Reformas de AMLO, arma de doble filo; debilitan a opositores y limitan a Claudia

El paquete de 20 iniciativas que AMLO envió al Congreso tiene un doble propósito electoral: exhibir al bloque opositor como «conservador» y garantizar la continuidad de las políticas sociales de la 4T. ¿Representan un lastre o una ventaja para la aspirante de Morena? Las opiniones difieren

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El carácter electoral del paquete de 20 reformas (18 constitucionales y 2 legales) que el Ejecutivo envió al Congreso el pasado 5 de febrero es indiscutible. Incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo reconoció en conferencia de prensa: «(Se presentaron) porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir» (10.02.24).

«Que todo el mundo sepa que (los candidatos de oposición) están en contra de que suban las pensiones, de que suba el salario mínimo, porque un día dicen una cosa y otro dicen otra (…) ¿cómo puedo suponer que alguien esté en contra de que haya nuevas pensiones?»

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena-PT-PVEM

También está claro su doble propósito: 1) exhibir el conservadurismo y la escasez de propuestas de la alianza PRI-PAN-PRD que encabeza Xóchitl Gálvez de cara a las elecciones del próximo 2 de junio y 2) garantizar la continuidad de las políticas de la Cuarta Transformación (4T).

«Que no vengan con la manga del muerto (…) Estaría dispuesta a votar el tema de vivienda, de Jóvenes Construyendo Futuro, de protección animal, de la pensión de adultos mayores (…) para que no tenga ninguna duda (…) de mi convicción de apoyar a los más pobres»

Xóchitl Gálvez, candidata de PRI-PAN-PRD

Sin embargo, los analistas difieren sobre el impacto que el debate tendrá sobre la figura de Claudia Sheinbaum. Y es que si bien la aspirante presidencial morenista se verá beneficiada por el confuso posicionamiento del bloque opositor (que varía entre el rechazo total [que varía entre el rechazo total (PRI) y el apoyo a algunas medidas populares (PAN)], también será blanco de críticas por someterse a las «ocurrencias» del mandatario (Jorge Alcocer dixit) y verá reducido el margen de maniobra de su eventual Gobierno.

«Es una jugada maestra (de AMLO). Le da contenido y (…) edifica la propuesta electoral de Sheinbaum, (además) marca la escasez de ideas de la oposición, (…) que están más interesados en entrar en las listas de candidatos a la Legislatura para no perder sus espacios de poder»

Fidel Flores, periodista de Interés Público

Por lo pronto, Sheinbaum hizo propias las propuestas e instruyó a los candidatos a diputados y senadores de Morena, PT y PVEM a difundir su contenido y promover el debate para «hacer campaña». También se lanzó contra sus opositores: «Que todo el mundo sepa que están en contra de que suban las pensiones, de que suba el salario mínimo, porque un día dicen una cosa y otro dicen otra» (Reforma, 10.02.24).

«Quien realmente pierde capacidad de acción con esta batería de reformas no es Xóchitl, sino Claudia. Es ella quien ahora pasará una buena parte de su campaña electoral politizando, entre sus propias bases, las ideas de López Obrador en vez de las suyas»

Viri Ríos, analista de Milenio

Para Gálvez las reformas no solo son un «distractor» sobre los escándalos que envuelven a AMLO (inseguridad, posible financiamiento ilegal de sus campañas, corrupción, etc.), sino que buscan confundir a los electorales.

«Que no vengan con la manga del muerto, que nosotros estamos en contra de la pensión de adultos mayores, yo le voté la reforma constitucional para que la pensión sea a partir de los 68 años, ahora le quiere poner en 65 (…) Estaría dispuesta a votar el tema de vivienda (para trabajadores), de Jóvenes Construyendo Futuro, de protección animal, de la pensión de adultos mayores. Yo misma votaría a favor para que no tenga ninguna duda el pueblo de México de mi convicción de apoyar a los más pobres», atajó (El Universal, 10.02.24).

Pero más allá del cálculo electoral, el «paquetazo» de reformas puede sentar las bases para modernizar el vetusto sistema político, electoral y judicial del país.

No obstante, la discusión debería alejarse de los extremos. Tanto de aquellos que se rasgan las vestiduras por la desaparición de órganos «autónomos» y en defensa de un Poder Judicial putrefacto, como del romántico discurso oficialista de «salvar al pueblo».

Lo que está en juego

Una buena parte de las reformas enviadas al Congreso tiene el claro objetivo de proteger la herencia política de AMLO.

Para lograrlo, se busca elevar a rango constitucional los principales programas sociales del Gobierno federal, como las becas Benito Juárez a estudiantes de escasos recursos, los apoyos a campesinos a través de Sembrando Vida, las capacitaciones y ayudas a «ninis» de Jóvenes Construyendo el Futuro o los fondos para pequeños y medianos productores de granos (maíz, trigo harinero, frijol y arroz), café y caña de azúcar que se otorgan a través del programa Producción para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En el mismo sentido, propone que la Constitución prohíba fijar el salario mínimo por debajo de la inflación —como ha sucedido en la últimas cuatro décadas—, con lo cual se blindaría uno de los mayores avances de la 4T: aumentos periódicos para que los sueldos recuperen su valor real y las clases media y baja no pierdan poder adquisitivo.

También apunta a convertir en leyes algunos decretos, como la prohibición del maíz transgénico, la minería a cielo abierto y la técnica de fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas shale (esquisto gaseoso). Pese a la resistencia de empresas y Gobiernos estatales (como el de Coahuila), que ven un lucrativo negocio en esta área, se trata de medidas populares que se inscriben en la protección el medioambiente y el combate al calentamiento global, uno de los fuertes de Claudia Sheinbaum (Espacio 4, 723).

Otro segmento de las iniciativas tiene que ver con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y los demás poderes del Estado.

Entre ellas, la reducción a la mitad del financiamiento a los partidos políticos, el adelgazamiento del Congreso (menos diputados y senadores) y la reestructuración burocrática de las instituciones electorales (recortes presupuestarios, desaparición institutos locales y elección popular de consejeros, entre otros), las cuales levantan ámpula entre los políticos de oposición, pues amenazan sus privilegios. Estas medidas, que formaron parte del fallido «plan A» y generaron protestas ciudadanas, deberían ser debatidas a fondo para determinar sus pros y contras.

En la misma línea, la reforma al Poder Judicial (reducción de salarios y elección popular de ministros, magistrados, jueces, entre otras) y la desaparición de 18 órganos autónomos son quizás las propuestas que más rechazo generan, bajo el argumento de que ponen en juego la división de poderes y la supervivencia de organismos clave, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai).

Sin embargo, algunos aspectos de la reforma judicial, como la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), podrían allanar el camino para erradicar la corrupción en tribunales, aminorar los índices de impunidad y acabar con el nepotismo en uno de los aparatos más costosos y menos eficaces del Estado.

Por último, las propuestas de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de prohibir el consumo de fentanilo y la venta de vapeadores pueden ser leías como un reconocimiento del fracaso en materia de seguridad. Pese a los esfuerzos del Gobierno por matizar las estadísticas sobre homicidios dolosos y negar la pérdida del control de regiones enteras a manos del narcotráfico, la ola de violencia está obligando a AMLO a repetir dos estrategias que criticó de sus antecesores: la militarización y el prohibicionismo.

¿Lastre o ventaja?

La reforma al sistema de pensiones, que incluye reducir la edad de retiro a 65 años y el aumento de jubilaciones hasta el 100% del salario, será uno de los temas centrales de la arena electoral de este año, en las que el presidente juega un papel central.

Además del fuego cruzado entre las aspirantes presidenciales, la propuesta genera críticas por su viabilidad económica. «En caso de ser aprobada, (…) responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050», señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en un comunicado (06.02.24).

El Imco también considera que el aumento del salario mínimo debería incluir otros factores económicos como la productividad y los costos de operación de los empleadores. «De lo contrario, pueden representar un incentivo para la informalidad», advierte.

Además, alerta sobre una «presión adicional en las finanzas públicas» derivada de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y sobre la «violación al T-MEC» que representaría desaparecer organismos reguladores para concentrar las funciones en secretarías de Estado, «cuya imparcialidad sería cuestionable».

La mayoría de los analistas coincide en que el rechazo al paquete de iniciativas, en particular la reforma a pensiones, exhibirá a la oposición como un bloque conservador que busca proteger sus intereses a costa de los más pobres, lo cual beneficiaría a Sheinbaum.

Para Fidel Flores, editor del portal Interés Público, se trata de «una jugada maestra», de AMLO, pues «le da contenido y prácticamente edifica la propuesta electoral de Sheinbaum, (además) marca la escasez de ideas de la propuesta de la oposición, en la que los tres partidos que la integran están más interesados en entrar en las listas de candidatos a la Legislatura para no perder sus espacios de poder ni el ingreso de sus salarios» (Agencia Télam, 10.02.24)

Sin embargo, para Javier Oliva Posada, profesor investigador de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la apuesta del mandatario es «condicionarle el mandato a la futura presidenta», ya sea Gálvez o Sheinbaum.

En esto coincide, la politicóloga Viri Ríos en su columna «El objetivo encubierto de las últimas reformas de AMLO» (Milenio, 05.02.24). «El objetivo principal (…) no es influir en la elección, sino en lo que pase después de ella. (…) La discusión de pensiones y salarial son dardos que la oposición deberá sortear con cuidado. Sin embargo, el objetivo real de esta discusión es mucho más ambicioso que ello. (…) El público que se busca influir (…) no es el votante general (al cual le importa poco), sino al Obradorista (el cual sí está muy politizado). (…) Así, quien realmente pierde capacidad de acción con esta batería de reformas no es Xóchitl, sino Claudia. Es ella quien ahora pasará una buena parte de su campaña electoral politizando, entre sus propias bases, las ideas que López Obrador plantea en sus reformas, en vez de las que Claudia ha expresado deseo por politizar», señala.

«En México la renovación de la Legislatura es automática, y entonces luego de las elecciones del 2 de junio, ya con la definición presidencial, los nuevos diputados y senadores asumirán sus bancas y de acuerdo a cómo salga el resultado, podrán tratar el proyecto con AMLO todavía en el poder, ya que el traspaso de mando se realizará el 1 de octubre», agrega Flores.

López Obrador lo confirma: «Puede ser que (la reforma) no pase ahora (en el Congreso), pero puede ser que pase después. ¿Para qué son las elecciones? Es para recoger la opinión del pueblo en todo sentido, no sólo para elegir al presidente o presidenta, diputado, senador», indica. E4

Lo bueno, lo malo y lo feo de las iniciativas

	Iniciativa	Posibles beneficios	Críticas y desventajas
1	Pueblos indígenas	Se reconocerían sus derechos y se les otorgaría personalidad jurídica.	Temores sobre la entrega de recursos con fines electorales.
2	Pensión a adultos mayores	Se bajaría la edad de retiro a 65 años.	Presión presupuestaria por aumento de la población adulta.
3	Becas estudiantiles	Se elevarían a rango constitucional, por lo que no pueden ser eliminadas.	Presión sobre las finanzas públicas.
4	Atención médica universal gratuita	Garantizaría el acceso a la salud, incluyendo estudios, intervenciones y medicamentos.	Sobrecarga del sistema de salud y opacidad en las licitaciones a proveedores.
5	Viviendas para trabajadores	Facilitaría el acceso a créditos del Infonavit para compra o renta de casas.	Dudas sobre el financiamiento y posible especulación inmobiliaria.
6	Maltrato animal	Crearía una Ley General para la protección de los animales y se incluiría planes de estudio escolares.	La Segunda Sala de la SCJN ya anuló suspensiones contra las corridas de toros.
7	Prohibición de fracking, minería a cielo abierto y maíz transgénico	Reduciría le impacto negativo al medioambiente y a la salud de las poblaciones aledañas.	Estados con alta dependencia de hidrocarburos perderían oportunidades de negocios.
8	Agua potable	Se limitarían las concesiones industriales en la zonas de escasez.	Fuga de inversiones extranjeras a naciones menos reguladas.
9	Drogas y delitos	Se prohibiría el comercio de vapeadores y de drogas químicas (fentanilo). Aumentarían penas para extorsión y factureras.	Política prohibicionista está decadencia en el mundo por escasos resultados.
10	Salario mínimo	No podrá ser menor a la inflación anual.	Presión financiera para empleadores.
11	Salarios maestros, enfermeros y fuerzas del orden	No podrán ser menores a los de trabajadores afiliados al seguro social.	Dudas sobre cómo se financiará sin aumentar impuestos.
12	Reforma pensiones	Aumentos de jubilaciones hasta el 100% del salario y desaparición de Afores gestionados por bancos privados.	Aumento del pasivo estatal y privilegios para quienes tienen sueldos altos.
13	Jóvenes Construyendo el Futuro	Becas y capacitación para jóvenes sin trabajo ni estudio.	Presión sobre las finanzas públicas.
14	Sembrando Vida	Mejoraría las condiciones de los campesinos a través de «un jornal justo y permanente».	Falta de estudios de factibilidad, deforestación, opacidad y dependencia.
15	Trenes e internet	Habilitar 18 mil km de vías destinados al transporte de carga. La CFE ofrecería servicio de internet gratuito.	Poco tiempo para que las empresas privadas presenten proyectos en la materia.
16	Reforma electoral	Disminuiría el tamaño del Congreso. Consejeros y magistrados electorales elegidos por voto popular. Bajar de 40% a 30% el mínimo de votos para que las consultas ciudadanas sean vinculantes (incluyendo revocación de mandato).	Sub-representación legislativa. Favorecería a perfiles políticos. Temor al uso político para limitar y/o remover a gobernantes opositores.
17	Reforma al Poder Judicial	Jueces, magistrados y ministros serían elegidos por voto popular.	Supeditamiento a intereses políticos.
18	Guardia Nacional	Pasaría a la Sedena para evitar corrupción.	Aumento de violaciones de derechos humanos.
19	Austeridad republicana	Reforzar el artículo 127 constitucional, para que ningún servidor público gane más que el presidente.	Vulnerabilidad de funcionarios que requieren medidas de seguridad extraordinarias.
20	Desaparición de organismos autónomos	Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas.	Concentración de poder en dependencias de Gobierno.

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Ola reformista enciende ánimos en Chile, Argentina y Bolivia

​​A diferencia del apoyo popular que hizo posible el llamado «nuevo constitucionalismo latinoamericano» (1980-2000), el cual buscó sanear la crisis de derechos humanos propia de la década de 1970 (Revista Uruguaya de Ciencia Política, 2018), los intentos reformistas de las últimas dos décadas han encontrado resistencia en varios países de la región.

Es el caso de Chile, donde los ciudadanos votaron en contra de una nueva constitución, en diciembre pasado. Se trató del segundo plebiscito en poco más de un año. En el primero, los chilenos votaron en contra de un texto redactado por los partidos de izquierda; en el segundo, se expresaron contra de un proyecto de corte derechista.

«Cada propuesta suscitó una feroz oposición, y los votantes se vieron abrumados por una información compleja y a menudo contradictoria sobre cómo los textos cambiarían el país. La desinformación llegaba de ambos lados», escribió el periodista Jack Nicas en The New York Times (17.12.23)

Si bien el periódico estadounidense considera que el rechazo fue una «victoria» para el presidente Gabriel Boric, «cuyo Gobierno ha estado atado al debate sobre la Constitución durante sus dos primeros años», atribuye el fracaso a la injerencia de los partidos.

«En dos ocasiones, los chilenos eligieron en su mayoría a personas ajenas a la política —médicos, ingenieros, abogados, agricultores, trabajadores sociales y otros— para formar parte de convenciones encargadas de redactar el texto para las propuestas constitucionales. Pero esos órganos acabaron escribiendo constituciones largas y complicadas, cada una en el molde partidista del bando político que controlaba la convención», señala.

A diferencia de Chile, que «sigue siendo una de las naciones más estables y prósperas de América Latina», la mega-reforma de Javier Milei en Argentina (Espacio 4, 735) ocurre mientras el país atraviesa una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas. Su paquete de iniciativas (conocido como ley ómnibus), que busca desmantelar la estructura del Estado, sufrió un revés el pasado 7 de febrero, cuando los principales artículos de la ley fueron rechazados en la Cámara de Diputados, en medio de protestas violentas.

Aunque su proyecto es la antítesis del que se discute en México, Milei utiliza un discurso similar al de López Obrador al asegurar que lo que está en juego es «el destino de nuestra patria». El punto más rechazado es que le otorga facultades extraordinarias al presidente para legislar sin tener que pasar por el Congreso.

En Bolivia, el 6 de febrero, el presidente Luis Arce promulgó una ley para elegir por voto popular a las autoridades judiciales, lo que permitió que campesinos y cocaleros afines al exmandatario indígena Evo Morales (2006-2019) suspendieran un bloqueo de carreteras, que duró dos semanas y provocó pérdidas económicas millonarias (AFP, 07.02.24).

La exigencia de una ley de elecciones para renovar los principales cargos del Poder Judicial fue en rechazo a los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes inhabilitaron a Morales para postularse a la presidencia por cuarta vez en 2025, al anular mediante un dictamen la potestad de la reelección indefinida. «La restricción a la posibilidad de repostulación indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder», señala la sentencia. El exmandatario acusa que se trata de «plan negro que ejecuta el Gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana».

La nueva legislación, que faculta al órgano electoral a convocar a comicios para elegir a los nuevos 26 jueces que ocuparán cargos en los tribunales más importantes de Bolivia, es similar a la que López Obrador propone para elegir a jueces y magistrados a través de voto popular. E4