Se acabó la fiesta: estados insolventes por gobiernos manirrotos; relevo en 15

La suplantación de la clase política tradicional por una generación ambiciosa y sin escrúpulos —como la de los Moreira en Coahuila— ha provocado una crisis múltiple en la mayoría de las regiones del país: corrupción, nepotismo, inseguridad, violencia y deudas. Nuevos mandatarios asumen con la soga a la garganta

Nuevo León: la frivolidad hecha Gobierno

Con AMLO, negociación, no pleito: Samuel García

Once gobernadores de los 15 electos a mediados de año ya entraron en funciones; el resto asumirá entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre. ¿Qué encontraron? Deudas y arcas vacías. No tienen dinero para pagar sueldos, pensiones ni facturas. La chihuahuense María Eugenia Campos (PAN) fue la primera en demostrarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que ella no será tapadera. Su predecesor y correligionario le heredó deudas por 11 mil millones de pesos con proveedores. «El Gobierno de (Javier) Corral vivió de créditos a corto plazo y, cuando no se pudo endeudar más, empezó a sobrevivir de fiado» (Reforma, 09.09.21), acusó.

Idéntico clamor se escucha en el resto de la república, con más o menos vigor. La deuda bancaria y bursátil de los estados que estrenan gobernador suma casi un cuarto de billón de pesos, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda. El presidente López Obrador les ha pedido ser austeros y denunciar las irregularidades de sus antecesores. El Gobierno federal, dice, no solo entrega con puntualidad las participaciones y fondos a los estados y municipios, sino que también «ayuda con recursos adicionales». Miguel Riquelme, de Coahuila, refuta insistentemente esa aseveración.

«En el caso (César) Duarte, ni perdón ni olvido. (…) Se disminuirá la dependencia de los créditos de corto plazo y se pondrá en marcha un agresivo programa de ajuste presupuestal» (Proceso, .8.09.21)

María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua (PAN).

En la mañanera del 30 de septiembre, López Obrador recomendó a los mandatarios de Chihuahua (PAN), Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas (Morena) y San Luis Potosí (Verde), quienes recién habían rendido protesta, invertir las transferencias federales en obras y servicios de impacto social. El presupuesto —señaló— muchas veces se utiliza para comprar vehículos de lujo y pagar asesores, entre otros conceptos innecesarios, sin beneficiar a la gente. Además, los gobernadores desvían miles de millones de pesos a empresas fantasma.

Es injusto —abundó el presidente— que mientras el Gobierno federal ahorra, los gobiernos estatales y municipales vivan «en jauja (…), gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante, indispensable». Asimismo, criticó los altos sueldos de presidentes municipales y regidores, los viáticos y cualquier derroche. «Todos tenemos que hacer un esfuerzo. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre». La Cuarta Transformación se aprieta el cinturón, fija topes salariales y desaparece organismos, y lo mismo espera de los gobiernos locales. Sin embargo, las inercias y la oposición le cierran las puertas a la «austeridad republicana».

«Llegamos ligeros, libres, sin ningún compromiso, no le debemos nada a nadie. No habrá copetes, proveedores favoritos, cochupos y toda esa monserga de corrupción que tanto existió» (El Norte, 01.10.21).

Samuel García, gobernador de Nuevo León

Entre las reformas orientadas a generar nuevos ahorros están pendientes las que reducen el número de diputados plurinominales (ahora son 200) y de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Por otra parte, el presidente busca recortar en un 50% el financiamiento público a los partidos y suprimir los institutos electorales en los estados para dejar al INE la organización de todos los procesos. También tiene en el punto de mira al Sistema Nacional Anticorrupción —y a sus equivalentes en los estados—, por simulador, oneroso e inútil. López Obrador propone que las faltas de los servidores públicos sean conocidas por una sala adscrita al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los gobernadores tienen mucha tela que cortar, pues el año próximo tampoco recibirán más participaciones y, en la circunstancia actual, aumentar impuestos o contratar más deuda sería política y financieramente suicida.

Política espectáculo

El PRI hegemónico basaba el control y la estabilidad del país en la selección de candidatos a gobernador. Los aspirantes debían reunir una serie de condiciones: tener amistad con el presidente, exposición en la capital de la república por ser parte del gabinete u ocupar posiciones relevantes en el Congreso, y no pretender la «silla del águila». Muchos pasaban los filtros, mas no todos cruzaban la meta. Una vez electos, los mandatarios locales quedaban bajo la férula presidencial. ¡Ay de aquel que le plantara cara, se enriqueciera ostensiblemente, descuidara sus deberes o le transfiriera conflictos a la federación! Una marcha, un plantón, el menor brote de inseguridad o una amenaza a la prensa provocaba la inmediata intervención del secretario de Gobernación. Incluso hubo gobernadores que, sin dar motivo, fueron defenestrados.

La alternancia en Los Pinos alteró el statu quo y los estados pagaron las consecuencias. Roto el «orden», las gubernaturas las empezaron a ocupar, algunas veces por asalto, políticos jóvenes, improvisados, ávidos de riqueza e incompetentes en la mayoría de los casos. En ese contexto, ocurrió la primera sucesión entre hermanos en la era del PRI. Contra todas las reglas, Humberto Moreira impuso a Rubén después de una administración calamitosa. Una de las herencias del nepotismo es la deuda que, sin descontar intereses pagados en la última década, ronda los 80 mil millones de pesos.

La mercadotecnia, las redes sociales y el carisma sustituyeron a las ideas. El debate desapareció y la política se convirtió en espectáculo. Para ser gobernador hoy no se requiere experiencia, prestigio ni una trayectoria impecable en el servicio público. Antes el puesto lo desempeñaban políticos con reconocimiento nacional e internacional como el filólogo y diplomático Isidro Fabela Alfaro (1942-1947), de Estado de México. Bajo la égida de quien fue secretario de Relaciones Exteriores y embajador de México en Francia, Argentina, Chile, Reino Unido y Alemania, se fundó el Grupo Atlacomulco, el cual, con el tiempo, devino en mafia. Carlos Hank González y Enrique Peña Nieto fueron sus últimos exponentes.

Javier Rojo Gómez —de origen humilde y fundador de otra dinastía— desoyó el canto de las sirenas para dedicarse a gobernar Hidalgo (1937-1939). Destacó entre los mejores del país por su honestidad y trabajo en favor de los más pobres. Nombrado jefe del Departamento Central por Manuel Ávila Camacho, pudo ser su sucesor, pero no se le subió el humo a la cabeza. Prefirió cumplir su responsabilidad en vez de pensar en ser candidato, según cuenta Andrew Paxman en Los Gobernadores. Caciques del pasado y del presente (Grijalbo, 2018). El modelo de Rubén Moreira —cuya mujer es de Pachuca y aspira a ser gobernadora— para implantar en Coahuila una dinastía, es Rojo Gómez. La condición social la tuvo antes de iniciar su carrera, pero todo lo demás le falta. El hidalguense no abusó del poder ni se enriqueció.

Los mandatarios con talla de estadista [también los hubo deleznables como Maximino Ávila Camacho (Puebla) y Gonzalo N. Santos (San Luis Potosí)] pertenecen a la historia. Coahuila tuvo algunos. Hoy, sin pasar por ningún tamiz, fuera de la órbita federal y, a escala local, con más poder que el presidente, pues la mayoría no tiene contrapesos políticos ni mediáticos, cualquiera puede ser gobernador sin cumplir los requisitos mínimos. En el pasado era impensable que bufones como Cuauhtémoc Blanco (Morelos) o Humberto Moreira, cuya mayor gracia era bailar cumbias, fueran candidatos del PRI o de algún otro partido. «Soy ser humano: tengo derecho a jugar golf», dice Blanco (exfutbolista), acusado de encabezar una red de lavado de dinero. La misma afición le nació a Rubén Moreira cuando el poder le permitió cambiar de estatus y construirse una fortaleza en San Alberto. Vaya manera de enseñar el cobre.

El caso Coahuila

Los exgobernadores tienen el margen político que el ejecutivo de turno les permite, de acuerdo con la circunstancia; el acatamiento de la regla según la cual «el poder no se comparte»; el grado de compromiso o complicidad entre ambos; o la pretensión de un mando transexenal. Hasta la administración de Humberto Moreira, el influjo de los exmandatarios era nulo. Las cosas cambiaron, para mal, cuando impuso como sucesor a su hermano Rubén, cuya influencia es ostensible en algunos ayuntamientos, el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia, ciertos medios de comunicación y en organismos «autónomos» como el Instituto Electoral de Coahuila y el Sistema Estatal Anticorrupción, compuesto por incondicionales del clan.

El damnificado es Humberto, quien goza de impunidad por la megadeuda de 38 mil millones de pesos cuyo destino se ignora después de 10 años de haberse denunciado. Rubén lidera el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados donde actúa como comparsa de Morena; Álvaro, aspirante a la gubernatura, ostenta una diputación local; y Carlos conserva el cacicazgo en el SNTE e injiere en asuntos relacionados con la educación. También el gabinete y el Poder Judicial están plagados de moreiristas. Históricamente, los cambios de Gobierno implicaban renovación de funcionarios, incorporación de cuadros jóvenes y ruptura con el pasado. Los Moreira y sus secuaces se resisten a salir de escena; al contrario, se han metido en la sucesión y su favorito está a la vista. Miguel Riquelme podría modificar la ruta con un candidato afín y de raíz lagunera.

La elección de 2023 pondrá a prueba a un gobernador bien calificado y con los hilos del poder en las manos, cuyo principal rival ya no es el PAN, sino Morena, pero debe lidiar con los Moreira. También se probará la paciencia de los coahuilenses, que en 2017 votaron contra el continuismo, pero la dispersión del sufragio frustró la alternancia. El principal escollo de Riquelme para retener el poder es la ola guinda, cuyo impulso se debe al presidente Andrés Manuel López Obrador. En los comicios de junio pasado, Morena se hizo con 11 gubernaturas de 15 en juego; además, encabeza la intención de voto en la mayoría de los estados (seis) que el año próximo elegirán Gobierno. La maquinaria propagandística disimula el desgaste del PRI, mas no las grietas ni el enfado ciudadano por la megadeuda, la corrupción y la impunidad del moreirato.

Evitar la confrontación con activistas de los derechos humanos, líderes cívicos y religiosos e incluso de su propio partido, siempre bajo acoso en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, le ha permitido a Riquelme mantenerse a flote. Aun así, le aguarda un cierre de sexenio complicado por el agobio financiero derivado de la deuda y la falta de apoyo federal. Frente a una oposición abúlica, sin figuras ni propuestas, los movimientos civiles se multiplican, toman las calles y empiezan a marcar nuevas agendas. El endurecimiento contra esos grupos no debe ser la respuesta de una administración cuya política de conciliación le ha permitido mantener la estabilidad política y social y una percepción positiva reflejada en las encuestas. El cierre de las plazas adyacentes al Palacio de Gobierno tras el desalojo del «plantón de la dignidad magisterial» envía un mensaje de intolerancia. La solicitud del obispo emérito Raúl Vera López y de otras voces, para abrir al público esos espacios, no ha sido atendida. E4

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Nuevo León: la frivolidad hecha Gobierno

Gabinete paritario, cambio de escudo de armas y rifa del vestido de la influencer convertida en primera dama

Nuevo León es líder en alternancias: acumula cuatro, una más que Ciudad de México y Jalisco; Coahuila, junto con Estado de México, Hidalgo y Oaxaca (PRI) no ha tenido ninguna. El primer cambio lo encabezó el panista Fernando Canales (1997); el segundo, el priista José González Parás (2003), después de haber perdido con Canales; y el tercero, Jaime Rodríguez (2015), el Bronco, primer candidato independiente, cuyo triunfo resultó tan espectacular como el fracaso de su gobierno. Samuel García (33 años), flamante gobernador nuevoleonés, milita en Movimiento Ciudadano, igual que Luis Donaldo Colosio Riojas (36 años), su tándem en la alcaldía de Monterrey.

García podría ser lo mismo que el Bronco: mucho ruido y pocas nueces. Mientras, las expectativas son enormes. El emecista ganó sin dificultad a la candidata de Morena, Clara Luz Flores, quien al principio encabezaba las encuestas. Sin embargo, el Congreso y la mayoría de los ayuntamientos los controlan el PAN y el PRI; Movimiento Ciudadano tiene seis diputados, todos de mayoría relativa, y siete alcaldes. La circunstancia limita el margen de maniobra de García, quien, a diferencia de Rodríguez, tiene el apoyo de un partido nacional y su relación con el presidente López Obrador es cordial.

La carrera del político regiomontano es tan corta como su edad: diputado local, senador, gobernador. Su victoria la debe a las redes sociales y a su esposa Mariana Rodríguez, influencer con un millón y medio de seguidores en Instagram. García obtuvo 786 mil 808 votos, 234 mil menos que el Bronco. La oligarquía de Nuevo León apostó por el candidato de Movimiento Ciudadano, con tal de cerrarle el paso al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso pagó una parte de su campaña. La pregunta es ¿hasta dónde será el compromiso de García con los grandes capitales de Monterrey y San Pedro Garza García?

El gobernador esbozó una respuesta en su toma de posesión: «Llegamos ligeros, libres, sin ningún compromiso, no le debemos nada a nadie. No habrá copetes, proveedores favoritos, cochupos y toda esa monserga de corrupción que tanto existió» (El Norte, 01.10.21). El gabinete de García lo componen nueve mujeres y ocho hombres. La mayoría procede de la academia y del sector privado. Para su esposa creó la oficina Amar a Nuevo León. En su toma de posesión lo acompañaron la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier —en representación del presidente López Obrador—, quien pudo haber sido su adversaria en las elecciones; la presidente del Senado, Olga Sánchez Cordero; y Enrique Alfaro, el otro gobernador de Jalisco, con quien teje una alianza para la sucesión de 2024.

La frivolidad se ha instalado en el Palacio de Gobierno de Nuevo León donde antes despachó un intelectual, Raúl Rangel Frías; uno de los duros del sistema: Alfonso Martínez Domínguez; un salinista defenestrado, Sócrates Rizzo, quien, en una conferencia en la Universidad Autónoma de Coahuila, atribuyó la violencia en los gobiernos del PAN a la falta de acuerdos con la delincuencia organizada; y el primer gobernador independiente del país. Producto de la mercadotecnia, García empezó por cambiar el escudo de armas del estado y su esposa rifará el atuendo que vistió en la toma de posesión de su marido. También tendrá ruedas de prensa los domingo, martes y jueves a las 10 horas, con un formato parecido a las mañaneras del presidente López Obrador. E4

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Con AMLO, negociación, no pleito: Samuel García

La Alianza Federalista fracasó porque se confrontó con el presidente, dice el gobernador nuevoleonés; desbandada en el frente

Samuel García, el gobernador del tercer estado con el mayor PIB del país después de Ciudad de México y Estado de México (Coahuila es el sexto, Stratista) dio por muerto, al menos para él, al bloque anti-AMLO fundado por su predecesor Jaime Rodríguez y los mandatarios de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y Tamaulipas, Francisco Javier García. «Todos vimos que la Alianza Federalista no funcionó porque iban al pleito. El país está dividido, ya no quiere pleitos, quiere replanteamientos y yo le ofrecí al presidente (…) un nuevo comienzo con Nuevo León donde nos ayuden con dinero, con seguridad, con el agua y con el medio ambiente» (El Norte, 04.10.21).

La propuesta la formuló a través de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, representante de AMLO en su toma de posesión. García no ha decidido la permanencia de Nuevo León en la Alianza Federalista, pero en caso de seguir lo haría sin entrar en conflicto con el Gobierno federal —dijo—, pues la relación con el presidente es necesaria. Anunció que él y su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro (únicos gobernadores de Movimiento Ciudadano), preparan un proyecto para modificar el pacto fiscal que permita canalizar más participaciones a los estados y municipios. Ambos se han reunido con AMLO en Palacio Nacional.

La Alianza Federalista, compuesta inicialmente por seis gobernadores del PAN, dos del PRI, uno del PRD y un independiente, inició con el pie izquierdo su trato con el presidente López Obrador. El pleito empezó cinco meses antes de las elecciones intermedias. «Como país enfrentamos los peores escenarios de la historia contemporánea porque además de la crisis de salud y de la crisis económica tan severa, la violencia y la inseguridad ponen en real peligro la gobernabilidad de zonas enteras del país por la ausencia del Estado mexicano», acusó el frente en su primer posicionamiento, presentado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureloes, el 16 de diciembre de 2020.

También hubo amagos de romper con el pacto federal y una andanada contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuya renuncia demandaron por el «manejo errático de la pandemia (de coronavirus) y la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas» (Animal Político, 31.07.20). Lo aliancistas olvidaron que son corresponsables de la crisis de inseguridad.

El bombardeo contra López Obrador tenía como objetivo debilitarlo en las elecciones de medio periodo para después cobrar los réditos, incidir en la sucesión presidencial de 2024 y, ¿por qué no?, apoyar a uno de los suyos. La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) advirtió el riesgo y prefirió no entrar al pleito. El tiro les salió por la culata a los aliancistas, pues Morena y sus aliados conservaron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, donde se discute y aprueba el presupuesto federal, y además desplazaron al PRI, PAN y PRD de 11 gubernaturas.

La Alianza Federalista perdió fuelle. Los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, los estados con mayor fuerza política y económica del grupo han decidido impulsar su propia agenda sin confrontarse con el presidente López Obrador. También José Rosas Aispuro, de Durango, entendió que pelear con la federación no es el camino. García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), uno de los más rijos del bloque, tiene hoy otras prioridades: evadir la cárcel y evitar un imposible: perder las elecciones y ser reemplazado por un gobernador de Morena. E4