Entre la primera década posalternancia y el momento actual, la situación política en las entidades no ha cambiado: los gobernadores acumulan mayor poder y, en casos como Coahuila, el partido dominante (PRI) controla las elecciones. La diferencia es que ahora lidian con un presidente dispuesto a acotarlos
Las APP, el último salvavidas… con deuda
La UIF pone a Cabeza de Vaca contra las cuerdas
Las transiciones democráticas nacionales han fortalecido «los autoritarismos» en los estados, de acuerdo con el artículo Gobernadores sin contrapesos. El control de los medios de comunicación locales, publicado por SciELO (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) en septiembre de 2016, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto había entrado en barrena y los ejecutivos locales ostentaban mayor poder. El estudio se enfoca en Querétaro, bajo la gestión de José Calzada Roviroza (PRI), pero aplica a la mayoría de las entidades, de las cuales solo en cinco (Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México e Hidalgo) no ha habido alternancia.
El texto de Germán Espino Sánchez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, muestra «cómo el gobernador (…) domina al resto de los poderes e instituciones públicas locales, con énfasis en su control sobre los medios de comunicación». El mismo modelo —advierte— se observa en otros estados. «En México la democracia se ha instalado en el nivel federal, sin embargo, esto no ha sucedido exitosamente en el plano subnacional (…) los mandatarios estatales han logrado ganar poder en la esfera nacional, pero han perdido contrapesos en el nivel local durante el periodo de la transición política»*, concluye.
En los estados se desarrollan «regímenes que tienen características de democracia, pero también de autoritarismo», cita el estudio. Esta dualidad choca con las teorías tradicionales, admite, pero se basa en múltiples y profundas investigaciones. A los gobiernos subnacionales con estas características se los denomina «regímenes híbridos», «semidemocracias» o más generalmente «autoritarismos subnacionales». Entre las contradicciones conceptuales para llegar a una conclusión satisfactoria sobre el tema, se mencionan:
«1) Es difícil afirmar que un Gobierno subnacional puede ser autoritario en el contexto de una democracia nacional; 2) en las entidades se realizan elecciones libres y a veces competitivas, pero, a menudo, estas elecciones están controladas por un partido, por lo que este partido gana muy frecuentemente, o siempre, y a veces con victorias aplastantes que rondan el 80% en los casos más extremos; 3) los gobernadores de estas entidades, a pesar de ser electos democráticamente, no desarrollan una poliarquía (poder ejercido por muchos) como forma de gobierno, sino que someten al resto de los poderes públicos y, en ocasiones, transgreden el marco constitucional de manera impune, lo cual los acerca más a un Gobierno de corte autoritario que a uno democrático».
«La acumulación de poder en manos de los gobernadores (…) ha sido uno de los cambios más significativos del sistema político mexicano».
Germán Espino Sánchez, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro
En los estados sin alternancia en el poder ejecutivo es difícil «hablar de elecciones competitivas porque estos registran más de ochenta y cinco años con Gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI); no obstante, los reportes hablan de que en estas entidades sí se celebran elecciones libres. (…) Los investigadores latinoamericanos coinciden en que este tipo de regímenes caería en la clasificación de sistemas de partido hegemónico (…), regímenes no democráticos, debido a que tienen una larga historia de elecciones controladas por un partido y, por ello, poco competitivas».
Espino admite que «la regla general es que los gobernadores en México surgen de procesos electorales legales y de elecciones más o menos libres». Sin embargo, el problema de fondo es «que en la mayoría de los estados de la república aún se vive una concentración de poder en la figura del Ejecutivo local. Este “gran actor” subordina al resto de los poderes del estado: legislatura, Poder Judicial, medios de comunicación y grupos empresariales, etc.». El patrón se repite en la mayoría de los estados, donde el gobernador «concentra el poder y domina el espacio público».
Contra ese monopolio apunta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los gobernadores no están dispuestos a perderlo. Menos en los estados que todavía no conocen la alternancia. En las elecciones del 6 de junio podría haberla en Campeche y Colima.
Gobiernos sin contrapesos
«La acumulación de poder en manos de los gobernadores (…) ha sido uno de los cambios más significativos del sistema político mexicano» en la primera década de este siglo, advierte Germán Espino Sánchez en el texto difundido por SciELO. La acumulación excede incluso a «la que tenían durante el régimen autoritario». El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro cita el caso de Francisco Garrido, quien repetidamente le disputó al presidente Felipe Calderón el control del PAN, la mayoría de las veces con éxito.
En el mismo periodo, comprendido entre los sexenios de Vicente Fox y Calderón (PAN), «los gobernadores procuraban que en las elecciones locales se consolidara una mayoría legislativa de su partido, o negociaban con la oposición el control (del Congreso). Con esta mayoría (…) les era posible controlar la elección de los magistrados del Poder Judicial». También nombraban consejeros electorales y a los presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la Información.
Espino señala que, «claramente, los gobernadores dominaban a su partido en el nivel local, e incluso designaban a su sucesor durante esta primera década». En Coahuila, Humberto Moreira llegó al extremo de imponer a su hermano Rubén. La situación empeoró en la segunda década del siglo, pues Enrique Peña Nieto, en deuda con los gobernadores del PRI por haber apadrinado y financiado su campaña, toleró todo tipo de abusos. La corrupción se disparó a escala federal y estatal.
El escenario analizado por Espino —primera década del siglo XXI—, cuando los gobernadores de turno controlaban «a los principales actores del espacio público (…), entre los que destacaban los grupos empresariales y los medios de comunicación locales», tampoco se ha modificado. La prensa dependía «económicamente de la publicidad que pagaba el Gobierno del estado, así como de la información oficial generada por las dependencias estatales. (…) El mandatario (…) lograba cooptar a la mayoría de los medios de comunicación para que funcionaran dentro de la estrategia de propaganda gubernamental».
Entre 2004 y 2008, el ejecutivo de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, gastó casi 50 millones de dólares en publicidad oficial, dice Espino en el artículo «Gobernadores sin contrapesos. El control de los medios de comunicación locales». Enrique Peña Nieto (Estado de México), otro mandatario de la época, también estuvo en el ojo del huracán por los contratos exorbitantes celebrados con grupos nacionales y locales. Como presidente, el mexiquense destinó un promedio de 5 mil millones de pesos anuales en anuncios e imagen, sin incluir el pago a columnistas.
La disputa entre Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores se da en los medios de comunicación. Sin embargo, el presidente sabe, por experiencia propia, que el gasto elevado y desequilibrado en una prensa complaciente y acrítica, es la peor inversión. Peña Nieto llenó de dinero los bolsillos de sus aliados mediáticos, apadrinó grupos —uno de ellos, Capital Media, de Estado de México, con renovada presencia en Coahuila (Espacio 4, 646)—, castigó a las publicaciones y espacios radiofónicos independientes, y al final su partido perdió la presidencia. El ganador fue AMLO, y en la circunstancia actual también lo es. Así lo dicen las encuestas y la intención de voto para las elecciones del 6 de junio.
Corrupción e impunidad
Entre los gobernadores a quienes la excesiva concentración de poder les permitió tomar «decisiones arbitrarias, e incluso que (…) muchos actos ilegales quedaran impunes», aparece Humberto Moreira Valdés, de Coahuila. El estudio Gobernadores sin contrapesos. El control de los medios de comunicación locales… cita, entre los mayores escándalos de la primera década del siglo: «1) las excesivas deudas que contrajeron estados y municipios; 2) las flagrantes violaciones a los derechos humanos; y 3) los casos de enriquecimiento inexplicable y actos de corrupción de gobernadores, así como de su gabinete o de su familia» (SciELO, 2016).
La Revista Científica Electrónica en Línea, en cuya red participan 12 países, entre ellos Brasil, Chile, España, Sudáfrica y México, pone de relieve los casos de Humberto Moreira (Coahuila), Andrés Granier (Tabasco), Mario Marín (Puebla), Fausto Vallejo (Michoacán), Eugenio Hernández (Tamualipas) y Luis Armando Reynoso (Aguascalientes). Los cinco primeros militaban en el PRI y el último en el PAN. Granier y Moreira ocupan los lugares cinco y siete de «Los 10 mexicanos más corruptos de 2013» de la revista Forbes.
Coahuila encabeza la lista de los 14 estados con mayor deuda adquirida en el periodo 2008-2012 (cuatro correspondientes al gobierno de Humberto Moreira y uno al de su hermano Rubén), por encima de Veracruz, Nuevo León y Jalisco. Sin embargo, ninguno de los tres últimos contrató créditos con documentos y decretos falsos y sin la autorización del Congreso como lo hizo Coahuila. Hasta la fecha se ignora el destino de 18 mil millones de pesos, equivalente a la mitad del pasivo registrado en 2011. Las demandas para investigar el «moreirazo» han sido sistemáticamente bloqueadas por los diputados del PRI, entre ellos Álvaro Moreira, integrante de la actual legislatura.
En el tema de derechos humanos, las masacres en Allende y Piedras Negras, las desapariciones forzadas y otros abusos denunciados en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira, tampoco ha habido justicia. La Corte Penal Internacional tiene dos denuncias al respecto. La primera la presentó el empresario Armando Guadiana (senador con licencia y candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo), el 13 de julio de 2016; y la segunda, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en la comunicación «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad», el 6 de julio de 2017.
Sobre los desafueros y la corrupción impunes en estados como Coahuila, el estudio de Germán Espino Sánchez señala: «Desde el sexenio del presidente Zedillo hasta el de Felipe Calderón, ni los presidentes ni la Legislatura federal, ni siquiera la Suprema Corte, han podido destituir a un gobernador que incurra en flagrantres actos de corrupción, ni siquiera en los casos más sórdidos…». Lo anterior lo explican varios factores: a) la fuerza de los gobernadores en las cámaras de Diputados y de Senadores; b) la debilidad de los presidentes en la etapa comprendida entre Zedillo y Peña Nieto; y c) el control férreo de los ejecutivos locales sobre los congresos y tribunales de justicia. Pero el más determinante es la prensa.
Mientras los estados registran una «regresión autoritaria», a escala federal «se estableció una democracia más o menos funcional». Espino describe «cómo en el nivel nacional se ha desarrollado un sistema plural de medios, mientras que en el nivel subnacional (estados) sobrevive un sistema de medios sometidos al gobernador». Con base en estudios de análisis, contenido y entrevistas, el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro muestra «cómo los gobernadores controlan los medios regionales, tal como se hacía en tiempos del autoritarismo priista».
El poder de los ejecutivos locales se exacerbó en el sexenio de Peña Nieto. La lucha del presidente López Obrador para acotarlos apenas empieza. El primer paso lo dio con la cancelación de fondos federales a los estados, los cuales eran manejados discrecionalmente. Regresar al Congreso la facultad para desaforar a gobernadores acusados de corrupción y otros delitos (caso Francisco Javier Cabeza de Vaca, Tamaulipas) apunta en la misma dirección. E4
Fuente: Espino Sánchez, Germán. (2016).
Las APP, el último salvavidas… con deuda
El Gobierno admite presiones financieras por el moreirazo. Proyectos desarrollados por particulares los pagará el Estado o la población
La aplanadora del PRI en el Congreso aprobó, sin cambiar una coma, las reformas a las leyes: 1) Orgánica de la Administración Pública; y 2) de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila, propuestas por el gobernador Miguel Riquelme. En ese marco nació la orwelliana Secretaría de Inversión Pública Productiva (SIPP), cuyo titular será el lagunero Gerardo Berlanga Gotés, actual titular de Infraestructura. Los proyectos se desarrollarán «sin incurrir en deuda pública adicional», dice el dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, aprobado en la sesión del 16 de marzo con 18 votos a favor (16 del PRI, uno del Partido Verde y otro de UDC) y siete en contra (cuatro de Morena y tres del PAN).
La exposición de motivos remite al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, según el cual el «crecimiento sostenido de la economía (…) permitirá generar los empleos productivos (…) el mejor medio para erradicar la pobreza». Frente al riesgo de «un amplio estancamiento» en la inversión pública productiva, un escenario de «crisis financiera» nacional causada de los «acontecimientos en materia de salud» y la baja en la distribución de recursos federales participables, la respuesta son las Asociaciones de Inversión Público Privadas (APP) y la SIPP.
«La provisión tradicional de infraestructura y servicios públicos se enfrenta a múltiples retos:
(…)
• Disponibilidad limitada de recursos presupuestarios.
• Múltiples presiones a las finanzas públicas, principalmente por el endeudamiento».
Sin embargo, la crisis financiera estatal y la falta de inversión preceden a la pandemia de COVID-19 y su origen es el mismo: el «moreirazo» por 36 mil millones de pesos. Entre 2012 y 2021, más de 38 mil millones de pesos pudieron invertirse en infraestructura, obras y servicios, pero se dedicaron mayormente al pago de intereses, a pesar de lo cual la deuda ronda todavía los 40 mil millones de pesos. El propio Gobierno admite, entre sus consideraciones: «La provisión tradicional de infraestructura y servicios públicos» es insuficiente, entre otros factores, por las «múltiples presiones a las finanzas públicas, “principalmente por el endeudamiento”» (énfasis del reportero).
La salida son las APP, cuyo objeto es «la inversión en el desarrollo de obra pública, infraestructura, provisión de equipamiento… o la prestación de servicios públicos, “a un plazo no menor a cinco años y no mayor a cincuenta”, en virtud de lo cual el sector privado aporta la inversión o infraestructura de manera parcial o total y la entidad pública “paga una contraprestación con los recursos que correspondan” (ídem)».
El gobierno de Miguel Riquelme transita su cuarto año, todavía sin grandes obras ni realizaciones. La deuda lo maniata y la reducción de fondos federales asfixia aún más las finanzas. La propuesta del auditor superior del estado, Armando Plata, para reimplantar el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos y reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos para crear loterías estatales, como una forma de allegarle recursos a las finanzas locales, la descartó el gobernador.
Sin embargo, contra la versión oficial, las APP aumentarán el endeudamiento por otras vías; sobre todo a largo plazo e incluso más oneroso que el bancario, pues los inversionistas, cuyo propósito es la utilidad, pagan intereses más elevados. Y, como siempre, los riesgos los correrá el estado. Coahuila no recurre a la banca por razones políticas y porque agotó su capacidad de crédito. Las reestructuras tampoco le dieron oxígeno suficiente. Los pasivos futuros podrán no reflejarse en los estados financieros ni transparentarse, mas no por ello dejarán de ser una carga para los coahuilenses. Habrá obras y servicios que el estado terminará de pagar en el transcurso del próximo medio siglo. E4
La UIF pone a Cabeza de Vaca contra las cuerdas
El gobernador panista de Tamaulipas, lastre para la coalición Va por México y el sindicato de ejecutivos locales anti López Obrador
Ochenta y siete años tardó el PAN en ser gobierno en Tamaulipas y en solo seis podría perderlo. No tanto por anodino, incapaz o por acosar a medios de comunicación críticos como El Mañana, sino por haberse echado en brazos del flagelo que denunció por décadas —la corrupción— con ansias de recuperar el tiempo perdido. El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue atrapado en su propio estercolero, mientras en la Cámara de Diputados avanza el proceso para retirarle la inmunidad y someterlo a juicio.
«El “caso Cabeza de Vaca” amenaza con abrir las primeras grietas en el bloque opositor. La investigación por corrupción y delincuencia organizada contra el gobernador panista de Tamaulipas ilustra los precarios equilibrios de la alianza Va por México» (El País, 09.03.21). Los tumbos de la coalición reducen las posibilidades del PRI-PAN-PRD para la elección del 6 de junio, la de mayor cobertura y complejidad. La alianza Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde, tampoco navega a velamen desplegado, pero su posición en las encuestas le augura mejores resultados.
El patrimonio de Cabeza de Vaca excede en 900 millones de pesos el declarado al inicio de su gestión, en 2016. Sin embargo, entre los ranchos, negocios, cuentas bancarias y propiedades en Reynosa y McAllen, Texas, el hallazgo de un departamento en Bosques Santa Fe, Ciudad de México, adquirido por más de 42 millones de pesos, agrava la situación del gobernador, pues la operación se realizó a través de una sociedad vinculada a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) «recibió recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de siete entidades mercantiles relacionadas con el cartel de Sinaloa. También forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos para el cartel de Sinaloa y el cartel de Colombia», dijo en una conferencia de la sección instructora de la Cámara de Diputados transmitida el 19 de marzo por YouTube.
Cabeza de Vaca no solo pone en aprietos a la coalición Va por México, sino también al bloque de gobernadores que ha plantado cara al presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía sin éxito. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y Santiago Nieto lo tienen contra las cuerdas. La PGR y la UIF se dedicaron en los gobiernos precedentes a cubrir las apariencias. El año pasado, una investigación de Aristegui Noticias, denominada Operación Hermes, reveló que poco antes de las elecciones de 2018, el entonces titular de la UIF, Orlando Suárez López, liberó alrededor de mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares a personas y empresas ligadas a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y a otras organizaciones delincuenciales.
El ejecutivo de Tamaulipas afrontará el juicio de las urnas antes que el de los tribunales. El 6 de junio, el estado elegirá, en medio del escándalo, nueve diputados federales, 36 locales y 43 ayuntamientos. Si el PAN pierde el Congreso y las alcaldías más importantes, también podrá despedirse de la gubernatura. Cabeza de Vaca la obtuvo en 2016 al derrotar al priista Baltazar Hinojosa, apadrinado por Luis Videgaray, a la sazón secretario de Hacienda. Pero en vista de los acontecimientos y de la alianza PRI-PAN para sacar adelante la reforma energética de Peña Nieto, no extrañaría que el triunfo del panista haya sido producto de una negociación. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.