El proceso de revocación de mandato que se vivió el 10 de abril en México es una figura de la incipiente democracia mexicana que también debe ser analizada con sus errores y aciertos porque, en el futuro, si hay voluntad política de partidos, gobernantes y ciudadanos, se convierta en una verdadera alternativa de mejoramiento en la gobernanza y la participación ciudadana de los mexicanos.
Más allá de los resultados que se registraron, que para muchos eran anticipados y de fácil pronóstico, y del discurso triunfalista o la reacción descalificadora, es pertinente analizar qué hubiera sucedido con el resultado final en caso de que más personas sufragaran y las autoridades electorales contaran con el presupuesto solicitado para la instalación de más casillas con una mejor campaña de promoción para participar.
El ejercicio, desde su origen, estaba viciado porque la consulta ciudadana fue propuesta por el propio poder presidencial, más por una estrategia de posicionamiento político y electoral que por la medición de los resultados obtenidos en los primeros tres años de Gobierno.
La verdadera revocación de mandato está relacionada con una iniciativa que debiera promoverse por la oposición política o bien por la ciudadanía organizada en grupos civiles reconocidos legalmente y ubicados públicamente para sustentar una solicitud de remoción de la figura presidencial con argumentos legales y pruebas de falta de efectividad y resultados en la gobernanza.
Como antesala de este ejercicio se realizaron consultas sin sentido, como la venta de un avión presidencial o el enjuiciamiento de expresidentes, ejercicios que carecieron de credibilidad y que tuvieron una limitada participación de los ciudadanos, porque fácilmente detectaron que se trataba de acciones populistas que al final no tuvieron efecto, ni práctico ni legal. El avión no se vendió, se rifó y genera pérdidas al erario público y a la fecha no hay un solo juicio legal contra expresidentes por actos de corrupción.
No era difícil anticipar que la participación de la consulta del 10 de abril también sería baja, con solo 16 millones 502 mil 636 votos, es decir, un 17.7% del padrón total de los más de 90 millones de votantes permitidos para un proceso electoral.
La cifra señala que no hay confianza del electorado y que las autoridades de todos los niveles de Gobierno no generan certeza para que los ciudadanos se animen a aprovechar una figura democrática como la verdadera revocación de mandato.
El resultado favorable a la actual figura presidencial del país tampoco es una sorpresa y se puede traducir en un voto clientelar por varios factores: como apoyos económicos, dádivas políticas y movilización de masas a través de la amenaza; seguramente unos cuantos, aún crédulos de la actual política de gobernanza y muy pocos seguramente animados por un verdadero cambio que no llega.
Sin embargo, a tres años de distancia, la cantidad de votos que se obtuvieron en la elección federal del 2018 disminuyó como apoyo a la figura presidencial en un 50% y es señal de que hay al menos 15 millones de mexicanos que ya no confían y que no fueron chantajeados con amenazas o falsas promesas.
El escenario ofrece al final una conclusión utópica, pero con un fondo en los hechos que significaron la abstención de 15 millones de votantes que en el 2018 sufragaron a favor de la actual figura presidencial; es decir, la no asistencia de esos electores es muestra de que hay una nueva realidad sobre las preferencias y solo el voto duro se registró en las urnas.
