No basta que el presidente remita al régimen de protección gubernamental a periodistas amenazados por el crimen, como ocurre con Azucena Uresti, tras el señalamiento en contra de ella por el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tampoco son suficientes las palabras presidenciales de apoyo. Qué bueno que ocurra, pero no basta porque lo fundamental es atender las causas, no los efectos.
La criminalidad crece ante la permisividad gubernamental. Incluso es más fácil que el presidente la emprenda y condene a un periodista o a un medio de comunicación que a un criminal. Le indignan los delincuentes de cuello blanco, no los del crimen organizado. Allí están sus inexplicables palabras de reconocimiento a éste el día siguiente a la elección.
El presidente hace causa contra medios y periodistas. Aunque no es correcto y es hasta ilegal, se pueden dejar pasar los recurrentes excesos verbales del mandatario. Lo impermisible, bajo circunstancia alguna, es el incumplimiento de su responsabilidad para garantizar seguridad. No es opción, es la esencia del juramento del cargo: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanen.
Es bueno y positivo para el país que medios relevantes acordaran una postura pública ante el caso. Pero no basta. Se requiere que cumplan su tarea de informar y sin temor dar cauce a la opinión editorial sobre temas de interés nacional, especialmente sobre seguridad pública, tarea que motivó la amenaza del jefe del grupo criminal más sanguinario, el que más ha crecido, con mayor capacidad de fuego, decidido a actuar violentamente en cualquier parte del país.
Los medios debemos exigir a las autoridades y al presidente una acción decidida contra el crimen organizado a partir del crecimiento que se observa y padece. La violencia y el delito ganan terreno. Lo ocurrido es un ominoso precedente que debe responderse con una acción oficial ejemplar.
Cualquiera que sean las prioridades y propósitos del presidente, debe quedar claro que la impunidad es la causa mayor de muchos males nacionales y, por lo mismo, es necesario actuar frontal y decididamente contra ella. No ha ocurrido así porque todo lo que se hace corresponde a una visión contenciosa de la política. Cumplir con la ley no admite coartadas, vacilación ni cálculo interesado. Es la esencia de la responsabilidad pública y más de quien dirige la nación.
El fardo de la impunidad
Lo menos que se puede decir del magistrado José Luis Vargas es su incapacidad para actuar con responsabilidad y el descuido que debe a la institución a la que sirve. Por elemental dignidad y compromiso institucional de hace tiempo debió retirarse de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No solo es tema de una deplorable reputación para la institución, sino de los documentados cargos de enriquecimiento ilícito. No se condena a partir de presunciones, se requieren pruebas, pero el magistrado debió dar paso a las investigaciones y para ello era indispensable dejar la presidencia del tribunal. Un caso más de impunidad y en una entidad responsable justamente de combatirla en el ámbito electoral. El juzgador debe ser juzgado.
El país vive una rampante impunidad. La misma corrupción a la que alude López Obrador tiene como origen la impunidad. Muy poco ha hecho su Gobierno para abatirla y de allí que no haya, fuera de su retórica, justicia, legalidad o probidad en el servicio público.
Abatir la impunidad es la tarea fundamental para superar buena parte de los problemas nacionales, como la corrupción. Un país de leyes persiste como aspiración fundamental. Una justicia confiable, accesible, pronta y expedita.
En este sentido la pasada consulta aludía a un tema sensible que es el de la legalidad a la que deben estar sujetas todas las personas, particularmente los que están en la jerarquía política. La cuestión es que la ley no se vota y la justicia no requiere permiso. Si hay elementos para proceder, es obligación de las autoridades actuar en consecuencia. No hacerlo también conlleva responsabilidad penal.
Es inevitable que el gobierno en funciones vaya a ser señalado en su responsabilidad por las faltas cometidas en su desempeño. Por ahora no se sabe con claridad las que se asocien a la corrupción. Así es porque este tipo de revelaciones ocurren al final del Gobierno o cuando concluye. El descuido en esta materia ha sido mayúsculo como lo muestra la práctica indiscriminada y generalizada de asignaciones directas. Lo que desde ahora sí es evidente es la gestión criminal de la pandemia, la omisión en materia de seguridad o de investigar casos de evidente corrupción pasada o presente.
Abatir la impunidad es la madre de todas las batallas, pero supone autenticidad, participación de todos los órdenes de autoridad, poderes públicos y de la misma sociedad. Debe quedar claro que no es un medio para saldar cuentas ni para reivindicar causas, proyectos o personajes. Simplemente se trata de aplicar la ley mediante los estrechos y con frecuencia sinuosos cauces de la justicia formal. Vivir bajo la norma es un freno al abuso, venga de donde venga y se acompaña, necesariamente, de la sanción, consecuencia derivada del incumplimiento.
