La presentación del Presupuesto Federal de Ingresos y Egresos para el próximo año 2022 se convirtió, de nueva cuenta, en una noticia que generó reacciones, interpretaciones y conclusiones respecto a las decisiones que toma el poder presidencial para distribuir el dinero público del país.
La estimación de gasto siempre genera más polémica y encono dentro de los grupos gubernamentales de poder político porque justamente es el presupuesto el que permite consolidar promesas de campaña con obras y acciones que justifiquen la permanencia de los grupos en el poder, sin embargo, el presupuesto de ingresos casi nadie o nadie lo discute, solo cuando hay nuevos impuestos o aumento de gravámenes existentes.
En esta ocasión, salvo algunas excepciones de cámaras industriales y empresariales que observan aún un débil y cuestionable sistema fiscal de captación de recursos a través del pago de impuestos, nadie cuestionó la propuesta presidencial sobre los ingresos de la federación, como los datos del precio del barril de petróleo y, sobre todo, las estimaciones de crecimiento económico, el índice inflacionario e incluso las posibles devaluaciones.
El tema llama la atención pues las proyecciones oficiales pronostican niveles de crecimiento económico que ni siquiera se vivieron en México en los últimos 10 años —antes de la pandemia— y, por consecuencia, se establecen escenarios muy optimistas de la situación económica y financiera para las arcas federales.
Respecto al presupuesto presentado por el poder presidencial se privilegian nuevamente los proyectos federales que aumentan mes a mes sus costos, tales como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y las refinerías, además de recursos extraordinarios para Pemex y CFE, dos industrias altamente cuestionadas, una por sus estados financieros y la segunda por su falta de efectividad y rendimiento.
En contraparte el gasto en seguridad nuevamente se centraliza en una sola figura: la devaluada y engañosa Guardia Nacional, total y abiertamente militarizada —aun y cuando se prometió que sería civil— y los recursos destinados para las fuerzas armadas militares y navales de nuestro país.
Para los estados y municipios, en el fortalecimiento de sus cuerpos de seguridad con recursos, simplemente se disminuyen cada vez más los fondos y se apuesta a una coordinación interinstitucional de combate a la inseguridad, solo con dinero para una de las partes.
En salud, el presupuesto federal disminuye hasta en un 40% y solo se mantienen recursos de obras y proyectos que no se cumplieron en este año ante el argumento de austeridad y desviación de dinero para la compra de insumos médicos de combate a la pandemia y compra de vacunas que aún son insuficientes.
Incluso en compra de vacunas el gasto se reduce casi a la mitad de lo que se aprobó para este año 2021 y no se vislumbra la posibilidad de compra de vacunas por parte del gobierno federal para menores de edad.
Seguramente la propuesta presidencial se mantendrá sin cambios y poco o nada lograrán legisladores de oposición al régimen presidencial por consecuencia una buena parte de los gobernadores y alcaldes deberán, nuevamente, aplicar políticas de priorización y, sobre todo, alternativas de financiamiento para sus proyectos, que incluyen la posibilidad latente de más endeudamiento.
