Reforma judicial: ¿justicia para todos y final del nepotismo y la corrupción?

Ninguno de los cambios promovidos por la 4T incomodó tanto a los grupos de interés como el recién aprobado. La enmienda pone en jaque a un poder que opera bajo la sombra de los favores y los privilegios. Mientras los jueces alzan la voz, la ciudadanía reclama un cambio profundo y duradero

La Corte de Estados Unidos iría también a las urnas

El respaldo electoral que recibió la 4T en las elecciones de junio no solo fortaleció el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino que le proporcionó las herramientas necesarias para abordar uno de los reclamos sociales más profundos: poner fin a un sistema de justicia elitista y selectivo.

«Es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad, y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros (…) vamos a dar un ejemplo al mundo».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

La reforma judicial es quizás la «transformación» más vinculada a la promesa de combatir la corrupción con la que AMLO llegó al poder, y no había mejor forma de asegurar su cumplimiento que legitimarla en las urnas. Así lo interpretaron los millones de mexicanos que en junio pasado votaron por Claudia Sheinbaum y otorgaron a Morena la mayoría calificada en el Congreso.

«El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado y se construye una verdadera democracia y un verdadero estado de derecho. Demos significa pueblo, krátos: poder. El poder del pueblo».

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México

Aunque alineadas con el combate a la corrupción, las reformas en materia de seguridad y crimen organizado (extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, Guardia Nacional), así como las de austeridad (fin de partidas secretas, condonación de impuestos, límites salariales para servidores públicos), los nuevos derechos (salud preventiva, programas sociales, reforma educativa) y los cambios en el régimen político (restricción del fuero presidencial, revocación de mandato, consulta popular, entre otros), dejaron la sensación de que, como bien señala la oposición, aún se podía hacer mucho más para enfrentar la impunidad.

«La ministra presidenta de la SCJN y el CJF, Norma Lucía Piña Hernández (…) reitera el llamado al diálogo pacífico, abierto y responsable como el camino para resolver nuestras diferencias y avanzar hacia la reconciliación y paz».

Suprema Corte de Justicia de la Nación

De ahí que la iniciativa presentada por el Ejecutivo en febrero pasado y aprobada por el Congreso en las primeras semanas de septiembre, apuntara a «cortar el copete de los privilegios» (según palabras de AMLO) e incluyera: la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 y la desaparición del Consejo de la Judicatura, el cual será reemplazado por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.

La elección popular de jueces fue el punto más impugnado por los poderes fácticos. Nuevamente recurrieron a la estrategia de sembrar miedo entre la sociedad en lugar de ofrecer alternativas. La contrapropuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no solo llegó tarde, sino que carecía de legitimidad debido a su cercanía con grupos empresariales y el líder del PRI, Alejandro Moreno.

En este contexto, a pesar de las recurrentes «advertencias» sobre la posible inestabilidad económica y política del país, AMLO abordó uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía. Y aunque aún está por verse el impacto en los índices de impunidad (que superan el 96%, según México Evalúa), el cambio se presenta como necesario para sacar al país de las antípodas de la justicia.

Un camino sinuoso

La insistencia de López Obrador en que la reforma judicial sería aprobada en el inicio de la nueva legislatura desató protestas. El 2 de septiembre, trabajadores de la SCJN se unieron al paro de labores del Poder Judicial. La decisión habría sido respaldada por casi el 90% de los empleados que votaron la medida de fuerza, según fuentes judiciales.

A pesar de las manifestaciones, la iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja durante la madrugada del 4 de septiembre. La votación de 359 votos a favor y 135 en contra se llevó a cabo en una en una sede alterna debido al bloqueo de San Lázaro.

Justo antes de la discusión final en el Senado, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, presentó una contrapropuesta. «La demolición del Poder Judicial no es la vía», argumentó. El proyecto —dijo la ministra— es resultado de un proceso reflexivo y autocrítico de jueces, magistrados federales, personal jurisdiccional y sistemas de justicia locales, y busca enriquecer el debate sobre la reforma judicial. López Obrador calificó el movimiento de la Corte como una «intromisión burda».

El documento titulado «Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas», presentado por Piña, reconoce que más del 37% de los servidores públicos en activo en el Poder Judicial tienen relaciones familiares. Aunque esto representa una mejora con respecto al 49% de 2022, aún es insuficiente.

La reforma pasó sin obstáculos por la Cámara de Diputados, pero su aprobación en el Senado requería que Morena y sus aliados (PT-PVEM) sumaran al menos un voto para alcanzar los 86 de mayoría calificada.

La reforma al Poder Judicial se aprobó finalmente en lo general durante la madrugada del 11 de septiembre, en la sede alterna del Senado en Xicoténcatl. Los legisladores fueron trasladados bajo un fuerte operativo policial que incluyó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Mientras tanto, en el recinto, la tribuna permaneció tomada por senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, en señal de protesta.

El voto que inclinó la balanza fue el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien sus correligionarios acusaron de traidor. También jugó a favor de Morena la ausencia del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, con lo que la reforma fue aprobada por 86 votos a favor y 41 en contra.

«Felicito a los senadores de nuestro movimiento por la aprobación de la Reforma Judicial. El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado y se construye una verdadera democracia y un verdadero estado de derecho. Demos significa pueblo, krátos: poder. El poder del pueblo», escribió la presidenta electa Claudia Sheinbaum en su cuenta de X.

«Es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre, esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial, yo soy uno de estos últimos», dijo AMLO en conferencia de prensa el mismo 4 de septiembre.

Sobre el voto clave de Yunes Márquez, López Obrador rechazó cualquier tipo de negociación o presión, como sugirieron los panistas. «Tengo diferencias con él que son públicas, notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar, es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios… Nada, nada, absolutamente (se negoció), y saben ¿por qué?, porque así son los conservadores, creen que todos somos iguales», apuntó.

«Creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad, y se va a avanzar mucho, cuando sea el pueblo de manera libre el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial, está más que demostrado, no imparte justicia; los jueces, magistrados y ministros —con honrosas excepciones— están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país», agregó.

¿Qué implica la reforma?

La mesa directiva del Senado turnó a los congresos locales el proyecto de decreto de la reforma al Poder Judicial. Para entrar en vigor, deben aprobarlo al menos 17 legislaturas. Morena es mayoría en 27.

Entre los principales cambios, la reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 y acorta su mandato de 15 a 12 años. Asimismo, se elimina la división en dos salas, estableciendo únicamente sesiones plenarias públicas, lo que deja sin efecto las reuniones privadas. Para la aprobación de sentencias, se requerirán seis votos, modificando la actual mayoría necesaria.

También establece que las remuneraciones de ministros y jueces no podrán superar el salario del presidente de la República, y elimina las pensiones vitalicias otorgadas al concluir su encargo. Con estas medidas, se busca reducir el costo para el Estado y limitar los beneficios posmandato, en línea con la política de austeridad promovida por el Gobierno.

Uno de los cambios más debatidos es la propuesta de nombrar a los ministros, magistrados y jueces mediante voto popular cada tres años, en concurrencia con las elecciones federales. Los candidatos serían propuestos en partes iguales por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La primera elección tendría lugar en 2025.

La reforma reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos organismos: uno para la administración del sistema judicial y otro, el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar la conducta de jueces y ministros. Este Tribunal permitirá que cualquier persona o autoridad presente denuncias contra el personal judicial.

Además establece un plazo máximo de seis meses para que los jueces resuelvan las controversias. Si no cumplen con estos plazos, el Tribunal de Disciplina investigará las razones del retraso y podría imponer sanciones para asegurar la eficiencia del sistema judicial.

Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días para ajustar sus leyes locales, garantizando la independencia de jueces y magistrados y su elección por voto directo y secreto. Deberán establecer órganos independientes para la administración y disciplina de sus tribunales.

Los fantasmas sobre el riesgo económico para México se espantaron ni bien fue aprobada la reforma. El 11 de septiembre, el peso mexicano cerró ante el dólar con una apreciación de 1.48%, con lo que el tipo de cambio se ubicó en las 19.79 unidades.

La apreciación fue impulsada por los datos locales de producción industrial y el retroceso que observó el dólar estadounidense después del debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, así como la cifra de inflación en Estados Unidos.

Durante la madrugada en que se discutió la reforma en el Senado, la paridad tuvo un comportamiento volátil, tocando un máximo de 20.15 y un mínimo de 19.75.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó 0.44% o 222.65 puntos respecto al cierre previo, con lo que su principal indicador, el S&P BMV IPC, concluyó la sesión en 51 mil 195.76 unidades. E4

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La Corte de Estados Unidos iría también a las urnas

La confianza pública en el Tribunal Supremo está en su nivel más bajo. Biden pide retirar inmunidad a expresidentes por crímenes durante su ejercicio

Aunque el Gobierno de México declaró «una pausa» en las relaciones diplomáticas con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por sus comentarios sobre la reforma judicial, irónicamente Estados Unidos someterá a la prueba de las urnas a la Corte Suprema.

El presidente Joe Biden reafirmó, el 29 de julio, su intención de reformar la Corte Suprema. La razón es que el tribunal ha sido instrumentalizado para «avanzar una agenda (política) extrema y sin escrutinio».

La propuesta de enmienda a la Constitución incluye que los expresidentes pierdan la inmunidad por crímenes cometidos durante su mandato, la eliminación del cargo vitalicio para los jueces, y la implementación de un código ético vinculante que regule la conducta de estos funcionarios. Las medidas buscan garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial y político.

La aprobación de la propuesta parece improbable en un Congreso polarizado y con las elecciones presidenciales de noviembre en puertas, pero al menos la iniciativa de Biden abrirá el debate importante. Esto ocurre en un momento en que la confianza pública en la Corte Suprema de está en su nivel más bajo, lo que podría generar presión para futuras reformas.

La creciente indignación por las decisiones de la Corte, dominada por una mayoría conservadora, podría motivar a los votantes a apoyar a la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, en lugar del republicano Donald Trump. La percepción de que la Corte actúa en contra de los intereses progresistas podría inclinar la balanza en favor de Harris, quien promete abordar estas preocupaciones y reformar el sistema judicial.

En este contexto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que, hasta el momento, no había tenido diferencias significativas con el gobierno de Joe Biden, excepto por las críticas del embajador Ken Salazar sobre la reforma al Poder Judicial. El mandatario expresó su confianza en que su sucesora, Claudia Sheinbaum, mantendrá una relación positiva con el próximo presidente de EE. UU., sin importar el resultado de las elecciones.

El pasado 1 de septiembre, en el marco de su sexto y último informe de Gobierno, AMLO convocó a los asistentes al Zócalo a una votación a mano alzada sobre la reforma al Poder Judicial que envió al Congreso de la Unión el 5 de febrero.

«A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija —y a los jueces— el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones, que levanten la mano. No hay abstenciones. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo» apuntó.

El mandatario dirigió un breve mensaje al Gobierno de Estados Unidos. «Lo digo con todo respeto y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces, que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América, de (Alexis) de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran nación a partir de la democracia», remarcó.

Al concluir su mensaje, AMLO reiteró que se retirará de la vida pública el 1 de octubre después de entregar la banda presidencial a Sheinbaum, a quien reafirmó su confianza para que encabece la continuidad del proyecto de transformación y consolide algunas acciones pendientes.

«Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y, sobre todo, de buenos sentimientos, de buen corazón; afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía: Claudia Sheinbaum Pardo», añadió. E4