El derecho a elegir, al parecer, no es un derecho como cualquier otro. Es posible que no esté usted de acuerdo con el aborto, pero el punto clave es quién va a imponer sus creencias personales a otras personas. Y es que existen pocos temas que generen una división tan apasionada como este. No hay respuestas fáciles a la hora de elegir entre el derecho de un no nacido a la vida y el derecho de la mujer a hacer lo que desee con su cuerpo. Los puntos de vista al respecto, casi siempre están llenos de estereotipos que florecen en la ignorancia y la intolerancia y que, además, se apoyan en ideologías políticas altamente predictivas y en puntos de vista basados en un literalismo bíblico. Los más informados, opinan basados en los dichos de algunos científicos, los cuales para este caso no se basan en la ciencia a la cual dejan de lado, sino en sus creencias personales.
Esta clase de ignorancia, estereotipos, intolerancia e ideologías moralinas un tanto retorcidas, sumados al desprecio de los argumentos que la ciencia ya ha probado al respecto, son parte de la iniciativa de Ley presentada por el diputado panista de Coahuila Marcelo Torres Cofiño y a la que pomposamente llamó «Ley de Protección a la maternidad», propuesta que exige que las instituciones estatales tengan la obligación de proteger la maternidad y la vida del producto. En su exposición de motivos, se animó a asegurar que «En sí, la protección del derecho humano a la vida jamás podría, objetivamente, afectar los derechos legítimos de nadie, es decir, independientemente de lo que alguien piense o sienta o prefiera, la vida de nadie podría ser de ninguna manera cuestionada y, menos aún, suprimida».
Así pues, expliquemos al diputado paso por paso. Primero, la ciencia ya ha dicho que el desarrollo del cerebro y la conciencia empiezan después de las 12 semanas de la concepción. Durante este tiempo, no hay duda científica de que el feto es incapaz de cualquier forma de conocimiento consciente. Son esas mismas 12 semanas en que se realizan el 75% de los abortos (legales o no legales).
Segundo, en un mundo ideal nadie tendría un aborto y la anticoncepción sería siempre utilizada con éxito y cada niño sería un hijo deseado. Pero las cifras trágicas superan al mundo ideal. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que el aborto es seguro en los países en los que es legal, pero peligroso en los que ha sido declarado ilegal y se realiza clandestinamente, y que, a nivel mundial, el aborto representa el 13% de las muertes de mujeres durante el embarazo y el parto. Así pues, ninguna ley influye en la decisión de una mujer a tener un aborto, pero en un lugar en donde está prohibido aumentan sensiblemente los peligros de muerte para las mujeres. Por lo general, donde el aborto es legal será provisto de una manera segura.
Tercero, la OMS demostró que hay 20 millones de abortos inseguros al año y que, en ellos, 67 mil mujeres mueren y eso sucede en esos países en donde el aborto es ilegal. Si a eso le sumamos el penalizar esta práctica, entonces se perpetúa el desastre que ahora vivimos.
Podría seguir explicando al diputado Torres Cofiño sobre el legítimo derecho de las mujeres a abortar y de despenalizar esta práctica, pero una vez que uno lee lo que piensa, me queda claro que Marcelo Torres es de la clase de personas que están seguras de que la vida comienza en el momento de la concepción, así que ni estos, ni ninguna clase de argumento lo va a convencer.
¿Su iniciativa es a favor de la vida? Empecemos entonces a pensar en lo dramático que es practicarse un aborto. Aseguremos la salud de las mujeres y derechos fundamentales. Preguntémosles qué opinan, pues siempre se les deja de lado en estos debates. Oprimidas desde el inicio de los tiempos, victimizadas y violentadas por cada civilización y en cada época, sometidas por el dominio de los hombres, hoy ya toca proteger los derechos de las mujeres, su derecho humano a decidir su futuro por sí mismas y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Las mujeres no tienen que sufrir, ni disculparse o explicarse ni mucho menos ser perseguidas por hacer valer esos derechos.