Pago a Moreira II por 30mdp revive el caso Pajaritos y la debacle del 96

Los gobernadores medirán fuerzas con el presidente el 6 de junio. Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto se desentendieron de los estados y el país sufrió las consecuencias. López Obrador trata de meterlos de nuevo en cintura; empieza con Cabeza de Vaca (Tamaulipas), desaforado por la Cámara de Diputados, mas no por el Congreso local

Rubén Moreira, en el punto de mira de la FGR

Gobernadores saben de rapacerías en obras

Carlos Salinas de Gortari vendió en 1992 el complejo agroquímico de Pajaritos (antes Fertimex y hoy Agro Nitrogenados) a una empresa de la familia del entonces senador y futuro gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy. El escándalo estalló en 1996 y provocó la peor derrota del PRI en unas elecciones intermedias. En los años siguientes, el PAN gobernó a más del 70% de la población del estado. La administración hizo juegos malabares y compró diputados para atraerse al primer Congreso fuera de su órbita. La debacle no es atribuible solo al tráfico de influencias y al capitalismo de compadres, propio del neoliberalismo, sino también a factores sociales y políticos locales; sin embargo, el caso aumentó la animadversión hacia el gobierno y el PRI.

Los Montemayor vendieron después Pajaritos a Altos Hornos de México (AHMSA), también privatizada entre amigos por Salinas. Xavier Autrey Maza y Alonso Ancira Elizondo compraron la acería a precio de ganga y con una plantilla laboral menos gravosa por una serie de despidos previos. Rebautizada como Agro Nitrogenados y ya convertida en chatarra, AHMSA traspasó la planta a Pemex, con un sobreprecio superior a los 4 mil millones de pesos (más de 200 millones de dólares), bajo la gestión de Emilio Lozoya Austin, en prisión domiciliaria mientras recibe sentencia. El expresidente Enrique Peña Nieto podría ser encausado por este y otros delitos, como el relacionado con la multinacional brasileña Odebrecht, la cual pagó sobornos a cambio de contratos gubernamentales.

Al igual que Emilio «el Tigre» Azcárraga, expresidente de Televisa, quien en pases de charola entre magnates donaba decenas de millones de dólares al PRI para campañas presidenciales, Ancira se ostentaba como soldado del partido tricolor. Un sofisma, pues desde el sexenio de Salinas de Gortari las oligarquías —acotadas ahora por Andrés Manuel López Obrador— impusieron su agenda al presidente, al Congreso, a los gobernadores y a las instituciones. Después de que López Portillo expropió los bancos en 1982, las elites empezaron a mandar. Ancira pagaba encuestas y servicios a funcionarios y aspirantes del PRI a cargos de elección. AHMSA duró 17 años en suspensión de pagos y el gobierno de Montemayor la protegió. Siempre fue una mina de oro para sus dueños y socios políticos.

Salinas también reprivatizó la banca entre cuates, y cuando el sistema volvió a desfondarse, Ernesto Zedillo creó el Fobaproa para salvarlo. Igual se rescataron carreteras concesionadas; todo con cargo al erario. Mientras, la corrupción, la pobreza y la desigualdad galopaban; figuras de contratación (outsourcing) eran objeto de abuso, en perjuicio de los trabajadores; los fraudes electorales se repetían a escala federal y local; y los poderes fácticos se miraban el ombligo. López Obrador, el líder opositor por antonomasia, tomó dos caminos: 1) denunció a la «mafia del poder» y a los gobiernos sometidos al dinero; y 2) escuchó a los explotados y excluidos por el régimen neoliberal.

En Coahuila, AMLO oyó hablar de los Moreira, la corrupción y el nepotismo del clan; de la megadeuda, las empresas fantasma y el abandono de La Laguna, Monclova y zonas del estado; de las masacres y desapariciones forzadas y del enriquecimiento de políticos, funcionarios y capos de la droga metidos en el negocio del carbón. También, de los privilegios de AHMSA y de sus vínculos con el moreirato; del cacicazgo político y económico de Ancira y del control oficial sobre los medios de comunicación. Tomó nota de todo, pero en los primeros meses su gobierno se cruzó de brazos. Interrogado sobre el «moreirazo» en una mañanera, dijo que Felipe Calderón y Peña Nieto habían cerrado el caso.

Peces en las redes de la 4T

Andrés Manuel López Obrador ofreció barrer la corrupción «como en las escaleras: de arriba hacia abajo». Lo hace con un criterio juarista: «a los enemigos, justicia; y a los amigos, justicia y gracia». Empezó con la mafia del poder. El primer grupo lo forman una exsecretaria de Estado (Rosario Robles, por la Estafa Maestra) y un abogado influyente (Juan Ramón Collado, «el defensor de los poderosos», por lavado de dinero y delincuencia organizada) a quien el gobierno de Andorra le congeló 53.1 millones de pesos. Entre los amigos y clientes de Collado figuran los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto; el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; el cacique petrolero Carlos Romero Deschamps; el exdirigente panista Diego Fernández de Cevallos; y el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, acusado de lavado de dinero. Robles y Collado son los únicos entre rejas todavía.

La limpia siguió con un cachorro del neoliberalismo (Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por la compra de Agro Nitrogenados, 200 millones de dólares por encima de su valor) y un potentado (Alonso Ancira, dueño de AHMSA, por el mismo asunto). Lozoya sigue el proceso en libertad, en calidad de testigo protegido, y porta un brazalete electrónico para estar localizable. Ancira salió de prisión tras la firma de un convenio con Pemex para reparar el daño: pagará 216.6 millones de dólares en tres años. En el pasado la regla era dar un golpe de efecto al principio del sexenio (Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia; y Peña Nieto, a la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo) y después olvidarse del asunto; jamás se recuperaba ni siquiera una parte de los fondos desviados hacia cuentas particulares. Era como podar el árbol de la corrupción.

Para el presidente López Obrador, el acuerdo con el «rey del acero», ahora sin corona, es un «hecho inédito» logrado por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. «Nosotros aquí, desde el principio, sostuvimos que se devolviera el dinero; importa mucho, para eso se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado: que ese dinero regrese al pueblo» (El País, 20.04.21). Con respecto a Agro Nitrogenados, la recomendación presidencial consiste en destinar los 216 millones de dólares a la compra de fertilizantes para campesinos de Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Los exsecretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fueron detenidos en Estados Unidos en el mismo periodo, acusados de brindar protección y recibir sobornos del cartel de Sinaloa, entre otros delitos. García Luna aún espera sentencia, pero su nombre volvió a las primeras planas por el affaire Cassez-Vallarta, un caso de tortura, fabricación de culpables y montaje mediático difundido por Carlos Loret de Mola en Televisa, y documentado al detalle por Jorge Volpi en Una novela criminal. El Departamento de Justicia retiró los cargos contra el general Cienfuegos y lo extraditó a nuestro país, donde fue exonerado. Su captura provocó un roce diplomático y enfado entre las fuerzas armadas.

El 8 de julio de 2020, mientras los presidentes López Obrador y Donald Trump se reunían en la Casa Blanca, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, era detenido en Miami, Florida, por el Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service). Peña Nieto presumía a Duarte como uno de los «nuevos rostros del PRI». La pandemia de coronavirus ha demorado la extradición del político, quien enfrenta cargos por el desvío de más 6 mil millones de pesos y delitos electorales (Operación Safiro).

«Virreyes» vulnerables

Dejar sueltos a los gobernadores desde la primera alternancia PRI-PAN fue un error que los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pagaron muy caro, pero el costo para el país resultó aún mayor. Las masacres, la corrupción, la impunidad y el poder de los carteles se dispararon en esos 18 años. Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la presidencia a pesar de los mandatarios locales, conoce la historia y parece no estar dispuesto a repetirla, pero tampoco ha podido detener la espiral de violencia.

Los virreyes estatales —sobre todo del PRI y el PAN— están conscientes de su vulnerabilidad y de que, a diferencia de los tres últimos presidentes, AMLO no los necesita ni cederá a chantajes. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), iniciada por el PRI para imponerle condiciones a Fox, virtualmente ha desaparecido. La Alianza Federalista está en un impasse tras el desafuero y la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), por la Cámara de Diputados, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

La disputa entre el ejecutivo federal y los locales se dirimirá en las urnas este 6 de junio. Ese día se elegirá el nuevo Congreso de los Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales y cerca de dos mil ayuntamientos. Si la alianza Va por México (PRI, PAN, PRD) obtiene mayoría en la Cámara Baja, controlaría el gasto federal y podría frenar futuras reformas de López Obrador. En ese escenario, el presidente advierte que vetaría el presupuesto en caso de recortes a los programas sociales de la 4T. La coalición que gane más estados también tendrá mayor número de curules federales. Dos semanas antes de las elecciones, Morena y sus aliados encabezaban las preferencias en ocho; Va por México, en tres; y el PAN y Movimiento Ciudadano, en dos cada uno actualizado según (Massive Caller, 21.05.21).

En la circunstancia actual y en su respectiva escala, los gobernadores tienen más poder que el presidente, como advierte Germán Espino Sánchez en Gobernadores sin contrapesos. El control de los medios de comunicación: «En la mayoría de los estados de la república aún se vive una concentración de poder en la figura del Ejecutivo local. Este “gran actor” subordina al resto de los poderes del estado: legislatura, Poder Judicial, medios de comunicación y grupos empresariales, etc.» (SciELO; Espacio 4, 663).

Incluso en las entidades sin alternancia, como Coahuila, resulta difícil «hablar de elecciones competitivas porque estos registran más de ochenta y cinco años con Gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI)». Las transiciones democráticas nacionales han fortalecido «los autoritarismos» regionales, pues los gobernadores han procurado «que en las elecciones locales se consolide una mayoría legislativa de su partido, o negociaban con la oposición el control (del Congreso). Con esta mayoría (…) les era posible controlar la elección de los magistrados del Poder Judicial», apunta. El estudio de Espino comprende la primera década de este siglo, pero las condiciones actuales son las mismas, incluso más rígidas.

Precisamente la legislatura de Tamaulipas, dominada por el PAN y el PRI, le permitió al gobernador García Cabeza de Vaca aferrarse al cargo, a pesar de haber sido desaforado por el Congreso federal. El 17 de mayo en Torreón, desde donde pidió perdón al pueblo de China por la masacre de 303 compatriotas en 1911, durante la revolución, AMLO advirtió que la Fiscalía General de la República debería detener al mandatario panista por defraudación fiscal, pues ya había perdido la inmunidad. E4

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Rubén Moreira, en el punto de mira de la FGR

¿A cambio de qué el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, pagó 30 millones de pesos al gobernador Rubén Moreira? ¿Declaró ese ingreso?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo haberse enterado de los 30 millones de pesos supuestamente pagados por Altos Hornos de México al exgobernador Rubén Moreira, apenas el 8 o 9 de mayo. «Tiene razón», dijo a la reportera de A Tiempo.tv, Dalila Escobar, quien lo interrogó sobre el tema, «debo denunciarlo y lo voy a hacer. Primero voy a presentar aquí las pruebas y luego a presentar la denuncia». El caso es interesante —apuntó— «porque ¿cómo un empresario le paga viáticos a un político? Esto fue en 2014». Recordó, además, que AHMSA, «era una empresa del pueblo (…) y Salinas la privatizó».

Andrés Manuel López Obrador se había referido solo tangencialmente a los Moreira y a la estela de corrupción del docenio en sus conferencias mañaneras. En una de ellas habló de los caudales sustraídos del erario y depositados en bancos de Estados Unidos. En Texas y en paraísos fiscales se han incautado decenas de millones de dólares a exfuncionarios (Javier Villarreal y Jorge Torres López) y empresarios (Rolando González Treviño, Guillermo Flores Cordero y Luis Carlos Castillo Cervantes) vinculados con el moreirato. Asimismo, confesaron su participación en el blanqueo de fondos «robados de Coahuila» para adquirir medios de comunicación, los cuales les han permitido obtener protección y ejercer presión política.

Sin embargo, AMLO no había puesto en la picota a ninguno de los hermanos como lo hizo el 12 y 13 de mayo al denunciar que en 2014 el entonces gobernador Rubén Moreira recibió del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, 30 millones de pesos por concepto de viáticos. Anunció que en breve aportará pruebas y presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República, pues la información «era nueva» para él.

La Real Academia Española asigna a la palabra «viático», en su cuarta acepción, el significado de: «Subvención en dinero por un trabajo específico». ¿Qué servicios prestó Rubén Moreira a un oligarca como Alonso Ancira, abiertamente priista? ¿A cambio de qué? ¿Cuántos pagos más se realizaron?, ¿declaró Moreira el ingreso ante el Servicio de Administración Tributaria? En 2014 hubo elecciones para diputados locales. ¿Fue una contribución al PRI, disfrazada? ¿No bastó saquear al estado con una deuda por 40 mil millones de pesos y desviar cientos de millones de pesos a empresas fantasma?

Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo, de Veracruz, prendió la mecha en la mañanera del 12 de mayo cuando pidió respuestas acerca de los casos de corrupción en la industria petroquímica (el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, abundaría más adelante sobre el caso de Agro Nitrogenados): «¿Va a haber responsables? ¿Se va a castigar a los responsables? La Fiscalía General de la República, ¿qué papel tiene?». «Sí, claro que sí», aseguró López Obrador. «(…) está siendo juzgado el anterior director de Pemex, y él se ha encargado de denunciar a otros; la Fiscalía está haciendo la investigación, pero es una red de complicidades, de componendas; están metidos hasta periodistas, políticos». (¿RCG y otros medios ostensiblemente moreiristas, en el caso de Coahuila?)

«Hay una vinculación estrecha entre el que vendió (Agro Nitrogenados), el señor Ancira, a un precio elevado —más de 200 millones de dólares— su planta, con los políticos. Por ejemplo, el señor Ancira le pagaba viáticos a quien fue el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira; viáticos de más de 30 millones de pesos». En su discurso de toma de posesión, López Obrador anticipó la separación del poder político y del económico. «El Gobierno ya no será un simple facilitador del saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el Gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz». Karl Marx, el padre del socialismo científico, lo planteaba de otra manera en el siglo XIX: «Hoy el poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa».

AMLO lanzó el primer dardo contra los Moreira, pero parece más interesado en el mayor del clan, el «inteligente», el muñidor de elecciones, el estratega de la Operación Safiro, a quien su hermano ha llamado desleal, acomplejado y lunático. «Eso de que “yo no soy Humberto”, dice él. No, ni yo soy Rubén; cabrón, yo no soy traidor como él. (…) ha despreciado a toda la gente humilde, porque él nada más se la pasa ahí con los ricos comiendo. Desayuna caviar y champán todas las mañanas, como dice la abeja reina, pero el cabrón es un abejorro; al rato va a regresar otra vez el cabrón a donde estaba. Pero, bueno, al tiempo» (El Financiero, 31.10.16).

AHMSA era del pueblo

El presidente López Obrador también puso bajo los reflectores a otro exgobernador de Coahuila, socio de Alonso Ancira: Rogelio Montemayor Seguy, amigo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, por su participación en la venta de Altos Hornos de México (AHMSA). El gobierno de Vicente Fox acusó a Montemayor de desviar, como director de Pemex, mil millones de pesos a la campaña del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida.

El único «pez gordo» en las redes de la administración panista, que ofreció combatir la corrupción de raíz, terminó en libertad. Montemayor fue absuelto. Hoy es el único exgobernador crítico del moreirato. Rubén, quien antes había sido empleado suyo, lo vetó para ser candidato a senador. Montemayor renunció al PRI en 2019 después de haber apoyado la candidatura de José Narró Robles para la presidencia de ese partido, en protesta por la imposición de Alejandro Moreno, promovida, entre otros, por Rubén Moreira.

Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv, retomó el tema de Coahuila en la mañanera del 13 de mayo. «(…) ayer hablaba del caso de dos exgobernadores de Coahuila, Rogelio Montemayor y también Rubén Moreira. Hablaba de que el empresario Alonso Ancira incluso pagaba viáticos al exgobernador, también sabemos varios antecedentes que tiene el exgobernador Rubén Moreira… (quien) continúa en cargos legislativos… coordina incluso campañas como representante (del PRI) ante el INE. (…) ¿por qué no permitir que se llegue a la justicia en estos casos y se sancione a quienes han incurrido en actos irregulares?», cuestionó al presidente.

«En el caso de Rubén Moreira, me enteré hasta hace cuatro o cinco días. (…) tiene razón, debo denunciarlo y lo voy a hacer. Primero voy a presentar aquí las pruebas y luego voy a presentar la denuncia», declaró AMLO. El caso es interesante «porque ¿cómo un empresario le paga viáticos a un político? Esto fue en 2014». Altos Hornos de México «era una empresa del pueblo (…) y Salinas la privatizó», dijo.

Por tanto, «habría hasta que transparentar, si se tuviese la información, en cuánto se vendió (AHMSA), a quién se vendió, quiénes se quedaron con las acciones. Esta empresa, ya privatizada, empieza a operar. (Ancira) compra, además, la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos (Pajaritos), pero la más grande es Altos Hornos. Y llegaban a tener, yo no sé si todavía (…) aviones modernos, jets, que, se sabía, se los prestaban a los políticos pero con mucha influencia.

«Ahora aparece eso de que les pagaban viáticos a políticos. Hay que aclarar de dónde; también, ver si es cierto o no. Pero está el señor Rubén Moreira». López Obrador ofreció ampliar la información el 17 de mayo. Ese día estuvo en Torreón y ningún reportero le recordó su compromiso en la mañanera. El presidente tiene sus tiempos. Sabe que el atraso de La Laguna, su región preferida de Coahuila, se debe a los Moreira, y que la narcoviolencia también creció con ellos. Por otra parte, no ignora que el Metrobús Laguna —pozo sin fondo— se ha convertido en elefante blanco y monumento a la corrupción.

En la Comarca Lagunera, la pregunta de Dalila Escobar es un clamor sin respuesta todavía: ¿Por qué no permitir que se llegue a la justicia en estos casos y se sancione a quienes han incurrido en actos irregulares? E4

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Gobernadores saben de rapacerías en obras

Los corruptos deben ser castigados y devolver lo robado porque es dinero del pueblo, dice el presidente. Pide a la FGR llegar hasta las últimas consecuencias

Es un mito decir que el presidente, el gobernador o el alcalde son «buenas personas» e ignoran las rapacerías de sus subalternos, aseguró Andrés Manuel López Obrador, interrogado sobre la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR contra funcionarios del gobierno de Rubén Moreira Valdés «por gastos ilegales que ascienden a más de 400 millones de pesos», desviados del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Reforma, 23.11.20). Los indiciados son, de acuerdo con la indagatoria: Ismael Ramos Flores, exsecretario de Finanzas; Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga, director general y de Adquisiciones de la misma dependencia.

«“El gobernador es una buena persona —dicen—, pero su secretario de Obra(s) Pública(s) es el que da los contratos a empresas preferidas”. Mentira, no hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del presidente o del gobernador o del presidente municipal. Era hipocresía».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

La idea de que quienes roban «son los de abajo» se introdujo en el imaginario colectivo para exentar de responsabilidad a sus superiores, declaró en la mañanera del 23 de noviembre pasado. «¿Qué decían antes? Que eran los funcionarios, que el presidente no se enteraba. “El presidente es buena persona, pero los que lo rodean son corruptos (…)”. Esto mismo se replicaba en los gobiernos estatales. “El gobernador es una buena persona, pero su secretario de Obra(s) Pública(s) es el que da los contratos a empresas preferidas”. Mentira, no hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del presidente o del gobernador o del presidente municipal. Era hipocresía».

AMLO asegura que en su gobierno «así como no se tolera la corrupción, la impunidad, no se fabrica delitos a nadie; no se ha ordenado desde la Presidencia que se persiga a alguien». Ya había advertido que los «responsables de actos de corrupción no solo deben ser castigados, sino (…) procurar que devuelvan lo robado (…) porque es dinero del pueblo». En Coahuila —dijo en rueda de prensa— la Fiscalía General de la República debe llegar «hasta las últimas consecuencias».

Los 30 millones de pesos que Alonso Ancira habría pagado a Rubén Moreira en 2014, por concepto de viáticos, representan menos del 5% de los 680.1 millones de pesos desviados por su administración entre 2014 y 2017, documentados por el Hub de Periodismo de Investigación en la Frontera Norte en el reportaje «Frontera de papel: Desvíos millonarios de empresas fantasma en el norte de México» (Espacio 4, 645).

Las denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el desvío de 465 millones de pesos, de los cuales alrededor de 70 millones eran para hospitales, equipo y medicamentos, han sido congeladas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Entre los 13 proveedores detectados por la ASE, Riviera Álamo, cuya propiedad se atribuyó a la entonces secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, operadora de Rubén Moreira, obtuvo contratos por decenas de millones de pesos. La empresa «tiene como dueños a dos prestanombres de la funcionaria: Valentín Moreno González y José Santos Javier Garza», reveló Reforma el 7 de noviembre de 2016. El caso sigue impune.

El exgobernador también ha sido señalado en Cortes de Texas de recibir financiamiento del cartel de los Zetas para su campaña, según exintegrantes de esa organización, acogidos al programa de testigos protegidos. Rubén Moreira es por segunda vez candidato del PRI a diputado federal, sin importar su historial. Hoy más que nunca Moreira necesita fuero, pero podría perderlo si el presidente López Obrador cumple su palabra de denunciarlo ante la Fiscalía General de la República. El caso de los viáticos es apenas la punta de la madeja. E4