La reforma electoral que busca el poder legislativo federal será la nueva novela para gobernantes, gobernados y sobre todo partidos políticos, pues puede ser usada como letra de cambio político de protección, continuidad y conquista de nuevos espacios, más allá de los beneficios o perjuicios para la incipiente, débil y altamente amenazada, democracia de los mexicanos.
Como parte del entorno previo a esta discusión y negociación de partidos, la alianza opositora del PAN, PRI y PRD, parece prácticamente muerta ante las posturas y diferencias en el bloque, sobre todo por las negociaciones previas del tricolor en la aprobación de ese partido para que la Guardia Nacional pase al control de la SEDENA.
Para los albiazules el riesgo de la reforma es alto, sobre todo si te toca al Instituto Nacional Electoral (INE) organismo criticando, señalado y que constituye un blanco político de la actual administración federal:
Los constantes ataques sumados a los recortes presupuestales generan dudas e incertidumbre sobre el futuro del INE y sobre todo de la posibilidad de que las elecciones en el futuro no sean organizadas y sancionadas por los ciudadanos, sino por las autoridades federales, como sucedía hace más de 30 años con resultados altamente cuestionados por la historia electoral del país.
Ciertamente la reforma electoral es necesaria para modernizar y actualizar el marco legal, procedimientos y recursos de impugnaciones; antes, durante y después de cada elección de los tres niveles de Gobierno.
La última reforma se promulgó en el 2014, hace 8 años, tiempo en el que si bien es cierto no cambiaron las condiciones, incluso para la alternancia en el poder, también es real que partidos políticos, aspirantes y candidatos y entes de Gobierno federal, estatal y municipal, aprovechan muchas lagunas, omisiones y falta de voluntad para aplicar las leyes electorales, salvo honrosas y raras excepciones.
En el proceso no se trata de no tocar al INE o de no eficientar y buscar bajar el costo y gasto de un ente que puede ser cuestionado por esas razones, se trata de mejorar al INE, fortalecerlo y sobre todo respetar los lineamientos, reglas y leyes electorales ante los tribunales estatales y federales.
El hecho de aprobar la reforma en lo que resta del año, es decir menos 70 días, se antoja difícil y seguramente serán poco más de dos meses, de encuentros y reuniones y sobre todo de negociaciones para que todos ganen y aunque algunos pierdan, lo de menos sea lo que el ciudadano opina y desea.
Llama la atención que el proceso inicie justo antes de que se definan candidaturas oficiales y campañas de las últimas elecciones antes del 2024, tal vez para que los amarres para esos comicios puedan ser la antesala de los que se buscan para el relevo presidencial.
Cada vez es más clara la postura del partido oficialista y la efímera y débil oposición para reformar las leyes electorales de nuestro país, proceso encaminado para que partidos políticos, gobernantes, grupos de poder y suspirantes sean los beneficiados.
Esta puede ser, tal vez, la oportunidad de la oposición, de demostrar al oficialismo que debe respetar la ley y que debe garantizar la pluralidad y democracia que los mexicanos desean y necesitan urgentemente.
Más allá de los cambios necesarios que pueden aportar todos los protagonistas de la reforma, no hay que perder de vista, que es un proceso político de estiras y aflojes, entre partidos, gobernantes y grupos de poder económico y social que resultarán en una reforma que difícilmente garantizará equidad, igualdad y legalidad en los procesos electorales del país.
