La urgencia se impone. Ha sido la constante. El presidente López Obrador determina los tiempos electorales. Resolvió adelantar los procesos de selección de candidatos presidenciales y con ello obligó a la oposición a hacer lo propio. Igual ocurrió con los candidatos a las nueve entidades que elegirán ejecutivo local. La oposición actuó en consecuencia. Lo más relevante, en la Ciudad de México el Frente anuncia la candidatura de Santiago Taboada como candidato de consenso de las cúpulas partidistas, al tiempo que Adrián Rubalcava se rebela. Las cúpulas partidistas son las que deciden.
Los tiempos legales no importan. El INE ha sido complaciente y la instancia judicial también. Entre las consecuencias —la más grave— violar las normas de fiscalización sobre ingresos y gasto de precampañas. Esto tiene dos implicaciones, la falta de legalidad en el origen del dinero y la inequidad por el gasto ostensible de quien puede pagar.
Anticipar tiempos electorales también impacta a los Gobiernos. Los relevos y vacantes afectan hasta a la Suprema Corte de Justicia. Claudia Sheinbaum se separó de su responsabilidad en junio cuando el calendario formal la obligaba para estas fechas. El gabinete perdió dos de sus piezas clave, el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores. Pero no sólo son personas, también es el Gobierno. La presidencia actúa en función de objetivos electorales. El debate público gira en torno a la elección como es evidente en la manera de enfrentar la crisis por el huracán Otis en Acapulco.
La polarización por la urgencia electoral se ha hecho sentir en el debate público y en el quehacer gubernamental. El presupuesto de 2024 está dominado por la lucha por el voto. También las expresiones del presidente se dirigen hacia toda oportunidad que signifique vencer al adversario y someter al independiente; su disputa con la prensa y el enfrentamiento con el Poder Judicial Federal de eso tratan.
La lógica que se impone es la de guerra, sin posibilidad alguna para terceras opciones. Movimiento Ciudadano actúa en consecuencia y la postura de Dante Delgado y de su candidato presidencial, Samuel García, son clara y evidentemente funcionales al polo del oficialismo; una oposición de la oposición. Caso similar se presenta con buena parte de los factores de poder, incluyendo las empresas de medios; todos sujetos a una fuerte presión para ser parte de la contienda, siempre en función de quien detenta el poder.
En este entorno adquiere relieve el enfrentamiento del presidente con la Corte, una instancia que no forma parte de la contienda electoral, ni siquiera de la política en su sentido convencional. Su tarea es salvaguardar la supremacía de la Constitución sobre los actos de autoridad. El presidente les recrimina no sólo por los fallos que no le favorecen, sino la independencia del juzgador, imprescindible para la justicia. En el entorno de guerra al enemigo que hay que combatir, repudiar con todo y sin vacilación. Las palabras de exterminio del opositor de Samuel García van mucho más allá de la retórica del extremista Milei, ganador de la presidencia argentina. Tesis propia no de los libertarios, sino de los fascistas. La terna propuesta por el presidente al Senado para designar a quien cubriría la vacante del ministro Arturo Zaldívar es consecuente con su visión de que la justicia debe estar al servicio de una causa, para efectos prácticos, la única válida, aceptable, la de él mismo.
La urgencia electoral y la superioridad moral del proyecto proyecta a la elección de Estado. No sólo el Gobierno, sino todas las instituciones, incluyendo la justicia penal son parte de los recursos del poder para dirimir la batalla por el voto. No es nuevo, pero ahora es más evidente y generalizado porque se parte de la convicción de que hay un mandato superior a todo, además, sin sanción legal o contención social, una sociedad en estado de indefensión. El presidente tuvo acceso a las cuentas fiscales y operaciones financieras de Xóchitl Gálvez, así como la fiscalía de la Ciudad de México a la información telefónica y financiera de los posibles candidatos opositores. Ambas situaciones sin consecuencia legal y con una oprobiosa complacencia social que vuelve normal el abuso del poder y la arbitrariedad.
La guerra que implica la elección de Estado, además de la polarización plantea dos bajas que debieran ser de preocupación mayor: la verdad y la legalidad.
Violencia política a la vuelta de la esquina
Las noticias de Nuevo León no son halagüeñas. La violencia política se había despejado del horizonte desde generaciones atrás, ahora amenaza hacerse presente. El secretario de Gobierno, Javier Navarro, dice que empleará la fuerza pública para impedir que asuma el poder el gobernador designado por el Congreso local si no es de la satisfacción del grupo gobernante. La Constitución del Estado es clara respecto a las atribuciones del órgano legislativo para designar gobernador en caso de falta del mandatario constitucional por más de un mes. Así lo han señalado la Corte y el Tribunal Electoral. La alusión al consenso como acuerdo unánime carece de base legal, y significaría concederle veto a un solo diputado haciendo intransitable el acuerdo.
El presidente López Obrador complica la solución porque ha contribuido al problema, ha alentado la confrontación al brindar su apoyo público a un mandatario sin sentido de los límites, engallado con el respaldo de palacio nacional. La falta de diálogo y entendimiento conduce a la violencia, peligrosa secuela de los tiempos que se viven y no sólo en dicho estado.
Por todos los medios el gobernador Samuel García ha intentado someter a los legisladores locales, incluso la intimidación y el uso faccioso de los recursos del Gobierno. Es previsible que la mayoría del Congreso designe un gobernador que no sea a modo de quien decidió abandonar el cargo en búsqueda de la candidatura presidencial. No es la primera vez que allí y en otros estados se presenta una situación semejante. El Gobierno federal siempre había actuado para mediar y lograr el acuerdo, arreglo que hoy se complica por la parcialidad del presidente.
Debe quedar claro que el diferendo no es un tema político, sino de estricta legalidad, de constitucionalidad. No se trata de que MC postule al gobernador García, de si éste debe tener una postura opositora y no de comparsa del oficialismo, o de si los legisladores locales no corresponden a las expectativas de unos u otros; consecuentemente, si el gobernador interino es de una filia partidista o postura de grupo. Se trata de salvaguardar las atribuciones constitucionales que corresponden al Congreso local y, por lo mismo, respetar y hacer respetar sus resoluciones, agraden o no.
La polarización política y la partidización del Gobierno nacional se vuelve el problema mayor para lograr una salida política razonable a las partes. Por la vía del litigio inevitablemente habrá un perdedor; sin embargo, se trata de respetar la Constitución, que faculta a la mayoría en el Congreso a resolver en libertad. López Obrador es azuzador del conflicto y ahora, un estado a la vanguardia de la modernidad económica y que siempre ha resuelto la competencia por el poder en términos de legalidad y civilidad ejemplar, transita al peligro de la violencia política.
La situación es preocupante a la vista de la competencia nacional por el poder; que situaciones de fuerza se impongan sobre la razón legal. Las instancias judiciales son la base para dar salida al conflicto y, por lo mismo, deben ser respetadas y cumplidas. ¿Qué se puede esperar si el mismo presidente pone entredicho no sólo la legalidad, sino las decisiones del Poder Judicial? La secretaría de Gobernación que actúa ante este tipo de asuntos con sentido de mediación ha sido anulada por la parcialidad de su titular. El presidente no tiene quien opere estas soluciones porque todo en su entorno suscribe la intransigencia propia de la lógica de guerra.
Se requiere de mediación, un acercamiento entre partes en extremos que complican la conciliación y el acercamiento de posturas. Siempre la solución es posible en la medida en que los factores que influyen jueguen su parte para el entendimiento, no para el conflicto. Lo que ocurra servirá para prever qué viene para la elección presidencial. Hasta hoy la postura presidencial ha prevalecido. Es hora de que todos contribuyan a que ninguna causa es válida ni tolerable si compromete la paz social, la legalidad y el acuerdo.
