La muerte del coahuilense Jesús Ociel Baena Saucedo fue una tragedia que sacudió a la opinión pública, a la sociedad, a los gobernantes y a los políticos y dejó una sensación de desconfianza e incertidumbre para familiares, amigos y quienes conocieron al egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Autónoma de Coahuila.
La forma en que murió, además de trágica e inesperada, llamó la atención por muchas razones y aspectos que generaron dudas e incertidumbre por antecedentes de denuncia de amenazas de muerte previamente realizadas por el magistrade y de las cuales sería víctima por su lucha para el respeto y reconocimiento a la comunidad gay que trascendió al ámbito local y llegó al escenario nacional e internacional.
Otro aspecto que llama la atención para muchos es la rapidez con la que la Fiscalía General de Aguascalientes resolvió la muerte de Baena Saucedo y su pareja Dorian Daniel Nieves Herrera, quien presuntamente es el autor material del homicidio de Baena Saucedo; pareja sentimental con quien habitaba y a quien se le encontraron residuos de metanfetaminas en el organismo.
La versión oficial fue desechada por la familia y activistas de la comunidad gay porque, de acuerdo a los dichos del padre del magistrade, se observaron omisiones en la investigación de la Fiscalía de Aguascalientes, tales como videos de cámaras de video-vigilancia del fin de semana previo a la llegada de la pareja; testimonios de vecinos e información de mensajes por teléfono con familiares y amigos de la pareja.
La reacción de las autoridades federales, a través del Ejecutivo, fue el ofrecimiento de una investigación alterna de la Fiscalía General de la República, situación que ya no tuvo eco en los días subsecuentes y al parecer todo terminó con el dictamen hidrocálido.
Llama la atención que la oposición política en Aguascalientes y la nacional se abstuvo de hacer señalamientos y exigir investigaciones alternas en un tema sensible por la forma de la muerte, por representar un ícono de la comunidad gay y porque Jesús Ociel era un funcionario público que integraba el Tribunal Electoral Estatal.
La muerte del magistrade es sin duda una tragedia por la pérdida de seres humanos, pero se convierte en un enigma que afecta a la sociedad mexicana por lo que representaba este personaje y por lo que podría generar en el futuro el movimiento que inició y que seguramente ya tocaba intereses y grupos de poder económico y social.
Hoy buena parte de la opinión pública percibe el hecho con desconfianza, miedo e incertidumbre por un dictamen judicial que se emite en tiempo récord y que deja dudas sobre la verdad oficial y la que persiste en los colectivos, familiares y en general la sociedad.
A nadie conviene en este país que persistan dudas sobre la muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja, sobre todo porque más allá de las filias y las fobias, el especialista en jurisprudencia representó a un segmento de población que crece y un profesional de las leyes que logró cambiar paradigmas y preceptos legales para respetar las libertades de todos los mexicanos.
Ahora solo queda esperar que la familia, con sus abogados, pueda continuar con las exigencias para establecer una investigación alterna de alguna instancia nacional o internacional que confirme la versión de la Fiscalía de Aguascalientes o bien señale nuevas hipótesis para generar certidumbre entre la opinión pública.
