Piña-Zaldívar, la Corte toma partido en la contienda por la silla del águila

En un intento por detener el proyecto político de la 4T que amenaza los privilegios del poder judicial, la presidenta del máximo tribunal del país inicia una guerra jurídica. El primer objetivo es su antecesor, uno de los alfiles de AMLO y hombre de confianza de Claudia Sheinbaum

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El enfrentamiento entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y el exministro en retiro Arturo Zaldívar, se enmarca en lo que algunos expertos denominan lawfare (guerra jurídica), un vocablo inglés que refiere «acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo», según el diccionario de Oxford.

Aunque el término se ha empleado desde 1975, el primer estudio significativo sobre el tema surgió en 2001 a través del Centro Carr de la Universidad de Harvard. El coronel estadounidense Charles J. Dunlap Jr., autor del ensayo, define la «guerra jurídica» como «el uso de la ley como arma de guerra».

«Todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la corte y del Poder Judicial nos obliga a presentar una denuncia de juicio político en contra de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación».

Arturo Zaldívar, exministro presidente de la SCJN

En esta línea, se puede argumentar que la ministra Piña ha llevado a la Corte al campo de batalla electoral al solicitar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que investigue una denuncia anónima dirigida contra actuales y antiguos miembros del Poder Judicial con vínculos cercanos a Zaldívar. Este último lideró el máximo tribunal del país entre 2019 y 2022 y actualmente respalda la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum (Morena-PT-Verde). Según la acusación, estos individuos habrían ejercido presión sobre jueces y magistrados, supuestamente bajo la dirección de Zaldívar, con el propósito de «satisfacer intereses personales y de terceros».

«(Zaldívar) Tiene todo nuestro apoyo, respaldo, confianza, yo lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. (La investigación del CJF) es una especie de venganza en contra del ministro».

Andrés Manuel López Obrador, presidente

Las respuestas del exministro, así como las del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y miembros de Morena, van en el mismo sentido, ya que no solo acusan a Piña de intentar intervenir en las elecciones presidenciales, sino que también han amenazado con contraatacar utilizando otro armamento jurídico: el juicio político.

«Lo que tenemos que discutir de fondo es las atribuciones que se está tomando esta Corte, ahora sí que fuera de toda norma (…) ahora ya son Ministerio Público, Poder Legislativo y Poder Judicial, todo al mismo tiempo e intervienen en el proceso electoral».

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial Morena-PT-Verde

Sin embargo, tanto la instrucción de Piña al CJF como el posible juicio político son más bien movimientos de carácter mediático, ya que ninguno de los dos tiene viabilidad legal clara. En el primer caso, la filtración de la indagatoria a los medios de comunicación complica el expediente, al vulnerar el «debido proceso» que rige la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la SCJN. En el segundo, el bloque oficialista carece de la mayoría necesaria en el Senado para llevar a cabo el juicio político y destituir a Piña.

«Que no invente historias Arturo Zaldívar y que rinda cuentas, punto. Nada más que yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña desde que es ministra de la Corte, ni siquiera la he visto, así es que deje de mentir igual que su candidata».

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial PRI-PAN-PRD

Así las cosas, el desenlace de esta «telenovela» —como la llamó el propio Zaldívar— se conocerá en los comicios del domingo 2 de junio. En ese momento, se sabrá si Morena y sus aliados obtienen los votos suficientes en el Congreso de la Unión no solo para juzgar a Piña, sino para llevar adelante la profunda reforma judicial que promete Sheinbaum y diseña el propio Zaldívar.

Esta confrontación representa una guerra encarnizada en la que el Poder Judicial se alinea con los intereses de grupos de poder fácticos que respaldan la candidatura de Xóchitl Gálvez (PRI-PAN-PRD), mientras Morena y sus aliados cierran filas torno a una figura clave para que la 4T pueda reformar el sistema judicial del país.

La denuncia anónima

La investigación contra el exministro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores está basada en denuncias anónimas que señalan presuntas actividades ilícitas durante su gestión en el CJF entre 2019 y 2022. Los cargos contra más de 60 miembros y exmiembros del Poder Judicial sugieren que hubo una vulneración de la autonomía judicial.

Entre los excolaboradores de Zaldívar, destacan Carlos Antonio Alpízar Salazar, Edgar Manuel Bonilla del Ángel y Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo investigación por corrupción, enriquecimiento ilícito, extorsión y otros delitos. También se menciona la participación de jueces y magistrados en casos de presión y resoluciones favorables, así como la vinculación con el proyecto político de Claudia Sheinbaum rumbo a 2024.

A Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, se lo acusa de haber obtenido grandes sumas de dinero y beneficios políticos por ponerse a las órdenes del exconsejero jurídico del Ejecutivo federal Julio Sherer Ibarra. Destacan presuntas presiones para aprobar Ley de Hidrocarburos, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del de Texcoco, el Tren Maya y el caso Lozoya, entre otros. Se menciona además que Alpízar y otros colaboradores amenazaron a jueces y magistrados con procedimientos, readscripciones, suspensiones e inhabilitaciones si no emitían resoluciones favorables al Ejecutivo.

A Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, se lo señala de delincuencia organizada institucional, por utilizar el Instituto para influir en procedimientos relativos a concursos mercantiles y presionar a empresas para que se declararan en quiebra a cambio de sobornos. Se menciona el caso de empresas con contratos con Pemex, que ante la negativa de declararse en bancarrota enfrentaban prácticas dilatorias y solicitudes sin fundamento para retrasar los procedimientos.

Por su parte, Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto Federal de Defensoría Pública, enfrenta acusaciones por corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito y uso indebido del cargo y de las instalaciones. Se le señala de presionar a los defensores para actuar según sus intereses, crear una unidad de peritos costosa y sin participación efectiva en procedimientos, y prohibir la promoción de amparos contra la falta de atención médica en COVID-19. Además, se le acusa de acosar a la defensora María Dolores Vera y de enriquecimiento ilícito mediante la compra de plazas para defensores, entre otras prácticas corruptas. También se le atribuye el uso inapropiado de recursos del Instituto, como la construcción de un roof garden de lujo y el desvío del presupuesto de las fiestas de fin de año.

La denuncia anónima también involucra a jueces y magistrados que supuestamente cedieron a la presión ejercida por el exministro Arturo Zaldívar. Entre ellos, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien habría dictado resoluciones favorables al «Ejecutivo federal», como la prisión preventiva de Rosario Robles. También al juez Iván Aarón Zeferín Hernández, quien participó en asuntos como Cruz Azul, familia Jenkins, el fraude a Infonavit y la llamada Estafa Maestra.

La causa también menciona al juez José Artemio Zúñiga Mendoza, quien pasó de resolver los asuntos de (Emilio) Lozoya, (Luis) Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle a ser readscrito para librar órdenes de cateo al hermano del «Mencho». Como recompensa, se le habría dado base en un juzgado en amparo penal y se le puso en la lista del presidente para ser magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

El camino legal

El pasado 17 de abril, la SCJN informó que su Pleno definirá el cauce que tome la denuncia que pesa sobre Zaldívar por presuntos actos de corrupción durante su gestión al frente del Poder Judicial. A través de un comunicado, precisó que el procedimiento contra Zaldívar está fundamentado en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Aunque Zaldívar argumenta la falta de un marco jurídico para su enjuiciamiento, la Corte sostiene que la investigación es procedente de oficio debido a presuntas faltas administrativas. Esto puede derivar tanto de denuncias como de auditorías realizadas por autoridades competentes o auditores externos.

El máximo tribunal recordó que a partir de la reforma publicada en 2020 (año en que Zaldívar era presidente de la Corte) se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas irregulares de algún funcionario, se podrá ordenar una investigación.

«Si la queja o denuncia no se acompaña de pruebas, inicialmente, pero se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, es procedente ordenar la investigación correspondiente», señala.

El comunicado del CJF no detalla a qué considera como «indicios circunstanciales», aunque se asume que serían por las declaraciones de López Obrador en la conferencia matutina del pasado 21 de febrero, cuando reconoció que pedía ayuda al ministro Zaldívar para intervenir ante jueces en resoluciones importantes para el proyecto de la 4T. Aun así, esto sería suficiente para involucrar a más de 60 integrantes del Poder Judicial.

El CJF asegura también que bajo ese último supuesto del «escenario evidente», «desde el 2018 se han iniciado investigaciones a partir de 326 denuncias anónimas», pero no menciona que en esos casos se tomaban en cuenta las pruebas y que en los años previos a la reforma se le dio entrada a denuncias anónimas que carecían de sustento.

En este contexto, Zaldívar anunció que impulsará un juicio político en contra de la ministra presidenta por abusar de sus atribuciones para dañar la imagen de la 4T y la campaña electoral de Claudia Sheinbaum.

«Todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la corte y del Poder Judicial nos obliga a presentar una denuncia de juicio político en contra de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación» acusó.

Si bien asociaciones de abogados, ministros y jueces cerraron filas con Piña, la propia ministra precisó que en el acuerdo que emitió el pasado 9 de abril no ordenó investigar a Zaldívar sino que envió la denuncia a la Corte para que esta determine si inicia o no una indagatoria. Incluso anunció que ordenó iniciar una investigación de oficio por la filtración del acuerdo de admisión de la denuncia anónima, que para Zaldívar se armó en la propia oficina de Piña.

Por su parte, Kenia López Rabadán, la jefa de Oficina de Xóchitl Gálvez, informó que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores presentará ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Zaldívar «por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal».

Mientras Xóchitl Gálvez niega una alianza con la presidenta de la Corte y pide a Zaldívar rendir cuentas, Sheinbaum aseguró que este último se mantendrá en el equipo de campaña y reprochó que los ministros de la Suprema Corte «ahora ya son Ministerio Público, Poder Legislativo y Poder Judicial, todo al mismo tiempo e intervienen en el proceso electoral». E4

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Justicia pronta y expedita… por WhatsApp

«La ministra (Norma) Piña avienta la piedra y esconde la mano. Esto no es una filtración, es una operación orquestada. 24 horas antes de que se diera a conocer públicamente en todos los chats y en las redes el auto admisorio de la denuncia, esta supuesta demanda anónima que muy probablemente se redactó en la oficina de la ministra Piña, empezó a circular en todos los chats judiciales de una manera impresionante y, antes de 24 horas la admite y después se distribuye masivamente en todos los chats de los periodistas desde el Poder Judicial», acusó el exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar (18.04.24).

El uso de la aplicación WhatsApp como medio de «amenaza» por parte de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ya había sido denunciado el año pasado por el entonces presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta.

El 17 de mayo de 2023, el hoy candidato de Morena a la gubernatura de Puebla reveló mensajes que recibió de Piña y que según él tuvieron el propósito de presionar, intimidar y amenazarlo por su labor como senador.

En el intercambio de 16 minutos que el diario español El País catalogó como el «El episodio más bizarro del ‘affair’ Norma Piña», la presidenta del máximo tribunal del país le pregunta a Armenta: «¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?», en clara referencia al impulso de la reforma judicial por parte de Morena.

Si bien Piña reconoció en una carta pública que el canal de comunicación «no fue el más apropiado», sostuvo la autoría de los mensajes en los que lanza frases como «la vida nos juzgará» y asegura que no se trata de amenazas sino de «comentarios del corazón».

«De estas tres frases, no está claro cuál le pareció a Armenta una amenaza, pero alguna sirvió de detonador para hacer pública la conversación», escribe El País.

«—Tengo 34 años de vida pública y siempre he sido electo. ¿Usted? El senador pone el dedo en la llaga. Toda esta pelea entre Morena y el Poder Judicial tiene su raíz —la última— en la embestida del partido gobernante contra la Corte al impulsar la propuesta para que los ministros sean elegidos a través del voto popular. Lo que sigue a este mensaje es una catarata de emojis riendo, muchas bendiciones de Dios, demasiados signos de admiración y perdones que no son aceptados. Armenta insiste con lo de la amenaza, Piña repite unas disculpas y entre desencuentros termina la conversación. Un bizarro episodio de 16 minutos que ha dejado memes hasta el cansancio y una sombra rara sobre la presidenta de la Corte en el momento en el que más necesita mostrarse pulcra», concluye el medio español.

Si bien Armenta «perdonó» a Piña por pedido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el nuevo frente que abre la ministra al aceptar la denuncia anónima contra Zaldívar vuelve a poner el Poder Judicial en el ojo del huracán.

Zaldívar, que renunció a la Corte el año pasado para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, donde está encargado de diseñar la reforma al Poder Judicial, ha asegurado que Piña se reunió en privado y se puso de acuerdo con los dirigentes del PAN, PRI y PRD para diseñar «la embestida» en su contra. Por ello, presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE)y una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por vulnerar la equidad de la contienda y por el probable delito electoral de uso ilegal de fondos, bienes o servicios para apoyar o perjudicar a algún candidato. E4