Relevo en puertas: deuda y relaciones con la 4T, desafíos del nuevo Gobierno

Manolo Jiménez debe prepararse para una eventual victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales del año entrante. Cubrir con ella la mayor parte de su administración obliga a diseñar desde ahora escenarios alternativos. La candidata de Morena seguirá las líneas marcadas por López Obrador

Morena y PT llenarán el vacío opositor en el estado

Los riesgos del inmovilismo político

Manolo Jiménez (39) asumirá la gubernatura con las finanzas asfixiadas por la deuda de 38 mil millones de pesos, el mismo nivel de hace 13 años, cuando la Secretaría de Hacienda desveló el moreirazo. Los 63 mil millones de pesos pagados a los bancos en ese lapso, principalmente de intereses, provocaron el mayor desplome de la inversión pública del que se tenga registro (Espacio 4, 730). La mudanza de empresas de China y otros países asiáticos al nuestro (nearshoring) y la competencia regional por atraerlas pone de relieve el déficit de infraestructura de Coahuila, agravado por la deuda. Entidades vecinas y del centro aprovechan la circunstancia para expandir su industria. La llegada del gigante tecnológico-automotriz Tesla a Nuevo León disparó la demanda de carreteras, transporte y servicios.

Sin roce ni apoyos en el centro, Jiménez deberá replantear la relación del Gobierno con la administración federal, marcada ahora por la confrontación. El primer año lo compartirá con el presidente López Obrador y cinco con quien se perfila para sucederle: Claudia Shienbaum.

En contraparte, Jiménez recibirá un estado sin conflictos sociales ni políticos mayores. La compostura del gobernador Miguel Riquelme y la concordia promovida desde el inicio de su administración, tras 12 años de animosidad e intrigas palaciegas, le permitieron superar la crisis poselectoral de 2017, generar confianza y reencauzar al estado. La recuperación habría sido imposible sin estabilidad. Durante el moreirato, Coahuila estuvo en el ojo del huracán. El bombardeo político y mediático por la violencia del narcotráfico y los escándalos (megadeuda, masacres, empresas fantasma, abuso de poder y nepotismo) deterioraron la imagen estado. Riquelme comprendió sus circunstancias, las salvó y se salvó.

El sucesor de Riquelme asumirá la dirección de uno de los estados con los mejores indicadores de seguridad del país. Sobre esa base pudo el PRI conservar la gubernatura. El miedo a volver a los años de terror, vividos por Coahuila entre 2009 y 2012, indujo a votar contra Morena por su aparente incapacidad para afrontar a la delincuencia en Zacatecas y Tamaulipas, hasta hace poco gobernados por el PRI y el PAN. En Coahuila las bandas se combaten a tiros, con los riesgos inherentes, en oposición a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el uso de la fuerza y atender las causas de la violencia y no solo sus efectos («abrazos, no balazos»).

Mas no todo marcha sobre ruedas. En las campañas para gobernador se mostró la otra cara de la moneda. «¿Por qué hay tanto cristal en Coahuila? Porque los GATES y Fuerza Coahuila, hoy PCC (Policía Civil de Coahuila) y PAR (Policía de Acción y Reacción)… son los principales regenteadores (…), por eso invaden nuestras colonias y ejidos y violentan a nuestros jóvenes», acusó Ricardo Mejía, candidato del PT, en el debate del 16 de abril. «La seguridad está prendida de alfileres», apuntó Armando Guadiana (Morena). La periodista Camelia Muñoz advierte sobre el tema: «La seguridad pública en Coahuila se convirtió en un asunto familiar (…) antes de que la titular de la dependencia estatal del ramo, Sonia Villarreal Pérez, contrajera matrimonio con el director de la Policía Especializada —que depende de dicha instancia—, Jorge Miguel Barajas Hernández» (Proceso, 04.11.23). Barajas, apodado el Hummer, es uno de los mandos señalados por Mejía.

Las denuncias contra las corporaciones policíacas por violaciones graves a los derechos humanos, tráfico de migrantes e incluso de drogas, sobre todo en el norte del estado, deben ser investigadas. Conceder poder a las fuerzas de seguridad por encima de sus atribuciones surte efectos momentáneos, pero al final siempre ocasiona problemas mayores difíciles de revertir. Desde esta perspectiva, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá que ser depurada antes de que la presión derive en protestas sociales y en conflictos políticos. La seguridad y el orden penden de un hilo.

Gobernar sin salvavidas

Rubén Moreira pudo lidiar con la megadeuda por los recursos federales recibidos durante su administración. No para realizar obras importantes, sino para mantener a flote su Gobierno. Controlada por el PRI, PAN y PRD, la Cámara de Diputados canalizó mayores fondos a los estados, ejercidos discrecionalmente por los gobernadores. La Fiscalía General de la República acusó a Ismael Ramos, secretario de Finanzas de Moreira, por el presunto desvío de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin). De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, el esquema es «idéntico» al de la «operación Zafiro», diseñada para financiar campañas políticas del PRI.

El Fortafin se creó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Las asignaciones a los estados estaban a cargo de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda. Isaac Gamboa Lozano, titular de la UPCP, fue asesinado el 21 de mayo de 2020 junto con su madre y tres hermanos, entre ellos una mujer. El multihomicidio «destapó la existencia de una mega red de empresas fantasma (…) utilizada presuntamente para lavar dinero y evadir impuestos a escala internacional por alrededor de 5 mil 800 millones de pesos…» (Animal Político, 28.06.21). El caso lo narran Arturo Ángel y Sedryk Raziel en el libro La viuda negra, en el que aparecen los nombres de Rubén Moreira e Ismael Ramos.

El salvavidas federal lanzado a Moreira para paliar la crisis de la deuda, no lo tuvo Miguel Riquelme. Peña Nieto se atrajo a los gobernadores con bolsas como la del Fortafin, cuyo propósito consistía en promover el desarrollo regional con proyectos de inversión en infraestructura y servicios. El presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció el Fortafin, el Fonden (Fondo de Desastres Naturales) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) dejó de recibir subsidios. El argumento era combatir la corrupción. Los recortes tuvieron mayor impacto en los estados lastrados por deudas exorbitantes, como Coahuila.

«Los retos nos obligaron a ser creativos», dijo Riquelme en su último informe. Según el secretario de Desarrollo Social, Javier Díaz, Coahuila dejó de recibir 23 mil millones de pesos en el Gobierno de López Obrador. La cifra es cuantiosa, pero aun así menor a los más de 30 mil millones dedicados al servicio del moreirazo. Al gobernador electo, Manolo Jiménez, no le espera un año mejor en términos financieros. Pues las participaciones federales a los estados tendrán una reducción por 4 mil 807 millones de pesos y las aportaciones de la federación bajaran 1 mil 492 millones, con base en el presupuesto de 2024 autorizado por el Congreso, donde Morena, PT y Verde son mayoría.

El aumento del Impuesto Sobre Nóminas, del 2 al 3 por ciento, aprobado por la legislatura local a iniciativa del gobernador Riquelme para darle oxígeno a la administración de Jiménez, generará ingresos adicionales por alrededor de mil 500 millones de pesos anuales. Sin embargo, el efecto podría anularlo el recorte de participaciones y de fondos federales. El contexto obligará a contratar créditos a corto plazo para afrontar los compromisos del próximo Gobierno. Mientras no se negocien nuevas condiciones de pago, que incluyan quitas al capital, Coahuila será rehén de los bancos. La deuda se ha eternizado en detrimento de la calidad de vida de la población y de la competitividad del estado.

Gobiernos neutralizados

El saltillense Manolo Jiménez se encamina a ser el segundo gobernador que alterne con dos presidentes contrarios a su partido (PRI); en este caso, de Morena. Enrique Martínez trató un año con Ernesto Zedillo y cinco con Vicente Fox, igual que Humberto Moreira lo hizo con Fox y Felipe Calderón. Rubén Moreira tuvo la suerte de tener en Los Pinos a un aliado —Peña Nieto— la mayor parte de su administración. Miguel Riquelme, en cambio, debió padecer un lustro a Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de sus predecesores, AMLO le apretó las clavijas a los gobernadores y, en la mayoría de los casos, acabó con sus feudos. Coahuila es el único estado donde no pudo hacerlo. La situación favorece al grupo en el poder, pero también lo expone, pues ha quedado a merced de la 4T.

Moreira I adoptó una actitud confrontativa con Fox y Calderón para ganarse a la galería, impulsar su agenda personalista y desviar la atención de futuros escándalos, no en defensa del estado. La Procuraduría General de la República investigó al exgobernador de Coahuila por enriquecimiento ilícito durante la presidencia de Felipe Calderón, reveló el diario El País (27.04.17). Sin embargo, el caso fue cerrado cuando Peña Nieto ganó la presidencia. AMLO, a la sazón líder de Morena, denunció que Moreira había sido exonerado por Calderón. El panista refutó la acusación, pero ese tipo pactos ocurren en los relevos presidenciales.

La absolución del exlíder del PRI difícilmente podía haberla concedido Calderón por voluntad propia, como asegura López Obrador, pues su intención era ponerlo entre rejas, de no haber mediado una petición expresa de su sucesor. Peña Nieto intervino incluso, una vez en el poder, para que Moreira fuera liberado del penal de Soto del Real (Madrid) tras dos semanas de arresto. La policía de España detuvo al exgobernador de Coahuila el 15 de enero de 2016 por cargos de blanqueo de dinero y malversación de caudales durante su gestión (El País, 15.01.16). La defensa del entonces presidente podría explicarla la información que Moreira posee sobre su candidatura y su triunfo en los comicios de 2012. Peña recibió financiamiento de los gobernadores del PRI para su campaña. Complicidades del poder.

Vicente Fox se echó en brazos de los gobernadores —la mayoría del PRI— y perdió el tiempo en devaneos en vez de utilizar la alternancia como palanca para cambiar el sistema político y atacar la corrupción de raíz según lo había prometido. En el colmo del paroxismo, promovió la candidatura presidencial de su esposa Martha Sahagún y desaforó a Andrés Manuel López Obrador de la jefatura de Gobierno de Ciudad de México para impedir que participara en las elecciones de 2006, lo cual convirtió a AMLO en figura nacional. Lastrado por una elección fraudulenta, Calderón emprendió, sin éxito, la guerra contra el narcotráfico. Tampoco pudo contener a los jefes políticos de los estados, quienes, lo mismo que a Fox, lo hicieron rehén de sus intereses. El PAN nunca tuvo mayoría Congreso. Con Peña, la influencia de los gobernadores fue aún mayor.

Manolo Jiménez es un político formado en la arena local, lo mismo que sus predecesores inmediatos. Sin roce ni apoyos en el centro, deberá replantear la relación del Gobierno con la administración federal, marcada ahora por la confrontación. El primer año lo compartirá con el presidente López Obrador y cinco con quien se perfila para sucederle: Claudia Sheinbaum. Mantener la misma actitud desafiante le puede acarrear nuevos y acaso mayores problemas al estado. La virtual candidata de Morena seguirá las pautas del caudillo de la 4T e incluso las profundizará. Una consiste en tener a raya a los gobernadores, algo que Fox, Calderón y Peña no lograron. E4

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Morena y PT llenarán el vacío opositor en el estado

La alianza entre el PAN y el PRI despeja el camino a los partidos duros de la Cuarta Transformación para ser los contrapesos de la administración jimenista

El PRI gobernó los tres últimos sexenios prácticamente sin oposición. Manolo Jiménez, a quien también cobijan el PAN y el PRD, debe prepararse para afrontar los embates de los partidos duros de la 4T: Morena y PT. Humberto Moreira arrinconó al PAN desde un principio para vengar las derrotas en Torreón, donde perdió su elección, la alcaldía y los cuatro distritos. Después de ser interpelado por los diputados panistas en su primer informe, dejó de asistir al Congreso y en su lugar organizó reality shows fuera de Saltillo. Los invitados eran en su mayoría comparsas del poder ante quienes informaba de sus logros sin el riesgo de ser increpado. Así pudo ocultar la megadeuda que lo hizo pasar a la historia como el peor gobernador de Coahuila.

Sin embargo, la oposición panista terminó por ceder. La versión más aceptada sobre el cambio de actitud es la de siempre: arreglos entre las cúpulas. Líderes del PAN de aquella época lo niegan. «Moreira tomó mucha fuerza y siempre salía arriba en las encuestas », me dijo uno. No obstante, la sentencia de Víctor Hugo, en este caso aplicable al político más encumbrado, se cumplió rigurosamente: «La popularidad es cera en calderilla». Bastó que Moreira I (como también le pasó al II) dejara el poder para convertirse en villano. El escándalo de la megadeuda pinchó el globo de las encuestas según las cuales el mejor gobernador de México era el de Coahuila. Enrique Peña lo defenestró de la presidencia del PRI, aunque nunca dejó de protegerlo para no caer con él.

Rubén Moreira cambió de estrategia y se empezó a atraer a líderes y cuadros del PAN. Además de sinecuras, les concedió puestos secundarios en la administración, el Congreso y el Tribunal de Justicia del Estado. De pronto, apellidos que en otro tiempo le dieron dignidad y respeto al partido fundado por Gómez Morín, pasaron a la nómina del PRI y del Gobierno. En las elecciones de 2011 la ciudadanía le dio al candidato panista tantos votos o más que a Miguel Riquelme, delfín de Moreira II. En parte lo hizo porque Anaya catalizaba el hartazgo ciudadano, pero más por repudio hacia los Moreira.

Después de haber estado a punto de perder la gubernatura, Miguel Riquelme se recuperó y capitalizó el desafecto de las élites y de otros sectores hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador para cerrar la pinza: diluyó a las oposiciones y nombró sucesor. Con la postulación de Manolo Jiménez por la coalición PRI-PAN-PRD, el gobernador lagunero aseguró la permanencia de su partido en el poder seis años más, con los cuales completará un siglo en 2029, si las circunstancias no cambian. El vacío opositor lo llenarán otras fuerzas.

Morena no representa por ahora una amenaza para el PRI. El senador Armando Guadiana y el delegado de la 4T, Reyes Flores, aprovecharon sus posiciones para promover proyectos e intereses personales e incluso pactaron con Riquelme. El fracaso del empresario en las elecciones de este año habla por sí solo. Sin embargo, Manolo Jiménez no tendrá las mismas ventajas que sus predecesores. Guadiana, quien pretende heredar el escaño a su hija, terminó su ciclo. El diputado local electo Antonio Atollini despertará al Congreso de su letargo como Guillermo Anaya y Jesús de León lo hicieron en sus mejores tiempos. Ricardo Mejía será diputado federal o senador por el PT y volverá a Coahuila para cumplir lo que ofreció en su campaña para gobernador: poner fin al moreirato y al PRIAN. En ese escenario gobernará Jiménez. E4

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Los riesgos del inmovilismo político

La renovación de cuadros se detuvo desde que el PRI empezó a reciclar alcaldes, legisladores y funcionarios identificados con los intereses del clan Moreira

Una de las características del sistema priista era la renovación de cuadros y liderazgos cada seis años. Cuando el presidente nombraba candidato a gobernador, todo el mundo se alineaba, incluso los poderes fácticos. Oponerse al ungido significaba desafiar al hombre más fuerte del país. A los perdedores de las carreras estatales se les compensaba con posiciones en el Congreso, la Cámara de Diputados o en el gabinete, desde donde se preparaban para la próxima competencia. Los tenaces y disciplinados lograban su objetivo después de dos o tres vueltas. Si en 2005 la sucesión la hubiera resuelto un presidente de la república emanado del PRI, Humberto Moreira no habría despachado en el Palacio Rosa; menos su hermano Rubén, pues el nepotismo era mal visto.

Hasta 1999, con Enrique Martínez, los gobernadores llegaban con su propio equipo: gabinete, alcaldes, diputados y empresarios favoritos. Era una forma de romper con el pasado, sacudir inercias y mirar hacia el futuro. Moreira I gobernó en tándem con su hermano Rubén, quien quitó y puso funcionarios según su conveniencia mientras Humberto soñaba con ser presidente y no reparaba en gastos para conseguirlo. El diario El País lo retrata como «Un populista ebrio de poder (…) enmarañado por su oscura gestión». «Humberto Moreira Valdés siempre adoró dos cosas: bailar y tener poder. Hasta que perdió el ritmo. Hasta que le liaron los pasos. Llamado a ocupar las cumbres de la política mexicana, ha terminado fuera de la pista de baile, sin pareja que lo reclame y permanentemente bajo sospecha…» (Pablo de Llano Neira, El País, 22.02.16).

Al docenio de los Moreira lo caracterizó, además del desorden financiero que tiene sumido al estado en su peor crisis económica, el desprecio por las formas y las instituciones, la rudeza con sus adversarios —políticos, líderes religiosos y periodistas— y la debilidad por sus secuaces. Otro rasgo distintivo del clan fue la instrumentalización de colaboradores provenientes de familias bien. Deslumbrados por el poder, algunos júniores aceptaron puestos relevantes sin imaginar que serían traicionados. No pecaron de incautos, sino de tontos y venales. Los cambios frecuentes en los gabinetes eran para mantener el control y evitar el surgimiento de liderazgos capaces de rivalizar con ellos. El castigo de los abyectos es la humillación. ¿Quién del primer círculo del clan ha sido sentado en el banquillo de los acusados?

En los tres últimos sexenios, los nombres en el gabinete se empezaron a repetir, en distintas posiciones o en las mismas. Igual pasa en el Congreso, donde la reelección permite eternizarse; algunos de los diputados que legalizaron el moreirazo gozan todavía de fuero u ocupan cargos en otras instancias. La historia se repite en las alcaldías. Arteaga es coto de los Durán, no por decisión ciudadana, sino de los Moreira. Los alcaldes son acólitos del nuevo potentado inmobiliario mientras los coahuilenses pagan la deuda, sin que nadie diga esta boca es mía.

El inmovilismo político deviene en crisis tarde o temprano. Uno de los propósitos de cambiar de mando en cada sexenio era, precisamente, dar oportunidad a nuevos cuadros y evitar que el poder lo concentrara un solo grupo. Ese principio le permitió al PRI liberar presiones internas y externas y conservar la presidencia y las gubernaturas por tanto tiempo. Después del enorme daño causado a Coahuila, llegó la hora de sepultar al moreirato sin renunciar nunca a la justicia. E4