Reformas electorales en México, forzadas por historias de fraudes

Los presidentes cuyas elecciones provocaron indignación nacional y fueron impugnadas (Salinas, Calderón y Peña Nieto) quisieron lavarse la cara con cambios a las leyes, los cuales, de haberse cumplido, habrían fortalecido la democracia e impedido nuevos atropellos. López Obrador, sin ese lastre, prepara su reforma

Pulso de Córdova con López Obrador

El Gobierno soltó el control de las elecciones hace apenas 25 años con «la reforma electoral definitiva» que el presidente Ernesto Zedillo ofreció en su toma de posesión. «Ha llegado el momento en que la democracia abarque todos los ámbitos de la convivencia social. (…) Con hechos construiremos un régimen presidencial mejor equilibrado por los otros poderes del Estado; estaré en diálogo permanente con todas las fuerzas políticas y sujeto al escrutinio de la libre crítica ciudadana», dijo ante Carlos Salinas de Gortari, su predecesor y principal destinatario del mensaje.

Salinas sometió a los poderes públicos después de ganar la presidencia en unas elecciones fraudulentas. Legitimado por el PAN, desdeñó a las demás fuerzas políticas, en particular al PRD, cuyos principales líderes habían renunciado al PRI por si negativa a democratizar los procesos de selección de candidatos. «Ni los veo, ni los oigo», replicó a los diputados de izquierda que lo increparon en la lectura de su último informe. Candidato emergente por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, atribuido al círculo cercano de Salinas, Zedillo tomó nota de todo. Su reforma independizó al Instituto Federal Electoral (IFE), creado en 1990, y posibilitó la alternancia.

El panista Vicente Fox ganó la presidencia en el 2000, pero el sector duro del PRI se aferraba al poder con uñas y dientes. Zedillo impidió el albazo antes de la medianoche del 2 de julio con un mensaje a la nación donde reconoció la derrota de su partido, ante el asombro de tirios y troyanos. «No todos los priistas apoyaron sus sustantivas reformas. Probablemente, los sectores más reaccionarios del partido ya lo abominaban, porque buena parte de los cambios electorales y políticos ejecutados durante su Gobierno (de 1994 a 2000) abrieron el camino a la derrota del partido este domingo» (Juan Jesús Aznárez, El País, 03.07.2000).

La actuación del IFE fue incuestionable y determinante para encauzar la alternancia. Las reformas del presidente Zedillo crearon condiciones para garantizar el cambio de partido en el poder si los votantes tomaban esa decisión, y así lo hicieron para vencer a la dictadura perfecta. «El IFE de José Woldenberg», como aún se le recuerda, no ha sido superado. Era menos oneroso, su estructura más ligera (los seis integrantes del consejo general procedían de la academia y no tenían vínculos con los partidos) y sin afanes protagónicos. Seis años después, el órgano perdió prestigio dentro y fuera del país. Si en 1988 el Gobierno suspendió el conteo de votos cuando Cuauhtémoc Cárdenas aventajaba a Salinas de Gortari, en 2006 el IFE, ya bajo la presidencia de Luis Carlos Ugalde, detuvo la información cuando Andrés Manuel López Obrador se perfilaba como ganador, por encima de Felipe Calderón. Ugalde y varios consejeros fueron defenestrados.

La historia se repitió en la elección presidencial de 2012. En vez de sancionar a Enrique Peña Nieto por gastar más de 4 mil 500 millones de pesos en su campaña (el tope era de 350 millones), según la investigación de un grupo plural de la Cámara de Diputados, el IFE hizo la vista gorda. El PRD impugnó el resultado por el sobregasto y el supuesto financiamiento ilícito (lavado de dinero), pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo del candidato del PRI. Marcelo Odebrecht (presidente de la multinacional brasileña que financió campañas políticas y sobornó a Gobiernos de 10 países de América Latina a cambio de contratos) y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, confirmaron ante autoridades judiciales la inyección de recursos ilegales a la campaña de Peña.

Primera alternancia

Las reformas electorales de los presidentes Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Peña Nieto estuvieron precedidas por denuncias de fraude y manifestaciones, en algunos casos violentas. En una gira por España, Ernesto Zedillo declaró que su elección había sido legítima (obtuvo el 48.7% de los votos) mas no equitativa. La reforma previa de mayor calado ocurrió en el Gobierno de José López Portillo (1977). La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales abrió la competencia a los partidos de izquierda y a otras formaciones entonces excluidas, pero el Gobierno conservó el control de Comisión Federal Electoral cuya cabeza era el secretario de Gobernación.

Los triunfos de Salinas y Calderón, con el 50% y el 35.8% de los votos, respectivamente, fueron los más controvertidos. Las reformas del primero (promulgadas en 1990 y 1993) crearon el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para regular los procesos, y el IFE, para darles «certeza, transparencia y legalidad». Los consejeros del IFE (seis) los nombraba el Congreso con las dos terceras partes de los votos, a propuesta del presidente. También se facultó al instituto para declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, expedir las constancias de mayoría respectivas y fijar topes a los gastos de campaña.

Zedillo no solo fue el presidente menos cuestionado (obtuvo el 48.6% de los votos contra el 29.5% de Diego Fernández de Cevallos), sino también el más audaz, pues su Gobierno sacó por completo las manos del IFE. La reforma de 1994 creó la figura de consejeros ciudadanos, propuestos por las fracciones de los partidos representados en la Cámara Baja (ya no por el presidente), los cuales, a partir de entonces, tuvieron mayoría de votos en el consejo general y aumentaron su influencia en la toma de decisiones. En 1996, el Congreso de la Unión aprobó una nueva iniciativa zedillista para actualizar el COFIPE. El código dotó al IFE de mayor autonomía e independencia, pues desligó por completo el Poder Ejecutivo de su integración. También elevó a nueve el número de consejeros (todos con derecho a voz y voto) y creó la presidencia y la secretaría general. Los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de los partidos todavía tienen voz, pero ya no derecho a voto.

Cumplida la doble promesa de una «reforma electoral definitiva» (no lo fue, pero sí representó el fin del partido hegemónico) y de mantener «una sana distancia» con el PRI, Zedillo (por ahora el presidente más demócrata) colocó a los partidos en la tesitura de demostrar su fuerza real en las urnas. El PRI no superó la prueba. Francisco Labastida, exsecretario de Gobernación de Zedillo, perdió frente a Vicente Fox (PAN) por un margen de 6.4 puntos porcentuales. Peor descalabró sufrió el partido que por 71 años monopolizó el poder, en las presidenciales de 2006. Roberto Madrazo cayó al tercer lugar con el 22% de los votos, después de Andrés Manuel López Obrador (35.2%) y Felipe Calderón (35.9%). Si los Gobiernos del PAN hubieran cumplido medianamente sus promesas —sobre todo, la de atacar la corrupción— esa habría sido la muerte del PRI.

Para afrontar la presión por las acusaciones de fraude, Calderón promovió un nuevo COFIPE. En 2007 el Congreso —controlado por el PAN y el PRI— aumentó las facultades del IFE para «fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales; regular el acceso de los partidos y las autoridades electorales a los medios de comunicación; promover la participación ciudadana en las elecciones; asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas…; transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados; crear la Contraloría general del IFE con un titular designado por la Cámara de Diputados; y crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el consejo general».

Elecciones compradas

El triunfo de Peña Nieto parecía inobjetable y alejado del escándalo. Había aventajado a Andrés Manuel López Obrador por más de cinco puntos, pero con un gasto 410% superior al límite autorizado. Si la Unidad de Fiscalización «autónoma» del IFE hubiese funcionado, la elección se habría anulado. Peña recibió el título de «tele presidente» por el apoyo del duopolio a su campaña y la animadversión hacia el principal candidato opositor. Igual que a Salinas de Gortari en 1988, el PAN legitimó una elección a toda luz fraudulenta. Para aislar a AMLO, Peña incorporó al PRD al Pacto por México. La respuesta del presidente al conflicto poselectoral fue… una nueva reforma para… Esta vez, para corregir las fallas y omisiones de la anterior, las cuales le permitieron hacerse con el poder.

En 2014, con los votos del PRI, PAN y PRD en el Congreso, el IFE se transformó en Instituto Nacional Electoral (INE), ente burocrático cuya plantilla excede los 15 mil empleados y su presupuesto los 20 mil millones de pesos anuales. Se le facultó para homologar los procesos federales a efectos de «garantizar altos niveles de calidad democrática» (¿los anteriores no lo fueron?), designar a los consejeros de los organismos locales (antes eran nombrados por los congresos estatales de acuerdo al interés de los gobernadores), y asumir sus funciones en las circunstancias previstas por la ley. El número del consejo general aumentó a 11 miembros y el periodo de Lorenzo Córdova se amplió a nueve años y se le nombró presidente con el aval del PRI y el PAN. Córdova fue dos años consejero con Felipe Calderón, seis con Peña Nieto y cuatro lo será con López Obrador, pues su periodo concluirá en 2023. Entonces habrá sumado nueve años en la presidencia del INE.

La reforma también obliga al INE a organizar la elección de las dirigencias partidistas, cuando lo soliciten; garantizar a los candidatos independientes acceso a tiempos de radio y televisión para divulgar sus campañas; verificar que se cumpla el requisito mínimo del 2% de la lista nominal para solicitar consultas populares y realizar las actividades necesarias para su organización, cómputo y declaración de resultados. El punto clave —para evitar que la influencia del capital decida las elecciones, como sucedió con Peña— es la fiscalización de los recursos que ejercen los partidos a escala federal y local durante las campañas, y no después meses de su terminación. Esa argucia le permitió a Peña exceder en más de cuatro veces el tope legal para comprar votos a través de mecanismos como los de las tarjetas Monex y Soriana.

Al igual que sus predecesores, el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve una reforma electoral. Pero a diferencia de Carlos Salinas, Felipe Calderón y Peña Nieto, sin la presión social y política de una elección fraudulenta e impugnada. Pues la suya ha sido una de las pocas legitimadas en las urnas; en su caso, con más de 30 millones de sufragios. La propuesta de la Cuarta Transformación —rechazada por el PRI, PAN, PRD y otros agentes, entre ellos Lorenzo Córdova— consiste en reducir el presupuesto del INE, el número de consejeros y el sueldo del consejo general. También plantea suprimir los institutos locales para ahorrar dinero a los estados y evitar duplicidades, los cuales no han dejado de ser satélites de los gobernadores así sean nombrados por el INE y no por los congresos. Incluso ha sugerido transferir las funciones del órgano electoral al Poder Judicial de la Federación como ocurre en otros países. E4

Los primeros siete consejeros fueron nombrados por el Congreso en el Gobierno de Peña Nieto; y los últimos cuatro, en el de AMLO

• Lorezo Córdova
• Roberto Ruiz
• Ciro Murayama
• Adriana Favela
• Paola Ravel
• Jaime Rivera
• Caludia Zavala

• Irene de la Cruz
• Astrid Humprey
• José Martín Faz
• Uuc-kib Espadas

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Pulso de Córdova con López Obrador

La Corte ordena al INE ajustar su presupuesto para realizar la consulta sobre la revocación de mandato del presidente López Obrador

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) los nombra la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes a sugerencia de las fracciones parlamentarias. Siete de los 11 actuales los propusieron el PRI y el PAN en el sexenio de Enrique Peña Nieto; y cuatro, Morena bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Transferir la designación de consejeros al Congreso representó un avance para la democracia, pues los desvinculó del Poder Ejecutivo, pero al cabo la partitocracia terminó por imponer los intereses del presidente de turno y de sus cúpulas.

El INE canceló en abril pasado las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, postulados por Morena para los Gobiernos de Guerrero y Michoacán por presentar fuera de tiempo los informes de ingresos y gastos de precampaña. La votación fue de siete votos a favor y cuatro en contra en el primer caso; y en el segundo, de seis-cinco. Morena impugnó la resolución del INE, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la confirmó. Salgado y Morón fueron excluidos de la contienda.

Sin embargo, el movimiento del presidente López Obrador ganó ambas elecciones. Evelyn Salgado (hija del candidato original) y Alfredo Ramírez se impusieron a Mario Moreno (PRI) y Juan Antonio Magaña (PRD) con márgenes de seis y ocho puntos, respectivamente. Morena obtuvo nueve gubernaturas más en el mismo proceso del 6 de junio. Ahora suma 17 contra ocho del PAN, cuatro del PRI, dos de Movimiento Ciudadano y una del Partido Verde.

De haberse aplicado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el mismo rigor, el INE y el TEPJF debieron anular las elecciones de 2017 en Coahuila y Estado de México. Pues los candidatos del PRI, Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo, excedieron los topes de gastos de campaña, de acuerdo con las impugnaciones del PAN y de Morena. Otra causa para haber dejado sin efecto los comicios, además de rebasar el límite de gastos, era la escasa diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. Riquelme y Del Mazo ganaron por márgenes de 2.5% y 3%, respectivamente. Empero, las autoridades electorales no se atrevieron a dar el paso al frente. La fiscalización había vuelto a fallar.

El presidente Peña Nieto actuó en sentido contrario al de Ernesto Zedillo, quien, en las elecciones de 2000, anticipó el triunfo de Vicente Fox en un mensaje a la nación tras advertir la conjura de los dinosaurios del PRI para impedirlo. Cuando el TEPJF debatía si anulaba o no los comicios en Estado de México y Coahuila, Peña recibió en Los Pinos a Alfredo del Mazo y a Miguel Riquelme y les ofreció colaborar con sus Gobiernos. Los magistrados entendieron la señal y ratificaron la victoria de los priistas.

En las elecciones de este año, el INE, cuyos consejeros fueron nombrados en su mayoría por congresos anteriores a la presidencia de López Obrador, tomó partido por la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD). El frente lo promovieron intelectuales, organismos privados como la Coparmex y algunos y medios de comunicación opuestos a las políticas de la Cuarta Transformación. El órgano electoral ha mantenido una actitud crítica hacia AMLO, ejercicio sano en una democracia, a condición de no ser parcial. El recorte por casi 5 mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2022, aprobado por la Cámara de Diputados (donde Morena y sus aliados tienen mayoría), reavivó el encono.

López Obrador y Lorenzo Córdova, presidente del INE, tienen aciertos y errores; partidarios y detractores, pero el protagonismo de este no puede contra la legitimidad y popularidad de aquel. Tampoco con el Congreso. Córdova lleva perdida la batalla. El 14 de diciembre, un ministro de la Suprema Corte de Justicia resolvió que el INE deberá ajustar su presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente, prevista para el 10 de abril próximo, pues así lo obliga la Constitución. Sin embargo, los consejeros adictos a Córdova votaron el 17 de diciembre por posponer la consulta, mientras la Corte resuelve la controversia interpuesta por el INE. E4