La sombra del clan persigue al gobernador lagunero, pero los satélites de Humberto y Rubén Moreira en el gabinete, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia dejaron de representar un peligro. «Hay muchas formas de demostrar quién ejerce el poder», declara a Zócalo Saltillo
Alianza quiere publicidad por elecciones: López Obrador
Informes eclipsados: entre Villa Unión y el coronavirus
Empezó con el pie izquierdo al perder con el panista Jesús Flores Morfín la diputación por el distrito 10, en 1999. En otra oportunidad le sacaron la candidatura de la bolsa. Repuesto del doble traspié, en 2006 ingresó al Congreso. La noche del 7 de julio de 2013 se despidió de su equipo con la idea de haber perdido la alcaldía de Torreón frente a Jesús de León (PAN), lo cual significaba el fin de su carrera, y así se lo comunicó al gobernador Rubén Moreira, pero en el último minuto rescató la elección con un margen de apenas medio punto porcentual. Tres años después estuvo a punto de convertirse en el Francisco Labastida de Coahuila —el panista Guillermo Anaya llegó a estar arriba en el cómputo de votos—, pero ganó la gubernatura por los pelos en un proceso impugnado por las oposiciones. Una semana antes del cambio de gobierno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió a su favor. El triunfo, obtenido por una diferencia de 2.5%, le costó a Miguel Riquelme sangre, sudor y lágrimas.
El paso del primer gobernador lagunero de este siglo por la LXI legislatura federal se recuerda por su combatividad. En una ocasión, mientras enviaba y recibía mensajes de texto, puso contra las cuerdas al secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien más tarde destaparía la megadedua de Coahuila. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray, intervino para serenar los ánimos. El coordinador de los diputados coahuilenses era Rubén Moreira, y el gobernador, su hermano Humberto. Videgaray fungía como cabildero de Enrique Peña Nieto, a la sazón ejecutivo de Estado de México.
«Villa Unión fue una muestra de cómo los coahuilenses respondemos (…). Con el mismo espíritu entraríamos (…) a lo que es, sin duda, la crisis más grande que ha enfrentado México y Coahuila: la pandemia de COVID-19».
(Miguel Riquelme Solís, 30-11-20)
Riquelme, como los Moreira, ocupaba entonces la esquina de los rudos en términos «luchísticos». Subordinados de candidatos impuestos desde el centro o por «consulta directa a las bases» (Enrique Martínez), estos operadores electorales se apoderaron de la estructura territorial del PRI para hacerse con el poder y desplazar a las elites. La experiencia resultó desastrosa, pues Humberto y Rubén Moreira hundieron al estado en la crisis financiera más profunda y duradera de su historia. Fue un gobierno de 12 años marcado por la corrupción, la impunidad y la arrogancia. El nombre de Coahuila, asociado con el clan, es sinónimo de venalidad y desprestigio.
La sombra del pasado persigue al exalcalde de Torreón. «Lo dije en campaña, yo soy Miguel Riquelme y no me apellido Moreira», declaró el gobernador electo a Magda Guardiola (El Financiero, 11.06.17) antes de ser confirmado por el TEPJF. «A partir del primero de diciembre, una vez que nombre gabinete, una vez que nombre a los hombres y mujeres con los que voy a colaborar, entonces iniciará una nueva etapa, en la que buscaré ganarme la confianza de la ciudadanía». La elección de 2017 fue la primera en la cual los candidatos de oposición superaron en votos al PRI: 60/30 en términos porcentuales. La alternancia estuvo a menos de 34 mil sufragios.
Una de las cosas que más me desconcertaban de niño, cuando acompañaba a mi abuelo Eulalio a las funciones de lucha libre en la plaza de Toros de Torreón, era ver a un técnico pasarse al bando de los rudos. Riquelme tomó la ruta contraria cuando asumió el poder ante un Congreso dominado por la oposición y empezó a reconstruir los puentes dinamitados por los Moreira, sobre todo por Rubén. Riquelme entendió el mensaje de las urnas. Después de navegar tres años en un río de aguas profundas y en condiciones extraordinarias por la megadeuda y la pandemia de coronavirus, acaso su logro mayor consiste en haber mantenido el gobierno a flote.
AMLO contra los «virreyes»
Los comicios de 2018 invirtieron la fórmula «presidentes débiles» igual a «gobernadores fuertes» iniciada con Ernesto Zedillo tras el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien defenestró sin miramientos a 16 «virreyes». Nadie se preocupó entonces de la soberanía de los estados. En ese río revuelto, el PAN, con Diego Fernández como capitán de pesca, ganó gubernaturas en las urnas y aun fuera de ellas. Sin embargo, en la campaña presidencial de 1994, cuando el jefe Diego parecía estar en la ante sala de Los Pinos, Salinas le apagó los reflectores o pactaron para dejarle a Zedillo —beneficiario del voto sentimental por el asesinato del candidato original Luis Donaldo Colosio— el campo abierto.
El descontento acumulado contra las administraciones del PRI, PAN y PRD fue uno de los detonantes del triunfo abrumador de Andrés Manuel López Obrador. El presidente utiliza su fuerza para imponerse a los gobernadores y debilitarlos políticamente. Su amplía mayoría en el Congreso le permitió pasar sin cambios un presupuesto austero para 2021. Los estados recibirán 87 mil 157 millones de pesos menos con respeto al año en curso por concepto de participaciones, aportaciones, convenios y subsidios. La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera también hacen su parte para poner a raya a los ejecutivos estatales.
El gasto público «se repartía en el pasado como botín (…). Porque la función del gobierno no era beneficiar al pueblo, sino facilitar el saqueo de unos cuantos, que eran los hijos predilectos del régimen. (…) El presupuesto era para tener contentos a todos los del gobierno y que hicieran la vista gorda para que a sus anchas unos cuantos se beneficiaran de los bienes del pueblo y de la nación. (…) Antes no importaba lo que se hacía con el presupuesto (…) se destinaba para tener a la llamada clase política y a los traficantes de influencia contentos, y se “maiceaba” a todos», declaró el presidente López Obrador en una gira por Baja California, realizada del 27 al 29 de noviembre. Esta es la única de las 15 entidades que nombrarán gobernador el 6 de junio próximo, con bandera de Morena.
La mayoría de los gobernadores son indefendibles, otros adolecen de ilegitimidad y 14 de ellos, conscientes de que el año próximo podrían ser relevados por un representante de la Cuarta Transformación, prefieren tener la fiesta en paz para no exponerse a ser investigados por delitos de corrupción o de distinta índole. Sin embargo, nadie les garantiza impunidad. El plan del presidente consiste en centralizar más el poder para aplicar en los estados los programas sociales, el combate a la venalidad y la eliminación de privilegios bajo los criterios de la 4T.
En Ensenada, el presidente se refirió a los comicios de 2021 y a la orientación electoral del gasto público: «el presupuesto se usaba para comprar lealtades, conciencias, votos, había partidas de moches para todos». La alternancia política en los estados se inició en Baja California en 1989 con el PAN. Veintinueve años después, Morena acordó carro completo. Hoy Acción Nacional negocia con el PRI ir juntos en las elecciones intermedias. «Imagínense eso», advirtió López Obrador, «se están quitando las máscaras los que engañaban que eran distintos. Qué bien que esto esté pasando, que no haya simulación, que no haya hipocresía». El partido con más gubernaturas en juego es el PRI (ocho), seguido por el PAN (cuatro). En Nuevo León, la alianza PRIAN no prosperó.
Claves para la sucesión
En circunstancias normales el cuarto año marca el inicio del juego sucesorio y el declive del gobierno, pero en las condiciones de Coahuila puede acelerarlos. En ese punto, el presidente o el gobernador de turno mueven ficha y los aspirantes toman posición para su eventual ungimiento. Eliseo Mendoza pasó de la Subsecretaría de Energía a la presidencia de la Cámara baja; Rogelio Montemayor, del Senado a la coordinación de Solidaridad en el estado; Enrique Martínez, de sus empresas al Congreso; Humberto Moreira, de la Secretaría de Educación a la alcaldía de Saltillo; Rubén Moreira, de la presidencia del PRI a la Cámara de Diputados; y Miguel Riquelme, de la legislatura federal a la presidencia de Torreón.
Humberto dejó de sucesor a su hermano Rubén y este a Miguel Riquelme. El escenario para 2023 es distinto. Hace cuatro años el PRI estuvo en un tris de perder la gubernatura e incluso la victoria de Riquelme, por un margen de poco más de 30 mil votos, pudo haber sido anulada, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación salvó la elección. El gobernador dice tener una relación cordial y de respeto con sus predecesores. Con respecto a quien, para un sector, aún influye en ciertas decisiones, o al menos de eso se jacta, acota. «Si yo hubiera visto que en este caso el exgobernador (Rubén Moreira) u otro expolítico quisiera meter mano a mi gobierno, hubiera hecho lo mismo que ellos hicieron… (¿no tolerarlo?, énfasis del reportero). Entonces, no hubo necesidad (…)» (Zócalo Saltillo, 29.11.20).
Riquelme sabe lo que se piensa acerca de cómo y por quién obtuvo la guberntura. «Aunque hubiera salido y les hubiera dicho: “oigan, yo soy diferente, yo soy Miguel Riquelme y voy a gobernar”, la gente te hubiera dicho: “no, estás loco cab…”. La verdad es que eso se tenía que demostrar. Ha costado, porque cuando lo haces a pulmón (…), pues tiene un mayor grado de complejidad. Hay muchas formas de demostrar que tú eres el gobernador. Yo nunca he optado por esa línea. Mi línea ha sido demostrar (…) que tengo capacidad para llevar las riendas…».
Los principales cargos de la administración de Riquelme los ocupan exfuncionarios de Rubén Moreira; algunos, incluso, la misma cartera. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado, convertido en reducto del clan, sucede lo mismo. Empero, el moreirato está de salida. Sin autoridad moral ni respaldo social por la estela de corrupción de la megadeuda, las empresas fantasma, las masacres en Allende y Piedras Negras, las desapariciones forzadas y otros atropellos, la marca es objeto de repudio y de nuevas investigaciones. Sus acólitos, incluido el menor de la tribu, dejaron de representar un peligro y se han plegado al poder para no exponerse a una de las «muchas formas de demostrar» quien manda.
En la entrevista con Leopoldo Ramos, Néstor González y Sergio Cisneros, Riquelme fija los tiempos de la sucesión: «terminado el cuarto año es cuando empiezan a calentarse los motores». No, los corredores ya están en la pista y las máquinas, a punto. Él mismo anticipa cambios en el gabinete por los comicios del 6 de junio. El PRI nombrará al candidato, dice, pero el PRI es él. Lo demostró en las elecciones de diputados con un «carro completo» rotundo. A escala nacional, el PRI es un fiambre.
En el ámbito de su partido, Riquelme da una clave para la sucesión de 2023 con visos de compromiso: «Que (al gobierno) no llegue alguien que venga a destruir nuestra entidad o las instituciones que hemos creado…». ¿Una parodia de los Moreira? Impensable. Riquelme recibió un estado en ruinas en términos financieros, institucionales y de credibilidad. El futuro gobernador no se elegirá en su despacho, sino en las urnas, pero lo que sí está en sus manos es la postulación de un candidato atractivo y confiable para los ciudadanos. Si el PRI —o sea él— se equivoca, las puertas para la primera alternancia se abrirán de par en par. E4
Alianza quiere publicidad por elecciones: López Obrador
La crisis en el país es innegable, acusan gobernadores. El líder de la 4T concluye su segundo año de ejercicio con una aprobación del 61%
Antes de ganar la presidencia en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador fue candidato al gobierno de Tabasco en 1988 y 1994. Primero enfrentó a Salvador Neme Castillo y después a Roberto Madrazo Pintado, del PRI. En ambos casos denunció fraude y para destituirlos encabezó el «Éxodo por la Democracia» y «Caravana por la Democracia». Neme dejó el cargo tres años antes de concluirlo y Madrazo fue «invitado» a renunciar por el presidente Zedillo, pero el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, no pudo persuadirlo.
El Éxodo y la Caravana reunieron a miles de personas en la Plaza de la Constitución de Ciudad de México, pusieron a AMLO bajo los reflectores y lo convirtieron en el líder antisistema por antonomasia. El tabasqueño ocupó la «silla del águila» sin haber sido gobernador, como Vicente Fox lo fue de Guanajuato, pero sí jefe de Gobierno del Distrito Federal. Por ese puesto, el segundo más importante del país, desfilaron presidenciables como Javier Rojo Gómez, Ernesto P. Uruchurtu, Carlos Hank González, Manuel Camacho, Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores.
López Obrador ve en la mayoría de los gobernadores a representantes del viejo régimen, al servicio de las oligarquías locales y en algunos casos incluso de la delincuencia organizada, lo cual explica la expansión de los carteles de la droga en casi todos los estados. En Coahuila pasó durante el moreirato. El desafecto es mutuo, pero 10 ejecutivos locales —menos de un tercio del total— lo convirtieron en bandera en el contexto de la pandemia de la COVID-19, la reducción de participaciones, la eliminación de fideicomisos y las elecciones intermedias.
«El saldo es de innegable crisis y retos por delante; (…) reiteramos nuestra disposición a trabajar juntos.
(Alianza Federalista, 01.12.20)
El 1 de diciembre, justo cuando las encuestas registraban un repunte en la popularidad del presidente López Obrador (61% según Reforma; 71% de acuerdo con Gobernación), la Alianza Federalista desaprobaba en un mensaje digital la gestión del líder de la 4T: «El saldo es de innegable crisis y retos por delante; sin embargo, (…) reiteramos nuestra disposición a trabajar juntos. No podemos seguir en pleitos interminables cuando México reclama seriedad, soluciones y unidad (…) es su turno al bat».
«Tomaron todas estas acciones porque es temporada electoral. (…) querían venir aquí… y luego salir y declarar. Publicidad. Eso no».
(Andrés Manuel López Obrador, 02.12.20)
Interrogado al respecto y sobre el reproche del líder del PAN por su falta de voluntad para reunirse con las oposiciones y revisar la agenda nacional, AMLO aseguró que su gobierno «avanza en el propósito de transformar al país». El ejecutivo federal guardó las distancias con los aliancistas (cinco del PAN, dos del PRI, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y un independiente): «No voy a permitir… que se utilice la institución presidencial con propósitos políticos, con propósitos electorales. No lo voy a aceptar».
En su turno al bat de la retórica, al que fue invitado por la Alianza para pasar «del manejo de la crisis a la administración de las soluciones», el presidente replicó «Tenemos diferencias, son públicas, son notorias. Considero que no tienen razón, que tomaron todas estas acciones porque es temporada electoral, hay elecciones. Pero querían utilizarnos… venir aquí… tener reuniones y luego salir y declarar. Publicidad. Eso no, no es serio». La aprobación presidencial tuvo un «rebote» de cinco puntos porcentuales en diciembre con respecto a la encuesta de agosto de Reforma, a pesar de la pandemia la inseguridad y del desplome de la economía. Según el diario, «la imagen (de AMLO) blinda (al) mal gobierno». E4
Informes eclipsados: entre Villa Unión y el coronavirus
Riquelme contrasta el manejo de la pandemia entre su gobierno y el del presidente López Obrador; en Coahuila «total transparencia»
Esta vez no fueron ráfagas de fusil las que eclipsaron el informe de Miguel Riquelme, como ocurrió en 2019 cuando una célula del cartel del Noreste irrumpió en Villa Unión y convirtió al pueblo norteño en infierno, según testigos. Los enfrentamientos del 3 de noviembre y los días subsiguientes provocaron la muerte de, al menos, 24 personas entre policías, sicarios y civiles. Cuatro meses después apareció un enemigo más peligroso y letal, además de ubicuo e invisible: el coronavirus. La pandemia fue el tema del tercer informe. El 30 de noviembre, mientras el gobernador daba cuenta del estado de la administración ante el Congreso, Coahuila registraba 42 mil 339 contagios de COVID-19 y 3 mil 167 decesos.
En su analogía sobre ambos sucesos —el primero controlado en pocos días y el segundo apenas en la primera etapa de vacunación para personal sanitario—, Riquelme ponderó la unidad del pueblo ante la adversidad: «Villa Unión fue una muestra de cómo los coahuilenses respondemos (…). Con el mismo espíritu entraríamos (…) a lo que es, sin duda, la crisis más grande que ha enfrentado México y Coahuila: la pandemia del COVID-19».
No hubo menciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí críticas oblicuas por la forma de atender la emergencia sanitaria desde su inicio. El 31 de julio, nueve gobernadores de la Alianza Federalista demandaron la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por el «manejo errático» de la plaga. En la contingencia —dijo Riquelme—, el gobierno estatal «se ha conducido con total transparencia. Coahuila ocupa el lugar número uno en todo México por ser el estado que más exámenes realiza en proporción al número de habitantes. Esto nos permite detectar contagios y una mejor contención del virus».
Otro dardo lanzado desde la tribuna del Congreso a la Cuarta Transformación fue por la ausencia de un plan de estímulos para afrontar el paro económico forzado por el virus SARS-CoV-2. Cito a Riquelme: «Durante el confinamiento logramos un amplio acuerdo con los sectores productivos (…) para lograr que, al menos, el 25% de las empresas permanecieran trabajando (…), de otra manera hubieran cerrado sus puertas definitivamente o cambiado su ubicación a otro país (…) En Coahuila no dejamos solos a los emprendedores».
Pese al desplome de la economía —del 8 al 10% este año—, «en Coahuila se concertaron 17 proyectos de inversión por un monto de mil 600 millones de pesos», dijo el gobernador, razón por la cual «es uno de los estados que más rápidamente se ha está levantando». De los 46 mil empleos perdidos por el coronavirus, se han recuperado la mitad, aseguró. Los estímulos fiscales a empresas y particulares y el gasto para atender la pandemia suman 2 mil 500 millones de pesos. El servicio de la megadeuda —herencia del moreirato—absorberá 4 mil 100 millones de pesos este año.
Riquelme denunció «un trato injusto» del gobierno federal hacia la Alianza, cuyas estados aportan «mayores recursos», pero no reciben «lo suficiente para atender y resolver las necesidades de la ciudadanía». Insistió en la demanda de «un nuevo pacto fiscal más justo y equitativo (…) para que nuestra entidad reciba lo que le corresponde». El tema lo cerró con un golpe de efecto: «Mi obligación como gobernador es defender a los coahuilenses, y honraré este compromiso en cualquier escenario y ante cualquier instancia». E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.