Piloto vinculado a esquema de desvío de recursos construye hospital en Coahuila

Recientemente, Jorge Juan Torres López fue sentenciado en una corte de Corpus Christi, Texas. Recibió tres años por lavado de dinero del erario coahuilense.

Durante su audiencia de sentencia el 21 de mayo de 2021, Héctor Javier Villarreal Hernández, exsubsecretario de Finanzas del Estado, fue testigo y mencionó el nombre de Luis Alfredo Rayet Díaz repetidas veces.

Rayet Díaz fue contratado por el Gobierno de Coahuila para construir y equipar un hospital móvil en Monclova, en abril de 2020, al inicio de la primera ola de contagios por COVID-19, cuando Monclova estaba en los ojos del país por un brote que parecía incontrolable en el Hospital General de Zona No. 7 del IMSS. En mayo, Monclova tuvo la tasa de contagios más alta en México por una semana, 106.01 enfermos por cada 100 mil habitantes, según la Secretaría de Salud.

Tiempo antes, se había estrenado en el sitio web de la Secretaría de Salud de Coahuila un apartado para transparentar las acciones y gasto estatal antipandemia. Es ahí donde aparece Rekening S.A. de C.V., del piloto y empresario Luis Alfredo Rayet Díaz. Su primera empresa en Coahuila fue Rajet Aeroservicios S.A. de C.V., cuando comenzaba el segundo milenio. La constituyó junto a su esposa María de Lourdes Contel Arechavala, originaria de Monterrey.

«Yo lo conocí en 1981 aproximadamente […] Luis Horacio Salinas Aguilera, presidente del PRI en ese tiempo, había contratado a Rayet como piloto del avión que usaba, y yo conseguí un ride a Saltillo», recuerda Gerardo Hernández González, director del semanario Espacio 4.

De acuerdo con Hernández González, de ser un piloto privado que daba servicio a políticos en Coahuila con su pequeña empresa Rajet Aeroservicios, Luis Alfredo pasó a ser un importante proveedor de taxis aéreos en la capital del estado.

«Rayet, después se me aparece como un empresario prominente, con mucho movimiento de aviones, con un crecimiento exponencial en el aeropuerto, con señalamientos dentro y fuera del país».

Aquel crecimiento exponencial, asegura el periodista Gerardo Hernández, viene especialmente en la época en que gobernó Humberto Moreira y de ahí siguió creciendo.

«La influencia que adquiere durante el gobierno de Humberto Moreira la transexenaliza al gobierno de Rubén (Moreira) y todavía la mantiene hoy, bajo un contexto de arreglos políticos […]».

A pesar de ello, por medio de preguntas de transparencia hechas a la Subsecretaría de Egresos y Administración de Coahuila, se puede asegurar que, desde 2012, no hay documentación e información localizable sobre Luis Rayet como proveedor del estado.

El Hospital Móvil

En «Equipamiento, Infraestructura y Servicios de Salud», donde se muestra el ejercicio de gasto por la Secretaría de Finanzas en el sitio saludcoahuila.gob.mx es donde aparece Rekening, contratada el 2 de abril de 2020 para suministrar equipo de protección médica y construir el hospital móvil Amparo Pape de Benavides, en Monclova, que sirvió para descongestionar el Hospital General de Zona No. 7 y atender a pacientes no COVID del IMSS Coahuila, según el Tercer Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís.

De acuerdo con una investigación realizada por Red es Poder, Rekening es una sociedad anónima sin antecedentes en la industria médica y sin permisos para construir un establecimiento de atención a la salud.

A pesar de los más de 52 millones de pesos invertidos en el hospital móvil, ya no opera. Hace más de tres meses los vientos derribaron el cielo falso del área de quirófano. No hubo lesionados ni nada que lamentar. El lugar fue reparado, pero ahora en la puerta principal hay cadenas y candados y, en su interior se aprecian camas solas y lámparas que parpadean constantemente.

El gobernador Riquelme reiteró que esas instalaciones llegaron para quedarse; sin embargo, el lunes 12 de julio, en la rueda de prensa del Subcomité Regional de Salud en La Laguna, confirmó que el hospital móvil de Monclova ya no opera y explicó cuál podría ser su futuro: «Ya no tenemos la demanda para lo que fue instalado. Analizaremos si lo retiramos y construimos una unidad de apoyo a un lado de donde está ahorita o lo dejamos y lo reforzamos, porque el viento le hizo daños».

El secretario de salud, Roberto Bernal Gómez, aceptó agendar una entrevista para hablar del tema; sin embargo, al momento de la cita ya no respondió a las llamadas.

Reglamentos y leyes incumplidas por Rekening

1. Ley de Adquisiciones.

Rekening S.A. de C.V. fue elegida mediante adjudicación directa por la Secretaría de Finanzas. Recibió 52 millones 200 mil pesos por proveer un domo de 800 metros cuadrados, 65 camas hospitalarias, 10 aspiradores, 10 ventiladores de traslado y 10 purificadores; además de 7 mil 703 y 10 mil caretas por 5 millones 427 mil 094 pesos para equipo y prendas de protección.

Aunque el hospital móvil era parte de un proyecto de cooperación entre el IMSS y la Secretaría de Salud estatal, debía cumplir trámites para amparar la legalidad de la adquisición, lo cual no sucedió.

Para empezar, Rekening S.A. de C.V. no fue dada de alta como proveedora de Coahuila. Así lo constata una respuesta de transparencia por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) en la que se aclara: «…le comunico que, a la fecha, la empresa Rekening, S.A. de C.V. no se encuentra registrada y vigente en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal». El documento fue firmado por Gustavo Aníbal Gutiérrez Montelongo, director general de Normatividad en Contrataciones Públicas.

Según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en Coahuila, una empresa no puede otorgar servicios si no está dada de alta. No obstante, sí existe un apartado en la ley que posibilita contratar una empresa sin formar parte del padrón de proveedores.

«Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse a licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa… VI. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles», cita la misma ley.

El requisito indica elaborar un informe por parte de la dependencia contratante, que detalle las condiciones de la empresa: instalaciones y trabajadores, entre otros elementos. A través de una solicitud de información se requirió el documento; sin embargo, las autoridades negaron su existencia.

Red es Poder buscó al capitán Luis Alfredo Rayet a través de la línea oficial de la empresa Rajet, ubicada en Saltillo. Una empleada contestó que no estaba en la ciudad y no podían dar su información de contacto.

2. Sin permisos de Cofepris.

El artículo 224 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica obliga a toda entidad pública y privada a requerir permiso para construir, ampliar, remodelar, rehabilitar, acondicionar y equipar los establecimientos de atención médica, en cualquiera de sus modalidades.

Rekening no tenía permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), según la base de datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia; ni de la Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila, ya que se revisaron las listas de permisos y licencias emitidas por la misma institución en el sitio coahuilatransparente.gob.mx.

Al respecto, César Alejandro Villarreal Romo, encargado de la Mesa de Regulación y Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de Cofepris en Torreón, entrevistado por Red es Poder, confirmó lo que marca el Reglamento y agregó que también haría falta un procedimiento de verificación con expertos médicos, ingenieros civiles y peritos autorizados, y la pandemia no fue motivo para dejar de cumplir con este protocolo obligatorio.

«Lo que sucedía el año pasado era que, debido a la pandemia, todos los permisos se fueron retrasando, pero siempre tuvieron ingreso a trámite, no hubo excepción», dijo el funcionario de la Cofepris.

3. Domicilio fiscal irregular.

Según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), Rekening cuenta con dos registros ante la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Saltillo. El primero indica que la empresa se encuentra en la avenida Gómez Morín No. 404 interior E7, entre las calles Isidro López Zertuche (sic) y Pablo L. Sidar, cerca del Oxxo, en la colonia Esmeralda, de Saltillo, con código postal 66220.

La colonia Esmeralda es un barrio popular cercano a la carretera Monterrey-Saltillo, a pocos kilómetros del aeropuerto Plan de Guadalupe. Al visitarla, solo hay construcciones modestas, no edificios de oficinas o corredores comerciales que pudieran ser sede de una empresa con las dimensiones para levantar un hospital móvil. De las casas ubicadas en la privada Gómez Morín, ninguna tiene el número 404. La numeración va entre 100 y 200. Se concluye que el domicilio no existe.

La segunda dirección se ubica en la carretera Saltillo-Monterrey número 200, local 17, a dos kilómetros de la fábrica Deacero, en Ramos Arizpe, en la colonia Los Bosques de Abajo, código postal 25946. Esta ubicación es más visible en medio de la carretera. La oficina de Rekening fue localizada en un segundo piso de la Plaza de las Cruces. Según el rótulo al frente, el espacio de trabajo de aproximadamente 40 metros cuadrados es compartido con la empresa: Tenher S.A. de C.V. En su interior sólo se ven sillas, mesas plegables y equipo de limpieza, sin mobiliario de oficina como computadoras o escritorios. Luce abandonado.

Al buscar el historial en Google Maps de la Plaza de las Cruces se pudo rastrear a quien adquirió ese terreno, ya que la propiedad aparece en venta en diciembre de 2008 y en enero de 2015 ya muestra un letrero en el que se lee Propiedad Privada Bensa S.A. de C.V.

Esa es una empresa cuyo último representante legal, según el Registro Público de Comercio, es Alberto Eugenio Llaguno Benavides, sobrino de María Carlota Llaguno de Torres, exesposa de Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila, actualmente preso en Estados Unidos.

En 2019, Bensa otorga poderes a Desarrollos Inmobiliarios Caxa S.A. de C.V., otra empresa representada por Llaguno Benavides. Desarrollos Inmobiliarios es quien renta ahora los locales disponibles en Plaza de las Cruces, según se lee en anuncio espectacular.

Antecedentes en Estados Unidos

En junio de 2017, al domicilio de Luis Rayet llegó una notificación oficial del Gobierno de Estados Unidos. El mensaje lo recibió un tal Julio Carrales en la dirección de Rayet Díaz, según documentos de la corte del distrito poniente de Texas para el caso Estados Unidos contra Learjet 2000 modelo 31A, aeronave perteneciente al empresario poblano.

La entrega era un aviso de embargo para el dueño de Rajet Aeroservicios S.A. de C.V., ya que el avión Learjet 2000 modelo 31A había sido presuntamente usado para mover efectivo ilegal de México a Estados Unidos en presunto lavado de dinero.

Así se lee en la demanda verificada de confiscación de propiedad (Verified complaint forfeiture) que expide la corte distrital poniente de San Antonio.

Y es que el Gobierno de Estados Unidos rastreó una transacción o intento de transacción que viola el Título 18 del Código de Leyes estadounidense, sección 1956, inciso A, que prohíbe realizar una transacción financiera en una propiedad a sabiendas de que proviene de actividades ilegales. Lo anterior para ocultar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del origen de las ganancias de dicha actividad ilegal.

Quien viajó en el Learjet fue Luis Castillo Cervantes, un empresario de Tamaulipas apodado el Señor de los Dragones, investigado después por lavado de dinero, fraude bancario y conspiración criminal.

Rayet Díaz habría incurrido en mal uso de un avión de su empresa de aerotaxis. Según los documentos públicos de esa corte de Estados Unidos, se sabe que esa propiedad fue incautada por el Gobierno estadounidense, pero no se informó si Rayet enfrentó consecuencia legal, sentencia o absolución.

El comodín de Rayet

En Monterrey, el 10 de septiembre de 2013, se conforma la sociedad Rekening S.A. de C.V. con más de diez objetos sociales. La fundan dos accionistas igualitarios: Jesús Alfonso Morales Mauricio y Eduardo Morales Mauricio, ambos mexicanos de Nuevo León.

Se intentó contactar a ambos al visitar sus domicilios fiscales indicados en el acta constitutiva de Rekening, pero a pesar de que allí se confirmó que era su vivienda actual, no se les localizó ni hubo información sobre la venta de la empresa a Luis Rayet.

Tiempo después, el 13 de enero 2016, los empresarios Luis Alfredo Rayet Díaz y Óscar Alejandro Zepeda Cantú adquieren la empresa. El primero toma la mayoría (90% de las acciones) y el segundo el resto, aunque en enero del 2021, el empresario saltillense Zepeda Cantú fallece de paro cardíaco.

Desde el comienzo de la compra figuró el nombre Humberto Javier Valdés Dávila como administrador único de Rekening, un sujeto que participó en varias de las sociedades Rayet para adquirir poderes generales en las empresas del piloto aviador. Intentos por contactarlo fueron fallidos.

Humberto Javier ya había formado parte legal de las empresas de Rayet desde 2009, cuando fue comisario para Rajet Aero S.A. de C.V., fundada por el piloto y su esposa María de Lourdes Contel Arechavala.

Además, también acompañó legalmente a Luis Rayet en Rajet Aeroservicios S.A. de C.V., cuando en 2011 se convirtió en su administrador único, año en que presuntamente comenzó a crecer el negocio.

Como administrador cooperó de nuevo en 2015 para la empresa Aeroharp.

De Humberto Javier Valdés Dávila sólo se encontró una de sus redes sociales con nombre Humberto Valdés. En su cuenta de Facebook figura el correo humbertovd@yahoo.com, registrado para la empresa Aeroharp como dato de contacto en el SIEM de la Secretaría de Economía; allí se muestra que la empresa se dio de alta en la Canaco Servytur de Saltillo.

A Valdés Dávila se le envió un mensaje a su dirección electrónica y a su cuenta de Facebook, pero nunca respondió.

Humberto participó en cinco de las nueve empresas que se pudieron recabar a nombre de Luis Rayet. De las nueve, seis son mexicanas y las demás son extranjeras.

Empresas en Estados Unidos

Hay cuatro empresas que Rayet dio de alta en Estados Unidos, en Texas: Rayet Air LLC, Jet Fleet LLC, Conyet LLC, Rayet LLC.

La primera fue Rayet Air, en 2003, pero dada de baja en 2005. Jet Fleet LLC fue dada de alta en abril de 2012 y luego de baja en 2014.

Conyet LLC, perteneciente a Luis Rayet y a su esposa Contel Arechavala, dada de alta en 2010 y disuelta en 2016, tiene un movimiento que cabe resaltar, porque se vincula con el exgobernador interino Torres López.

Según el historial de ventas del Gobierno de ese municipio, la propiedad con domicilio: 26 april point Dr. S. Montgomery, Texas, con código postal 77356, fue comprada por Jorge Torres en 2000 para ser vendida luego a su entonces esposa Carlota Llaguno, en 2001.

Siete años después, la casa en esa dirección, cotizada en 2020 en 113 mil dólares (2.2 mdp), fue comprada por María de Lourdes Contel Arechavala, esposa de Luis Rayet. Enseguida, en 2011, Contel hace la venta a Conyet LLC y hasta 2014 la casa sería revendida a un comprador estadounidense.

Jorge Torres, Javier Villarreal y Luis Rayet

El responsable de la construcción y equipamiento del hospital móvil de Monclova es un personaje ligado en diversas declaraciones judiciales a exfuncionarios de Coahuila que esperan sentencia en Estados Unidos.

La relación entre Luis Alfredo Rayet, Jorge Torres López, Javier Villarreal y Luis Alfredo Castillo se consolidó en la administración de Humberto Moreira.

Jorge Torres, como secretario de Finanzas, Javier Villarreal como subsecretario, así como Rayet y Castillo como proveedores, hicieron mancuerna para, a través de facturas infladas, comprar aviones, rentar horas vuelo y desviar dinero del erario coahuilense para beneficio propio.

Esta trama fue narrada por el propio Javier Villarreal en la audiencia de sentencia de Jorge Torres López, quien terminó con una pena de 36 meses de prisión.

Red es Poder tuvo acceso a las grabación de la audiencia y se presentan aquí pequeñas fracciones de lo que se declaró bajo juramento el 24 de junio de 2021 en la corte del distrito Sur de Texas, división Corpus Christi, en Estados Unidos.

En esta transcripción el abogado de Jorge Torres será identificado como «AJT»; Javier Villarreal se representará como «JV».

AJT- Entonces, cuando el señor Torres era gobernador interino, ¿usted estaba trabajando en el departamento de finanzas?

JV- No, cuando trabajé en el departamento de impuestos (SATEC).

AJT- En algún punto, durante su tiempo en el gobierno estatal, ¿usted y otras personas idearon un plan para robar dinero del estado?

JV- Sí, señor.

AJT- Muy bien, ¿cuál esquema que usaron?

JV- Fueron diferentes métodos.

AJT- ¿Esos planes involucran sobreprecios para facturas?

JV- Es correcto.

AJT- ¿Se involucraron sobreprecios para aviones o facturación de aviones?

JV- Para aviones y obra pública.

AJT- ¿Había otro plan que involucrara aviones?

JV- Sí, con la compañía y Aviones Rayet.

AJT- ¿Cómo funcionaba el plan?

JV- Era un esquema similar. Ciertas horas de vuelo no se hacían, pero sí cobrábamos las horas extra.

AJT- ¿Fue algo similar a lo del señor Castillo? ¿El Estado pagaba la factura inflada?

JV- Sí, señor.

AJT- ¿Y qué pasó con el dinero extra que el Estado pagó por esos cargos inflados?

JV- Se compraron aviones.

Como expuso el periodista Gerardo Hernández, Rayet habría incrementado su flotilla exponencialmente en poco tiempo. Y, de acuerdo con Villarreal Hernández, esto habría sido cierto:

AJT- ¿Había un avión en particular? ¿Cuántos se compraron con ese dinero extra?

JV- Yo imagino que cuando Rayet empezó ya tenía unos cinco o seis aviones. Al final tenía de 22 a 24.

AJT- ¿El incremento en el número de aviones permitió contratos adicionales de viaje con el Estado?

JV- Sí.

«Más aviones fueron comprados», pero también se movió mucho dinero en el hangar de Rayet Díaz, lugar del reparto de ganancias.

JV- La manera en la que operaba con Luis Carlos es que podía tomar el efectivo al hangar de Rayet, no estoy seguro el nombre del pueblo, Ramos (Ramos Arizpe).

AJT- Cuando dices «efectivo», ¿fue moneda estadounidense o pesos mexicanos?

JV- Mexicanos.

AJT- ¿Usted estaba presente? ¿Usted participó en las reuniones en el hangar cuando el señor Castillo entregó grandes cantidades del dinero?

JV- Sí.

AJT- ¿En cuántas ocasiones?

JV- No lo sé, de cinco a siete veces.

AJT- Durante esas reuniones, ¿estuvo presente el señor Torres con ustedes?

JV- Siempre que lo recibimos estaban Carlos y don Jorge.

El esquema utilizado para obtener recursos del Gobierno de Coahuila era a través de la venta de aviones pertenecientes a diferentes compañías en Estados Unidos.

Una de las pruebas que fue presentada contra Torres López en la corte norteamericana fue una carta de pago fechada en 2009 que Rayet LLC realizó a Villarreal Hernández por la venta de una aeronave con un costo superior a los 7 millones de dólares (mdd).

«La presente Carta Compromiso de Rayet LLC, es por el pago de la comisión de 7.2 mdd, en la operación de venta de la aeronave abajo descrita», una Gulfstream GIV 2002, serie 1470.

Este pago es presunta «comisión» de venta para evitar problemas al ingresar el efectivo a su cuenta bancaria en Estados Unidos.

JV- Los ejecutivos del banco estaban preocupados porque sus jefes preguntaban sobre el origen del dinero.

AJT- Cuando usted le dijo al señor Torres López que el banco estaba haciendo esas preguntas, ¿qué dijeron? Es decir, ¿qué le dijo a usted el señor Torres López?

JV- Que debíamos arreglar esa situación.

AJT- ¿Usted y el señor Torres López discutieron cómo arreglar la situación?

JV- Sí, con las comisiones.

AJT- Cuando usted dice comisiones, ¿son los aviones?

JV- Sí, señor.

AJT- ¿Esa fue su idea, o el señor Torres López dijo que así se resolvería el asunto?

JV- Eso fue lo que él me dijo, porque también fue idea de Rayet.

Buscar la no repetición

Aunque se intentó contactar al secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, y la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, ninguno de los teléfonos públicos fueron respondidos en el último mes; ni tampoco fue posible contactarlos por medio de sus teléfonos personales ni por correos a sus direcciones oficiales.

La contratación de Rekening S.A de C.V. sólo se puede corroborar por medio del sitio web de la Secretaría de Salud, ya que las respuestas de información pública que recibió Red es Poder confirman que ninguna dependencia tiene algún contrato oficial realizado en las transacciones que costaron más de 56 millones de pesos a Coahuila.

En la rueda de prensa del lunes 12 de julio, el gobernador Miguel Riquelme dijo que el estado fue de los mejor evaluados en materia de transparencia durante la época de pandemia, pero no supo responder el motivo por el cual las unidades de transparencia no facilitaron los documentos.

«Los contratos tienen que estar, lo vamos a revisar, no tiene ningún problema, somos de los estados que más transparentó compras en la pandemia», comentó Riquelme.

El hecho de que Rekening no cumpliera con los filtros mínimos impuestos por la Ley de Adquisiciones, los antecedentes de su dueño Luis Alfredo Rayet Díaz que lo vinculan con personajes ligados judicialmente con hechos de corrupción, así como las condiciones irregulares de la empresa, tales como las sedes y el objeto social, son elementos que, para Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, una organización civil que trabaja a favor de la transparencia, el combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos, son un indicio que podría motivar a las autoridades fiscales a investigar su estatus y legalidad.

«Que las autoridades hagan una revisión, si estas empresas están dentro de lo que la ley considera “empresas fantasma”, buscar esas características. Claramente esta empresa presenta varias de ellas», dijo la especialista.

No formar parte del padrón de proveedores, no haber sido objeto de revisión para presentar el informe que avalara que la empresa estaba en condiciones óptimas para otorgar el servicio, no tener permisos de Cofepris y tener sedes que no contaban con la infraestructura adecuada para operar, son elementos que, para la también periodista de investigación, pueden motivar una iniciativa de ley para regular y penalizar este tipo de prácticas.

«Se sugeriría una reforma a la legislación donde las autoridades, además de verificar al momento de hacer una contratación, identifiquen si la empresa que contratarán no cae en algún supuesto de “empresa fantasma”».

Hasta el momento, ese gran proyecto que omitió todos los procedimientos legales para cristalizarse, se eleva como un elefante blanco que sirve de baño público para personas que van a visitar o a dejar pacientes al Hospital General que está a su lado.

Ninguno de los trabajadores que fueron consultados saben qué pasará con él. E4

Reportaje del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.