintana Roo (18.5) y Sonora (18.1). Tlaxcala, cuyos gobiernos están atados de manos por la Constitución para adquirir deuda a largo plazo, pagará la suya… en seis meses.
Aun con la cancelación y reducción de fondos federales en los 32 estados, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo el supuesto de que eran desviados, la situación de Coahuila sería distinta sin el lastre de la deuda monumental asumida en el gobierno de Humberto Moreira por encima del Congreso y con la complicidad de su hermano Rubén. Coahuila no tiene salida. Sin margen financiero y político, tampoco puede aumentar impuestos —con el moreirazo impune, la ciudadanía se rebelaría— ni contratar más créditos.
Deudas por 552 mmdp
Los estados pagan la borrachera financiera de administraciones venales e irresponsables. Sin embargo, para no pegarse un tiro en el pie, los gobernadores se resisten a investigar y castigar los excesos de sus predecesores. Las participaciones fiscales y petroleras crecieron en las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, pero en vez de aprovechar la época de vacas gordas para diversificar las fuentes de ingreso, sanear las finanzas y desarrollar infraestructura, los mandatarios derrocharon y endeudaron a sus estados al límite de su capacidad. Para más inri, el Gobierno de Coahuila lo hizo a espaldas del Congreso a pesar de tener mayoría calificada con el voto del PRI y sus satélites.
El saldo de la deuda subnacional, relativa a los estados y municipios, se disparó de 147 mil 412 millones de pesos (mdp), en 2005, a 637 mil 274 al cierre de 2020, lo cual representa un incremento del 332.3% en términos absolutos. El 86.6% (552.1 mdp) del total de los débitos corresponde a los estados; el 6.4%, (40 mil 724 mdp) a los municipios; el 6.5%, (41 mil 616 mdp) a los entes públicos estatales; y solo el 0.4%, (mil 720 mdp) a los municipales, señala en su investigación el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Las participaciones a los estados y municipios forman parte del gasto no programable y las determinan criterios técnicos y no políticos. La Ley de Coordinación Fiscal (capítulo I) establece las fórmulas y procedimientos para su distribución. Las transferencias dependen «del comportamiento de la recaudación federal participable a lo largo del ejercicio fiscal. Por su naturaleza, no están etiquetadas, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de las entidades federativas y municipios». Su ejercicio, por parte de los gobiernos locales, es autónomo, advierte el CEFP, órgano de la Cámara de Diputados.
En cambio, las aportaciones federales están condicionadas a la consecución de «metas y objetivos relacionados con la provisión de bienes y servicios públicos concurrentes entre dos o más niveles de Gobierno». No es el caso del gasto centralizado, cuyo ejercicio corresponde a las dependencias de la administración federal, «nunca» a los estados y municipios. En Coahuila el gasto federal sumará este año 45.2 mil mdp (8.6% menos con respecto a 2020; en pesos, 4 mil 270 millones), de los cuales 21.7 mil mdp son participaciones (–3.6%) y 17.9 mil mdp aportaciones (–7.8%). El resto se distribuye en otros ramos, la mayoría de los cuales también registra reducciones. La caída, en el caso de las participaciones, obedece al efecto económico de la pandemia de coronavirus en la recaudación.
La situación financiera de los estados es apremiante. En 2021 podrían tener un respiro por el crecimiento del PIB y su impacto en los ingresos federales. Aun así, la situación en las entidades que destinan mayor porcentaje del presupuesto al servicio de la deuda —Coahuila pagará este año alrededor de 3 mil 800 millones (7%)— no dejará de ser complicada. La esperanza de los gobernadores consistía en ganar más espacios en la Cámara de Diputados, pero Morena y sus aliados conservaron la mayoría absoluta. Esto les permitirá tener a raya a los estados y avanzar los programas sociales y los proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El rey desnudo
Congresos pusilánimes, oposiciones sin autoridad ni liderazgo, cámaras empresariales apocadas, una aparente amnesia colectiva y un Sistema Estatal Anticorrupción inoperante han relegado el tema de la deuda por 38.5 mil millones de pesos del moreirato cual si fuese algo anecdótico, pasajero e inocuo, y no del mayor agravio a un estado que se jacta de ser baluarte de la legalidad y las libertades. La tarea de señalar al elefante en la habitación, como al rey desnudo del cuento de Hans Christian Andersen, la realizan unos pocos. Armando Guadiana, quien como particular fustigó el moreirazo, en el Senado prefirió darle carpetazo.
En ese mar de intereses y componendas, el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna pone el dedo en la llaga. «Un estado que en los últimos diez años tiene que destinar en promedio el 10% de su gasto total al costo de la deuda pública, difícilmente puede hacer frente a otras necesidades apremiantes como mejorar infraestructura pública en los servicios de salud, educación, seguridad, entre otros», advierte Marco Antonio Zamarripa, director del organismo (CCI, 03.07.21).
Los análisis del consejo, por su puntualidad, resultan molestos para las autoridades estatales y municipales de ambos lados del Nazas. Frente a la atonía de las oposiciones y el desdén del oficialismo, el músculo social se desarrolla. «… en los últimos cuatro años (en Coahuila) se ha gastado más de lo que ingresa a las arcas, (…) en 2017 el estado tuvo ingresos por 48 mil 883 millones de pesos y su gasto total fue de 52 mil 450 millones». Para cubrir el déficit, el Gobierno contrató deuda por mil 300 millones de pesos «sin permiso del Congreso estatal, pues es menor al 5% del total de los ingresos del estado y no requiere aprobación», observa Zamarripa.
El déficit del año pasado —agrega— ascendió a 2 mil 663 millones de pesos de los cuales 2 mil millones también se costearon con obligaciones. «Con datos de 2020, la deuda de Coahuila asciende a 43 mil 681 millones de pesos, (…) 38 mil 340 es deuda a largo plazo con entidades financieras y 5 mil 341 es deuda a corto plazo con proveedores». Para el CCI «lo más frustrante» es el monto de los intereses: 4 mil 470 millones de pesos en 2020, «algo así como 12 millones de pesos diarios a una tasa promedio ponderada del 6.2% mientras el promedio nacional (…) es del 4.7%. Coahuila es el estado con el plazo más largo para el pago total de la deuda (23 años), sin considerar (futuras) contrataciones». Con ese lastre, el estado carece de liquidez para emprender obra productiva y empleo, concluye.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Coahuila y otros estados pudieron amortiguar sus crisis financieras mediante deuda, subsidios y aportaciones federales. Con un presidente débil y casi siempre ausente, los gobernadores utilizaban a «sus» diputados y senadores para presionar y obtener ventajas presupuestarias sin rendir cuentas. Los legisladores de Morena y sus adláteres tienen la consigna de cerrar las llaves de Hacienda a los ejecutivos locales por haber dado mal uso a los fondos aprobados por el Congreso. Andrés Manuel López Obrador trata de combatir la corrupción también en los estados; una forma de hacerlo es enviarles menos recursos, aun cuando, en algunos casos, la población sea la afectada. Al mismo tiempo le resta fuerza a los gobernadores, sobre todo a los detractores de la Cuarta Transformación y a quienes, en palabras suyas, son tapaderas de sus predecesores. Ejemplos abundan. E4
Riquelme y la cuadratura del círculo
La alternancia PRI-Morena regresó a Coahuila a los tiempos de cuando los gobernadores tenían padrino en Los Pinos por un año y cinco se la pasaban en ascuas por su mala puntería en la sucesión presidencial. Y no es que Peña Nieto haya realizado obras monumentales en la entidad durante su mandato, pero dio manos libres, participaciones y dinero para proyectos abandonados como el Metrobús Laguna, convertido en elefante blanco. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia sin deudas con los gobernadores, pero sí con la idea de meterlos en cintura por la corrupción y la impunidad rampantes.
El gobernador Miguel Riquelme siente el rigor de las políticas restrictivas de la Cuarta Transformación. La pandemia de coronavirus le cayó como anillo al dedo no solo al presidente, sino también a los mandatarios locales, pues además de protagonismo le permitió distraer la atención de problemas acuciantes en sus estados. La presión y los amagos de la Alianza Federalista para revisar la Ley de Coordinación Fiscal y recibir mayores recursos de la federación resultaron estériles.
López Obrador iniciará su cuarto año en la presidencia con más gobernadores de Morena (17) que el resto de los partidos juntos (15). En 2022 podría sumar al menos tres de los seis que se elijan en Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo, único donde no ha habido alternancia. El PAN, PRI y PRD se unieron en los comicios de junio pasado para enfrentar a Morena en 11 entidades, pero en ninguna ganaron. Campeche pasó a manos de Morena después de haber sido gobernado por el PRI por más de nueve décadas.
Con el cambio en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde Adán Augusto López reemplazó a Olga Sánchez Cordero, quien volvió al Senado, AMLO lanza un mensaje a gobernadores: tendrán un interlocutor al tanto de la situación en los estados —López ocupó el cargo en Tabasco—, pero también con poder para cantarles la cartilla, tomar los hilos sueltos y cubrirle las espaldas a su jefe. El último titular de la Segob con autoridad fue Fernando Gutiérrez Barrios —los demás resultaron ser caricaturas—, pero no era amigo del presidente; el actual sí lo es.
Adán López ha empezado a llenar vacíos: asiste a la toma de posesión de gobernadores y representa al presidente en informes estatales como el de Alfredo del Mazo (PRI) en Estado de México. La mayoría de los mandatarios de oposición se ha alineado a la Cuarta Transformación; y los que no, moderaron su discurso o nadan entre dos aguas después de las elecciones de junio. Los gobernadores con aspiraciones presidenciales buscan el aplauso de la galería con declaraciones críticas.
Para sorpresa y enojo de tirios y troyanos, algunos exgobernadores se han sumado a las filas del lopezobradorismo. Quirino Ordaz Coppel (PRI/Sinaloa) será embajador de México en España y Antonio Echavarría (PAN/Nayarit) ocupará un cargo aún por definir. En Coahuila, Miguel Riquelme intenta la cuadratura del círculo: capear la crisis financiera, cerrar su administración sin sobresaltos y dejar sucesor. Tiene el control del Congreso, del Tribunal de Justicia, del PRI, de la UAdeC, de los órganos supuestamente autónomos y de la mayoría de los medios, pero no de las variables. Un error, un desliz, un escándalo o un mal consejo de sus asesores —como desalojar por la fuerza el plantón magisterial frente al Palacio de Gobierno— pueden modificar el escenario. Coahuila no es una isla. E4
El derecho al pataleo y la nueva derrota del PRI
Con mayoría en el Congreso y al frente de las principales comisiones, Morena, PT y Verde darán luz verde al paquete económico de 2022
En consonancia con el gobernador Miguel Riquelme, quien encendió las alarmas por el déficit creciente del presupuesto estatal, atribuido por su administración al recorte de participaciones y de fondos federales, los diputados del PRI acusaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de «darle la espalda a Coahuila» en el paquete económico del año próximo. Shamir Fernández, uno de los inconformes, fue de los diputados locales que en 2011 legalizaron el moreirazo por más de 38 mil millones de pesos, origen de la asfixia financiera del estado.
Sin embargo, al PRI —tercera fuerza política en el Congreso— solo le queda el derecho al pataleo. Máxime cuando Morena controla las comisiones más importantes, como la de Programación y Cuenta Pública, palanca del presidente López Obrador para continuar los programas sociales y de infraestructura de la Cuarta Transformación. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó en su comparecencia del 23 de septiembre ante los diputados, que el paquete económico se diseñó para continuar la consolidación de «un nuevo modelo económico» orientado a atender las brechas sociales en todo el país.
Los recortes federales de los dos últimos años y el efecto de la pandemia en las finanzas del estado han generado un déficit próximo a los 9 mil millones de pesos, declaró el gobernador Miguel Riquelme. Los ingresos propios han aumentado, pero no lo suficiente para cubrir el faltante, declaró recién instalada la nueva legislatura federal, en la cual confió para «revertir el escenario adverso». «La expectativa es que para poder salir adelante se logren negociaciones importantes y ventajosas para Coahuila en (…) la discusión del presupuesto 2022».
La única manera de reorientar el gasto era que AMLO y su partido perdieran la mayoría en la Cámara de Diputados y el país volviera a los gobiernos divididos, los cuales iniciaron en 1977 con Ernesto Zedillo y continuaron en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin la fuerza necesaria para avanzar sus agendas políticas, los presidentes negociaron el presupuesto con los gobernadores y sus partidos, lo cual, finalmente produjo más corrupción. Empero, López Obrador, Morena y sus aliados (PT y Verde) retuvieron el control del Congreso en las elecciones intermedias. En esa tesitura, el paquete económico se aprobará sin grandes cambios: seguirán los recortes y la «austeridad republicana».
Así debió asumirlo la diputación coahuilense del PRI, la cual divide su lealtad entre el exgobernador Rubén Moreira y su sucesor Miguel Riquelme. Rasgarse las vestiduras ante la prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro por el supuesto desprecio del gobierno federal hacia el estado y criticar los proyectos insignia del presidente López Obrador (el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas) fue el reconocimiento de su derrota. El lastre de Coahuila es la megadeuda, pero evaden el tema para no malquistarse con los responsables del quebranto y de la crisis financiera subsiguiente. Resulta más cómodo culpar al presidente de los males causados por gobernantes incompetentes y venales. Si la estrategia fuera eficaz, AMLO y Morena habrían perdido el Congreso. Pero no, la ola guinda arrasó de nuevo al PRI y al PAN, y quizá lo vuelva a hacer en los comicios del año próximo. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.