Uno de los proyectos políticos más importantes de la actual administración federal es la reforma eléctrica, que busca otorgar a la Comisión Federal de Electricidad el control y supremacía para generar energía, sin mantener posibilidad para que particulares puedan producir para consumo propio o venta que genere una libre competencia de la oferta y la demanda.
El nuevo presidencialismo pretende controlar la producción, distribución y venta de energía como parte de la estrategia de sometimiento social que no necesariamente beneficiará a todos los pobladores, bajo el argumento de que los contratos a particulares que hoy venden electricidad, incluso para la CFE, llevan ventaja económica para la iniciativa privada en detrimento de las finanzas y el erario público federal.
Sin mostrar pruebas fehacientes de dichas afirmaciones, el Gobierno federal, incluso no acepta que es mejor la generación de energías limpias a precios más bajos que las tarifas públicas oficiales de producción de electricidad bajo esquemas de quema de carbón que afectan radicalmente al medio ambiente.
Más allá de las filias y fobias políticas, además de los señalamientos de la iniciativa privada y la oposición política, hasta ahora ni siquiera en la tribuna legislativa federal se logró sustentar la petición presidencial y tampoco el posicionamiento de los opositores.
La discusión en la tribuna se registrará hasta el próximo año y se convierte en una letra de cambio para la negociación política entre el presidencialismo y los partidos políticos de oposición, así como grupos de poder económico y empresarial de nuestro país.
Ninguno de los posicionamientos —a favor y en contra—, ofrecen garantías a los ciudadanos de mejorar precios y tarifas y de proteger el dañado medio ambiente a través de la producción de energías sustentables con limpieza para la atmósfera que respiran los ciudadanos.
En México, como en Estados Unidos, no hay intención de dejar de quemar carbón para generar electricidad, después de que en la reciente reunión internacional de la COP-25, el Gobierno federal de nuestro país se negó a firmar un manifiesto para disminuir las acciones de generación de energía eléctrica a través de la quema de combustibles.
Tampoco hay intención de bajar precios y tarifas con el fomento de la libre oferta de demanda que mejore el servicio y sobre todo los pagos de los ciudadanos, por el contrario, hay disposición de pagar millonarias cantidades de dinero para finiquitar contratos establecidos con anterioridad.
La cerrazón obstinada del presidencialismo se topó con pared hace algunas semanas, cuando el embajador de Estados Unidos acudió a Palacio Nacional para conversar con el presidente y pedirle que reconsidere su propuesta de reforma.
El encuentro matutino generó una respuesta mediata y por la misma tarde se decidió prolongar la presentación, discusión y posible aprobación de la iniciativa para el próximo año 2022, por cierto, año electoral en que se realizarán comicios en varios estados del país.
Dicen por ahí que el miedo no anda en burro, por eso el cambio de señal ante la reacción norteamericana que significa la primera respuesta del nuevo gobierno vecino que solo permitirá ciertos movimientos del presidencialismo mexicano, siempre y cuando no afecten sus intereses económicos y políticos.
A esperar y luego evaluar la nueva discusión el próximo año, los cambios a la propuesta y la discusión legislativa, pero sobre todo a analizar si presentan señales para que lograr beneficios verdaderos para los ciudadanos o solo a los políticos y los gobernantes.
