Los quisieron enterrar, pero no sabían que eran semillas.
Anónimo
Ante las manifestaciones y reclamos de los padres y familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Gro, desaparecidos en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2104 en Iguala, quienes rechazaron en definitiva la versión oficial de la «verdad histórica» del exprocurador general de la república, Jesús Murillo Karam, y reafirmaron su postura en señalar que fue el estado el culpable de tales hechos, el presidente López Obrador , admitió el pasado 3 de octubre: «Claro que fue el estado, sin duda, porque el estado pudo aclarar las cosas y no fabricar mentiras».
Nueve años después de acontecida tal tragedia, dicha confesión presidencial confirma lo que no sólo los padres y familiares de los desaparecidos han afirmado siempre, sino también organismos internacionales de reconocido prestigio como lo es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes desde 2006 sostuvieron como hasta hoy lo admite el presidente de la república, que en la comisión de tales hechos el estado mexicano resulta responsable, habida cuenta la participación que en esa noche y madrugada trágicas, tuvieron la Marina, la Policía Judicial Federal, y sobre todo los elementos de los batallones 27 y 41 del Ejército Mexicano destacamentados en Iguala.
Entre todas las incidencias que durante nueve años se han derivado del caso, destaca la detención y posterior vinculación a proceso del exprocurador general de la república, Jesús Murillo Karam, autor de la versión de la «verdad histórica», acusado entre otros delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.
Con independencia que el exfuncionario resulte o no responsable a final de cuentas de dichos delitos, lo grave es que el propio presidente al revelar las circunstancias en que se dio su detención, evidenció y puso de manifiesto su desacato a principios y disposiciones constitucionales sustentos principales de nuestro estado de derecho.
Así, el pasado 2 de octubre, un día antes de admitir la responsabilidad del estado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reveló que para detener al exprocurador Jesús Murillo Karam, y ordenar la aprehensión del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, tuvo primero un acuerdo con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Záldivar, al señalar:
«Entonces nos reunimos una vez que tuvimos el reporte (de Alejandro Encinas), porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal de que este era un asunto de estado, y que teníamos que ir a fondo y ayudarlos para conocer la verdad y hacer justicia».
De dichas afirmaciones se desprende que el presidente no puede dar instrucciones al fiscal general para la persecución de delitos, por ser este el titular de un organismo autónomo como así lo previene el Articulo 102-A, primer párrafo de nuestra Ley Suprema; y mucho menos acordar como así lo admitió, lo hizo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titular del Poder Judicial de la Federación en aquel entonces el ministro Arturo Záldivar, pues al haberlo hecho así trasgredió la autonomía constitucional de dicho poder, y por ende, la división de poderes establecida por el diverso numeral 49 de nuestra Carta Magna.
Tales conductas impropias de un presidente, indecorosas e ilegítimas para quienes en dichos cargos las realizaron, no hacen más que evidenciar que la detención y enjuiciamiento del entonces exprocurador, como secuela de los acontecimientos de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, además de no culminar hasta ahora con la detención y sujeción a proceso de los verdaderos responsables, sigue plagada de vicios y errores legales, que no se enmendarán hasta que el secretario de la Defensa Nacional, ponga a disposición de las autoridades jurisdiccionales competentes —como así lo reclaman y sostienen los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos para llegar a conocer la verdad de los hechos—, toda la documentación existente sobre la participación que tuvo el Ejército en tan lamentables hechos.
Mientras esto no acontezca, seguirá pendiente el compromiso formal que hizo el presidente al asumir su cargo en su discurso inaugural de noviembre de 2018 cuando dio a conocer sus 100 compromisos de Gobierno, quién al referirse a lo acontecido a los estudiantes normalistas desaparecidos, afirmó: «Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables».
