¿Realmente tenemos finanzas públicas sanas?

Lo dudo. Analicemos si realmente ello es así. Finanzas públicas saludables deben cumplir, al menos, tres principios:

El primero, la suficiencia de los ingresos para financiar los gastos públicos. La justificación legal de los impuestos surge de la obligación constitucional que tenemos de contribuir, vía impuestos, al financiamiento de los gastos públicos. Este requisito de suficiencia no se cumple cabalmente. En los pasados cuatro años se ha registrado un déficit (medido en términos de lo que la SHCP denomina requerimientos financieros del sector público) equivalente a 3.8% del PIB, en promedio; en 2022 este déficit fue de 3.8%, y se estima que ascenderá a 4.5% en 2023.

El segundo principio, de equidad, surge también de lo que establece nuestra Constitución, en el sentido de que todos debemos contribuir al financiamiento del gasto público en proporción a nuestra capacidad de pago. Este requisito de proporcionalidad tampoco se cumple. La distribución de la carga impositiva en México es regresiva, es decir, pagan proporcionalmente más quienes menos capacidad tienen, contrariamente a lo que ordena la Constitución. Desde antes de 2018, los impuestos indirectos, como el IVA y otros gravámenes al consumo, que son por su naturaleza regresivos, aportan a los ingresos del Gobierno un monto similar al de las contribuciones directas, incluidas las aportaciones a la seguridad social (6.2% vs 9.6% del PIB), lo que evidencia la falta de equidad en la distribución de la carga fiscal. La situación es muy diferente en países con menos desigualdad que el nuestro. Por ejemplo, en Dinamarca, en 2021, la recaudación por concepto de impuestos indirectos representaba 13.9% del PIB, mientras que la proporción correspondiente a los directos era 30.8%; en Alemania las cifras fueron 10.5% y 27.8%; en los países de la OCDE, en conjunto, fueron 10.6% y 20.5%. Este problema de inequidad no ha sido atendido por el actual Gobierno, pues se ha rehusado a llevar a cabo una reforma fiscal que resuelva éste y otros problemas de nuestro sistema tributario.

El tercer principio para cumplir para tener finanzas saludables se refiere a la calidad y suficiencia del gasto público, es decir si los gastos cumplen cabalmente con las obligaciones que la constitución y las leyes imponen a los Gobiernos. Los impuestos que el Gobierno federal recauda de sus gobernados solo deben usarse para cumplir las obligaciones que las leyes marcan y que jura cumplir al asumir el cargo. En tal virtud el Gobierno está obligado a invertir los recursos que le entregan los contribuyentes para atender los derechos de la población establecidos en la Constitución Política Mexicana. Estos los podemos agrupar en cuatro prioridades relacionadas:

• La primera y más importante es invertir directamente en las personas, para proporcionarles educación de calidad y la atención suficiente y oportuna a la salud; así como garantizar la seguridad pública, la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos.
• La siguiente es la inversión en infraestructura para los servicios de agua limpia, electricidad, transporte, vivienda, espacios urbanos cómodos y eficientes, y redes digitales, entre otros.
• La tercera prioridad es el cuidado del capital natural, esto es la protección a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.
• La cuarta es la promoción de la inversión empresarial, para que genere empleos suficientes y de calidad, y fortalezca las finanzas públicas, por medio de la contribución justa, oportuna y transparente.
• El Gobierno de la 4T tampoco ha cumplido estas obligaciones.
• El gasto en educación y salud es a todas luces insuficiente, de 2018 a 2022 la proporción de población con rezago educativo aumentó de 19% a 19.4%: La proporción de la población sin acceso a los servicios de salud pasó de 16% a 39%.
• En materia de seguridad pública se ha dejado de apoyar a los Estados y lo que se invierte en ese rubro y en el de procuración de justicia es insuficiente, o se asigna ineficazmente, como lo demuestran cotidianamente los hechos.

El Gobierno ha expresado recientemente su intención de recortar de manera sustancial el presupuesto para la impartición de justicia.

Las obligaciones pensionarias a cargo del erario federal han crecido en forma acelerada, 3.5 veces más que los ingresos, situación insostenible, con el consecuente riesgo de que la hacienda pública sea incapaz de solventar estas obligaciones en un futuro.

Los recursos para infraestructura se han malgastado en proyectos de muy dudosa rentabilidad social, carentes de los estudios y permisos previos, lo que ha significado costos muy superiores a los presupuestados y que el medio ambiente haya sufrido daños sustanciales e irreparables.

Enormes sumas se han desperdiciado en la cancelación del aeropuerto Texcoco y en los excesos en la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA, además de las cantidades ingentes de fondos transferidos a Pemex y CFE para atender sus problemas financieros, sin que estos se hayan resuelto.

Para empeorar las cosas, se frenó la inversión privada en el sector de energía y se ha descuidado la infraestructura del resto del país, como lo ilustra la falta de líneas de trasmisión de energía en diferentes regiones, el fuerte rezago en la generación de energía limpia, la saturación de tramos importantes de carreteras y de algunos puertos fronterizos, la muy limitada capacidad de almacenamiento de hidrocarburos y la escasez de agua en una porción significativa del territorio nacional.

Estas deficiencias afectan directamente nuestro potencial de crecimiento y en particular nuestra capacidad para aprovechar las oportunidades de la relocalización de empresas (nearshoring) que está en marcha.

En suma, no, no tenemos finanzas sanas. No puede hablarse de finanzas públicas sanas cuando los déficits públicos “manejables” se logran a costa de restringir los derechos de la población y de mantener un sistema tributario injusto.

Hay enormes distorsiones y riesgos latentes. Nuestras finanzas no son sanas ni son sostenibles. Se debe actuar para reordenar el gasto y atender las debilidades del sistema tributario.