Sin libertad, la democracia es despotismo; sin democracia la libertad es una quimera
Octavio Paz
La fecha del 11 de septiembre de cada año me trae recuerdos encontrados, que al evocarlos, hace rodar lentamente en automático la película de mi vida estudiantil, marcada por acontecimientos de gran trascendencia histórica como lo fue la tarde aciaga del 2 de octubre de 1968, el jueves sangriento del «halconazo» del 10 de junio de 1971, y la lucha en la primavera de 1973 por la autonomía de la universidad, grabados permanentemente en mi memoria.
Lejos estuve de imaginar que ya en plena madurez, me tocaría ser testigo, vivir y presenciar ya en plena madrugada del día 11 de septiembre de 2024, acontecimientos que serán para siempre un antes y un después en la historia del país, en trágica coincidencia con los acontecidos también en un día como hoy, un 11 de septiembre, pero de 1973, es decir hace 51 años, cuando la democracia latinoamericana, representada por el presidente chileno Salvador Allende, fue aniquilada brutalmente en aquel golpe de estado que encabezó la junta militar presidida por el general Augusto Pinochet, que días antes había jurado lealtad al después asesinado presidente.
Ahora bien, preguntará el respetable lector —y no sin razón—, ¿qué analogía guarda ese hecho histórico, violento, sanguinario y criminal que acabó con la democracia en la patria de Pablo Neruda y Víctor Jara, con el México que vivimos?
Aparte de la coincidencia del mes y misma fecha, ¿qué similitud tiene aquel acontecimiento, que marcó toda una época en la historia de las dictaduras en Latinoamérica, con este 11 de septiembre que empezamos a vivir en México?
Guardadas todas las proporciones respecto a las diferencias de países, épocas, regímenes de gobierno, personajes y circunstancias políticas, la similitud consiste, que en aquel país andino la democracia, libertad, estado de derecho y respeto a la Constitución, todas ellas ejemplares en su tiempo para Latinoamérica acabaron en un día trágico como el 11 de septiembre tras ser destruido el Palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo, por un feroz bombardeo, que fue el preludio de una sangrienta dictadura que duró más de cuatro décadas y acabó con la vida de miles de opositores.
Hoy en nuestro país, en los primeros minutos de esta madrugada, tras ser aprobada la Reforma Judicial en el Senado de la República con una mayoría calificada de 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones, esas mismas instituciones fueron aniquiladas y ofrecidas en bandeja de plata como trofeo de despedida al todavía inquilino de Palacio Nacional.
Dicho proceso legislativo iniciado el 5 de febrero del año en curso por el presidente López Obrador, al enviar al Congreso de la Unión un paquete de 20 iniciativas de ley, para su discusión, análisis y en su caso aprobación, culmina, bajo el pretexto de que los ministros de la Suprema Corte de la Nación, magistrados y magistradas de los 32 Tribunales Colegiados de Circuito, jueces y juezas de Distrito, sean electos también por el voto popular al igual que lo son el titular del Poder Ejecutivo, diputados y senadores del Congreso de la Unión, gobernadores, diputados de los congresos estatales y presidentes municipales.
Repito, culmina el sueño dorado del nativo de Macuspana de dinamitar al Poder Judicial de la Federación, que hasta ayer había sido el único de los tres que integran los Poderes de la Unión que había resistido gracias a la lucha de sus 53 mil 120 trabajadores, 915 magistrados de Circuito, 759 jueces de Distrito y ocho de sus 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida su presidenta Norma Lucía Piña Hernández, de defender ese valor fundamental de su labor jurisdiccional llamado independencia, hecha valer frente a las acciones contrarias a nuestra Ley Fundamental, de un Gobierno cuyo titular, desde que arribó al poder el 1 de diciembre de 2018, mostró su odio y rencor personal contra sus titulares y sobre todo hacia su quehacer jurisdiccional, en especial el juicio de amparo.
A partir de hoy, en esta fecha trágica para el futuro y destino del país y sus instituciones jurídicas, nuestro Estado de derecho estará acotado al quedar a capricho de una presidenta electa, que ha declarado públicamente que seguirá los mismos lineamientos de su antecesor, es decir de que sea «el pueblo noble y sabio» quien elija a jueces y juezas de Distrito, magistrados y magistradas de los Tribunales Colegiados de Circuito y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de los riesgos que para nuestra democracia, estabilidad económica, crecimiento y desarrollo a futuro de nuestro país, conllevan tales acciones.
Quienes dieron el golpe mortal a la existencia de la República, tal como fue concebida desde hace 200 años en nuestra Constitución de 1824, están de fiesta. Más miles de mexicanos que no coincidimos con la demolición de una de sus principales instituciones, garantes del cumplimiento de nuestra Constitución, como lo es el Poder Judicial de la Federación, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a esos pírricos triunfadores del día de hoy les decimos que no olviden que el juicio de la historia será inexorable. Que hoy tienen la victoria, pero no la razón, y, por tanto, la negra noche que por su antipatriotismo empezamos a vivir hoy, será derrotada a final de cuentas por la luminosidad de un amanecer ojalá no lejano, radiante y luminoso que México merece.
