Rodríguez Canales en la CDH de Coahuila

Una forma de evadir la realidad de la violación de los derechos humanos en México la tenemos en el boletín de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde culpan al pasado diciendo: «La segunda mitad del siglo 20 fue una época de violencia política cometida por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y a la reparación del daño, emitimos la recomendación 98VG/2023. En la CNDH defendemos al pueblo». Toda una simulación.

Pero la psicóloga Rosario Piedra Ibarra, a ratos presidenta nacional de los derechos humanos, no dice nada de la violación actual de esos derechos. Un auténtico crimen de lesa humanidad. Porque lo cierto es que la cantidad de ejecutados, desaparecidos y torturados en lo que va del sexenio del presidente López Obrador supera a los 814 casos ocurridos en la segunda mitad del siglo pasado.

En dicho boletín sólo mencionan a cuatro presidentes en 24 años del régimen priista: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid, quienes, es cierto, combatieron grupos subversivos que pretendían imponernos una dictadura del proletariado. Y no, nunca habrá justificación sobre el terror de Estado contra grupos guerrilleros y terroristas. Pero en esa época y de la misma forma lo hicieron países avanzados y democráticos. El Reino Unido contra el terrorismo irlandés del IRA. España, contra el terrorismo vasco de ETA. Alemania contra la guerrilla de Baader-Meinhof. En Italia contra el terror de las Brigadas Rojas. En cada uno de esos países estamos hablando de 15 años de terror con algunas decenas de muertos. Nunca lo que pasa hoy en México con AMLO. En sólo cinco años de su sexenio ya van 160 mil homicidios y 43 mil desaparecidos. Más de 200 mil.

Es cierto, aquí ya no hay terror de Estado, pero ahora el terror, la tortura, las ejecuciones y desapariciones las ejerce el crimen organizado, un Estado de facto que viola los derechos humanos.

Y si acaso dicen que sólo el Estado legítimo puede violar derechos humanos, es mentira, porque en una consulta hecha a Investigaciones jurídicas de la UNAM nos dijeron que en la teoría contemporánea también se acepta que los particulares los transgreden cuando existen relaciones asimétricas de poder. Y vaya que el poder del narco es inmenso. Cobra impuestos, tiene cárceles, embajadores en el extranjero, ejecuta sentencias y tiene milicias armadas.

Por lo que ahora nos felicitamos que un ombudsman como José Ángel Rodríguez Canales haya llegado a desapolillar la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. Y como el Artículo 59 de la Constitución local establece que los OCA pueden presentar iniciativas, sería extraordinario que José Ángel emitiera una excitativa para que, a través de nuestro Congreso, llegue al Congreso de la Unión una reforma de ley para que se reconozcan y contabilicen la violación de los derechos humanos cometidos por los delincuentes.

Cierto que al explotar la estadística se haría visible en el mundo que somos el peor país en cuestión de respeto a los derechos humanos. Y así José Ángel empezaría a pavimentar su camino a la presidencia nacional de la CNDH. Recuerde usted, con AMLO ya van más de 200 mil ejecutados y desaparecidos ¡Ni en Ucrania!

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