Perpetuar la impunidad

Si algo del antiguo régimen merecía reconocimiento era su alto grado de sofisticación, es decir, su capacidad para falsear instituciones. Ante problemas en apariencia insolubles —no por falta de remedio, sino de voluntad política y para no afectar los intereses creados—, se formaban comisiones; las había para todo tipo de temas e incluso se acuñó el término «comisionitis». Hasta la tecnocracia recurrió a ellas con el mismo fin: ocultar la verdad y no llegar a nada. El presidente Salinas de Gortari inventó una fiscalía especial para el caso Colosio. Tan creíble fue que tuvo cuatro titulares: Miguel Montes, Olga Islas, Pablo Chapa Bezanilla y Luis Raúl González Pérez. Después de casi 30 años, nadie cree todavía la hipótesis del asesino solitario. La Fiscalía General de la República reabrió por lo mismo el caso el 8 de julio de 2022 y puso a temblar a más de uno.

Para demostrar que el lema de la «renovación moral» iba en serio, el presidente Miguel de la Madrid creó, no una comisión, sino una secretaría denominada de la Contraloría; después cambió de nombre por el de la Función Pública. Sin embargo, De la Madrid estaba rodeado de tiburones y el empeño moralizador naufragó antes de zarpar. En una entrevista con Carmen Aristegui, el expresidente, retirado ya de toda actividad política, acusó a sucesor, Carlos Salinas, de haber fomentado la corrupción; y a su hermano Raúl, de enriquecimiento y de manejar las relaciones con el narcotráfico.

Enrique Peña resultó aún más cínico, pues para investigar la compra de la Casa Blanca en 86 millones de pesos a un contratista del Gobierno (Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa), quien también vendió un propiedad en Malinalco al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nombró a un empleado suyo: Virgilio Andrade. La indagación devino en farsa, pues, no obstante el cúmulo de evidencias, el secretario de la Función Pública enterró el asunto al declarar la inexistencia de conflicto de interés. El escándalo le dio la vuelta al mundo y exhibió dos cosas: la podredumbre del sistema político y la inutilidad de las instituciones encargadas de combatir y castigar la corrupción.

Las comisiones cayeron en desuso al descubrirse el embaucamiento y en su lugar se crearon institutos. El nombre les confería cierto aire seriedad y un barniz democrático. Algunos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) fueron promovidos por activistas sociales genuinos, pero tras otros se ocultaban intereses ajenos al propósito. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Inai es un ente oneroso, ocioso y redundante, y por tanto ha propuesto que sus funciones las absorba la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía General de la República. Los detractores pusieron el grito en el cielo, mas no así la sociedad, que en el caso del INE se movilizó, pues al Inai siempre lo ha sentido etéreo, distante, y no ha visto avances significativos en el combate a la corrupción.

La situación en los estados es peor. El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) se creó hacia finales del Gobierno de Enrique Martínez. Sin embargo, su primer titular, Eloy Dewey, era un peligro para el entonces naciente «moreirato», y optó por renunciar. Desde entonces el ICAI es tapadera del clan y sus secuaces. Esa función se reforzó con el nombramiento de un «periodista independiente» sobre el cual recaen acusaciones de conflicto de interés y acoso laboral. Los cambios recientes responden a un propósito: mantener guardada bajo siete llaves la información sobre la megadeuda, las empresas fantasma y otras trapacerías. O sea: perpetuar la impunidad.