El 27 de marzo dio inicio la vacunación para adultos mayores contra COVID-19 en Torreón. De acuerdo con la estrategia anunciada con meses de anticipación por el gobierno federal, los adultos mayores debían registrarse en un portal de internet y recibirían una llamada para informarles el día de su cita para acudir a vacunarse. Como se había anunciado también, el proceso iniciaría con personas mayores de 80 años, a las que sí estuvieron llamando para convocarles a partir del sábado.
Sin embargo, a los pocos días, pudimos constatar que la estrategia estaba pobremente organizada y la ciudadanía también propició un mayor desorden llevando a adultos mayores, pero menores de 80 años, a engrosar las filas en automóvil del Coliseo Centenario, causando serios problemas de tránsito en la Zona Industrial y largas horas de espera, para cerrar jornadas en las que no alcanzaban a vacunarse un gran número de personas que llevaban el día formados.
Por un lado, resulta inverosímil que los encargados de armar las supuestas estrategias, de los tres órdenes de gobierno que participaron con funciones repartidas, no previeran situaciones como ésta, que además alentaron al vacunar a personas sin cita o registros. Que se hubieran habilitado únicamente dos módulos para una ciudad de más de 600 mil habitantes, también resulta poco lógico, para decir lo menos. Por último, y tras el antecedente de algunos casos de reacciones secundarias a la vacuna en otras partes del mundo y del país, también resultaba evidente que los módulos de atención no estaban preparados para atender posibles emergencias. En el Coliseo no había ambulancias disponibles, y en el Tec Laguna el módulo de primeros auxilios también estaba limitado. En Gómez Palacio, por otro lado, algunos módulos fueron habilitados en clínicas de salud públicas, lo que resultaba mucho más pertinente para atender emergencias.
Quienes tienen la oportunidad de viajar a EE. UU. por motivos de trabajo, familia o de placer, frecuentemente se refieren al orden en las calles y ahora a la organización en los módulos de vacunación como «ejemplar». La reflexión que hoy comparto va en las dos vías de la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad de derechos e inclusión. Si bien es cierto que las instituciones norteamericanas suelen ser mucho más eficientes operativa y administrativamente, también lo es que la ciudadanía se comporta distinto de uno y otro lado de la frontera. Sabemos que una infracción de tránsito en Estados Unidos tiene más consecuencias que la mera multa, y que difícilmente escaparíamos de ellas con un soborno, entonces cuidamos mucho más nuestro comportamiento cuando conducimos en aquellas calles. Tampoco tiramos basura en lugares públicos, ni rompemos las reglas en general con la facilidad que aquí sí nos atrevemos.
Aquí rompemos las reglas sistemáticamente, con singular desfachatez incluso al publicar que se espera en una larga fila un servicio público al que aún no había acceso para los familiares menores de 80, y además quejándonos de la lentitud de la fila. Tenemos un chip desconectado entre el deseo de vivir en un mejor país, y los deseos más inmediatos de disfrutar de privilegios y servicios que aún no nos corresponden. No son congruentes, y debemos entenderlo para exigir de manera más decidida lo que esperamos de nuestros servidores públicos. Los necesitamos eficientes, honestos y capaces, pero a veces también los preferimos flexibles y sobornables. Debemos tomar pasos más decididos también como organismos de la sociedad civil para propiciar estas reflexiones y trabajo en comunidad para construir ciudadanía responsable y consecuente.
