Regreso al pasado más oscuro…

«Deberíamos tratar de ser los padres de nuestro futuro, en lugar de los descendientes de nuestro pasado».

Miguel de Unanumo

Cuando se presenta una Iniciativa de ley con la que se pretende modificar sus contenidos, en el caso específico de la reforma Energética, se transformaría el marco regulatorio de las normas que administran el mercado de la generación y distribución de la energía. La reforma constitucional y posteriormente la de las leyes secundarias estuvo impulsada por motivos tan relevantes como la eficiencia económica, la protección del consumidor, todo bajo la visión del desarrollo sustentable, partiendo de la premisa de que se trataba de una reforma integral, y observando los múltiples convenios signados por México, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que está comprometido con la sostenibilidad del planeta.

Haciendo un poco de historia, no olvidemos que fue en 1938 cuando tuvo lugar en nuestro país la expropiación petrolera y se fundó Pemex como la única operadora de hidrocarburos. La estrategia de desarrollo en aquel entonces partía de una visión eminentemente nacionalista traducida en la protección del mercado interno, a través de barreras arancelarias y no arancelarias que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. En los ochentas ese modelo dejó de funcionar porque el mundo había cambiado y fue durante la presidencia de Miguel de la Madrid cuando inicia la venta y privatización de empresas estatales. Se signa bajo el gobierno de Salinas de Gortari el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante el mandato de Ernesto Zedillo se permite la participación de capital privado en los ámbitos de comunicación y ferrocarriles, bajo el mismo formato de sus antecesores. Vicente Fox quiso presentar una reforma en materia energética, pero sin mayoría en el Congreso no fue posible. Se va a dar hasta el sexenio de Peña Nieto.

En diciembre de 2013, derivado de esta reforma se abre la inversión privada en el sector energético, de tal suerte que las empresas estarían en posibilidades de generar y suministrar energía y competir con Comisión Federal de Electricidad, asimismo para invertir en infraestructura para traer gas natural más barato desde Estados Unidos, y adquirir mejor tecnología para el suministro eléctrico frente a los costos ofrecidos por CFE. Se manejó que el costo de la luz para el sector industrial iba a bajar de manera significativa, ya que habría apertura para que las compañías eligieran el mejor proveedor eléctrico, con menores precios. No sería lo mismo, y hay que apuntarlo para el caso de los hogares porque CFE se mantenía como el único proveedor. Luís Serra, analista del CIDAC, en su momento, declaró que: «Es muy difícil que para los residenciales baje la luz». Hizo hincapié en que ya existía un fuerte subsidio para casi el 98% de los hogares mexicanos sobre la luz, y que si disminuía sería por aumentar el apoyo, y no por la eficiencia de la CFE. Es fecha que seguimos pagando los mexicanos el servicio de energía eléctrica de cuantos trabajan en CFE. ¿Por qué eso no se reforma? Es un abuso desvergonzado.

La Reforma preveía que al participar el sector privado abiertamente en dos eslabones de la cadena productiva, como son la generación y la comercialización de energía eléctrica, se incentivara el mercado de generación eléctrica con el desarrollo de más y mejores proyectos. Lo que se requeriría para esta participación sería un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía. La idea era tener un esquema regulatorio más flexible. Ahora bien, derivado de esto, se vislumbraba la generación de un impacto significativo en el sector de las energías renovables. Con un esquema más flexible se podría generar y entregar energía libremente a personas físicas y morales. En aquel momento la participación de energías renovables en la matriz energética nacional era del 8%, y la estimación era que sería mayor a partir de los nuevos esquemas implementados en forma definitiva. Para reforzar este espíritu se había incluido el concepto de sustentabilidad en el artículo 25 constitucional. El sector eléctrico pasaba de ser una cadena de actividades verticalmente integrada, a un sector parcialmente liberalizado, abierto a la participación privada, aunque al CFE conservara la rectoría de la industria. Nosotros, porque yo era legisladora en ese momento, empujamos de manera importante para que así sucediera, toda vez que la iniciativa del EPN no lo contemplaba así. No era lo ideal que el Estado siguiera manteniendo la rectoría del sistema eléctrico nacional, a través de la SENER, debió haber sido un organismo autónomo. El piso no estaría parejo para los competidores.

Lo de hoy es que el Presidente López Obrador envía una iniciativa con carácter de preferente para reformar una ley secundaria: la Ley de la Industria Eléctrica, que pasa por encima de la propia Constitución y de tratados internacionales, que están al mismo nivel jerárquico de la Carta Magna, con la que pretende una expropiación indirecta que se traducirá por un lado, en otorgarle mayores subsidios a una empresa como CFE, que ya no es rentable, y por el otro en electricidad más cara y de ribete, contaminante. Asimismo generará un aumento en el precio de todos los productos y servicios que se consumen en este país.

También vulnera de manera importante la certeza jurídica, regulatoria y por supuesto la de contratación, con los consecuentes impactos ambientales y económicos muy graves. Le da, para decirlo en términos coloquiales, en toda la torre a la confianza que los inversionistas nacionales e internacionales deben tener para elegir a nuestro país.

¿Qué anima a López Obrador a atentar de esta manera contra la libre competencia en el sector energético nacional? ¿Qué lo lleva a vulnerar derechos básicos de la libre concurrencia? ¿Por qué quiere provocar semejante caos en un momento tan difícil como el que hoy estamos viviendo, sin duda agravado por la pandemia? Envía una iniciativa que por elemental sentido común debió de haberse platicado con los sectores que van a resultar perjudicados, y no lo hizo. Hay inversiones muy fuertes de particulares que se las va a cargar la trampa si esta Iniciativa prospera, y puede prosperar porque cuenta con la mayoría morenista en las cámaras. Además se trata de una ley secundaria, que ni siquiera requiere para su aprobación mayoría calificada.

Estamos hablando prácticamente de una expropiación indirecta de las plantas privadas, en detrimento de lo establecido en la propia Constitución de la República. Se va contra acuerdos comerciales vinculados con la protección de inversiones y del medio ambiente. Va a provocar denuncias, procesos de paneles y arbitrajes internacionales. ¿Por qué? ¿Para qué? Violenta de manera flagrante el principio de la no retroactividad de la ley en perjuicio de las personas. Pone al Estado Mexicano frente al daño de tener que pagar indemnizaciones a empresas que invirtieron en el sector, partiendo de que legalmente era posible hacerlo.

Bueno, va contra ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de más jerarquía del Poder Judicial, que ya anuló los elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional por «violar el marco constitucional en materia de libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica y transición a energías limpias» ¿No le dijo nada de esto su secretaria de Energía, la Sra. Nahle?

¿Qué quiere López Obrador? ¿Qué pulula en su mente? ¿Por qué esta agresión tan mezquina a su propio país? ¿Qué lo impulsa a querer imponer a costa del propio bienestar de los mexicanos sus caprichos, obsesiones, o como se llame este empeño reiterado de demostrar que la razón la trae inmersa en su persona? Su necedad es enfermiza. México ya tuvo dos dictadores y 70 años de hegemonía partidista. Ya no queremos más.