Repudio contra gobierno chino por encarcelar a periodista civil

La abogada es sentenciada, en un juicio a modo, a cuatro años de prisión por «provocar disturbios». Su verdadero «delito»: exhibir los abusos del gobierno de Wuhan con motivo de la pandemia

Otra vez el gobierno de China revela su faz dictatorial y el uso de mano dura contra la libertad de expresión. Ahora le tocó a Zhang Zhan, exabogada y periodista ciudadana, pagar las consecuencias de enfrentar la censura en su propio país, luego que se dedicara a publicar la difícil situación que vivieron los habitantes de Wuhan durante las primeras etapas de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2.

Zhang Zhan fue acusada de «provocación de disturbios», la divulgación de «información falsa mediante textos, videos y otros medios», principalmente en Twitter, YouTube o Wechat (el WhatsApp chino), y haber aceptado «entrevistas de medios extranjeros como Radio Free Asia y el periódico Epoch Times». En pocas palabras, la culpan de «buscar pelea y crear problemas» por entregar noticias sobre el brote del virus y denunciar irregularidades por parte de las autoridades al momento de combatirlo.

Y sí, el régimen del presidente Xi Jinping tiene razones para estar preocupado por esta activista, quien ya había sido detenida en 2019 por apoyar las protestas en Hong Kong. Esta vez Zhang Zhan no se limitó a poner en entredicho el discurso oficial de Pekín, que gritaba a los cuatro vientos su victoria sobre la enfermedad tras una rápida respuesta al brote y el uso de una correcta estrategia de enfrentamiento, sino que dejó en evidencia los abusos a que fueron sometidos los habitantes de Wuhan durante la pandemia.

Ya el mundo está al tanto de la opacidad con que el gobierno chino intentó ocultar la gravedad del problema, su tardía reacción para implementar las primeras medidas de seguridad y el excesivo tiempo que se tomó para alertar sobre el riesgo de una pandemia a la comunidad internacional. A pesar de que los primeros contagios por COVID-19 se detectaron a inicios de diciembre de 2019 —algunas fuentes aseguran que desde noviembre—, no fue hasta el 31 de diciembre que se comunicó el primer caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todavía el gobierno chino esperó al 23 de enero para decretar en cuarentena a Wuhan y sus alrededores.

Aquellos pocos médicos que se atrevieron a comentar sobre la aparición de un nuevo virus, letal y muy contagioso, fueron citados por la policía bajo la sospecha de «propagar rumores». Uno de los que más levantó la voz resultó ser Li Wenliang, doctor del Hospital Central de Wuhan, en la provincia de Hubei, quien sugirió en un chat grupal que se debían tomar medidas sanitarias más estrictas ante la aparición de esta nueva cepa de coronavirus y el peligro epidemiológico que representaba. De inmediato el gobierno lo obligó a firmar una carta donde se le acusaba de difundir «mensajes falsos» que causaban «pánico» y alteraban el orden. A principios de febrero, Li Wenliang perdía la vida por COVID-19.

Esta combinación de acallar al personal médico y demorar la aceptación de una enfermedad de alto riesgo, ambas justificadas siempre por la exigencia de mantener todo en el mayo secreto posible, muy al estilo comunista, terminó por cobrar en la nación oriental, tan solo de enero a mayo del pasado año, 4 mil 634 víctimas mortales, de las cuales, cerca de 4 mil correspondían únicamente a Wuhan.

Zhang Zhan develó otros detalles no menos escabrosos y hasta ese momento desconocidos tanto para la comunidad internacional como para el resto de las ciudades de China. Denunció, por ejemplo, que durante el confinamiento de casi tres meses que fue impuesto en Wuhan, sus habitantes recibieron alimentos en mal estado y fueron obligados a pagar impuestos para hacerse pruebas del coronavirus. Con imágenes y videos demostró los ataques que la policía perpetró en contra de los ciudadanos que se mostraban inconformes —personas que perdieron sus empleos, negocios o familiares inclusive— e informó sobre las detenciones y desapariciones de colegas suyos que se dedicaban a publicar el desarrollo de los acontecimientos, los cuales diferían de la versión oficial.

Juicio made in China

Finalmente, la propia Zhang Zhan fue detenida en mayo y, luego de pasar varios meses en prisión, el 28 de diciembre se le impuso una condena de cuatro años de privación de libertad, de los cinco que enfrentaba como máximo a petición de la fiscalía.

El juicio resultó ser más un requisito formal a cumplir que un proceso de indagación y verificación de la verdad a partir de las pruebas de inocencia presentadas por la defensa. De hecho, el juicio se convocó durante fin de año porque los medios de comunicación le prestan mucha atención a las fiestas y celebraciones de la temporada y así el proceso podía evitar ser centro de mayores reflectores. Se adelantaba, además, a la llegada este mes de una misión de la OMS a China para investigar los orígenes de la epidemia.

De cualquier manera, no faltó el tironeo entre las fuerzas de seguridad y los simpatizantes de Zhang Zhan en las inmediaciones del tribunal de Shanghái, donde estos últimos fueron repelidos.

Tampoco se permitió la entrada a la sala de audiencias a los periodistas y al cuerpo diplomático extranjero que pretendía atestiguar el correcto desarrollo del proceso judicial.

Desde que fue arrestada, la periodista ciudadana inició una huelga de hambre, lo cual ha deteriorado mucho su salud — sufre migrañas, mareos, dolor de estómago y episodios de insomnio— a pesar de que las autoridades, para evitar el escándalo, la han estado alimentando a la fuerza mediante una sonda.

Uno de sus abogados, Zhang Keke, confirmó el deseo de su cliente de continuar con esta huelga. «Si me imponen una condena fuerte, rechazaré cualquier alimento hasta el final», le confesó Zhang Zhan, una semana antes del juicio.

Al menos otros tres periodistas ciudadanos chinos han sido víctimas de represalias similares por denunciar violaciones a los derechos humanos en Wuhan. Es el caso del empresario Fan Bing (de quien se desconoce su paradero desde febrero), del abogado Chen Qiushi y del reportero Li Zehua, arrestado a principios de 2020 y posteriormente puesto en libertad en abril.

Rechazo internacional

El fallo en contra de Zhang Zhan ha desatado una ola de rechazo entre organizaciones no gubernamentales y altas autoridades de algunos gobiernos. El Committee to Protect Journalists (CPJ) fue uno de los primeros en exigir la inmediata liberación de la periodista china, aun antes de recibir el veredicto final.

Apenas al día siguiente de hacerse pública la condena, la Unión Europea (UE) solicitó que Zhang Zhan fuera puesta en libertad, junto con una decena de abogados y defensores de los derechos humanos que actualmente también se encuentran en prisión en China. «La UE pide la liberación inmediata de la señora Zhang Zhan», dijo el portavoz del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

«Ante las mentiras del Partido Comunista Chino, los reportes sin censura de la periodista ciudadana Zhang Zhan desde Wuhan le dieron al mundo una ventana muy necesaria al brote de COVID-19. Debería ser celebrada por su coraje, no encerrada».

Michael Richard Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos

Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse «profundamente preocupada» por esta condena. «Hemos mencionado el caso a las autoridades a lo largo del año 2020 para ilustrar la represión excesiva de la libertad de prensa vinculada al #covid-19 y continuamos pidiendo su liberación», indicó.

Incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció sobre el caso: «Instamos (…) a liberarla inmediata e incondicionalmente» y agregó posteriormente que «ante las mentiras del Partido Comunista Chino, los reportes sin censura de la periodista ciudadana Zhang Zang desde Wuhan le dieron al mundo una ventana muy necesaria al brote de COVID-19. Debería ser celebrada por su coraje, no encerrada». E4