Sí hay jueces en México, no nada más en Berlín…

Hay una historia clásica del Derecho, que se desconoce si realmente sucedió, y no obstante ha servido para demostrar que siempre será necesaria la actuación de jueces valientes e independientes para materializar la protección del orden jurídico a favor de las personas en contra de los abusos de un poder que se extralimita en su ejercicio.

Se cuenta que Federico II, rey de Prusia, intentó comprar y posteriormente expropiar un molino que arruinaba la vista de su palacio. Arnold, el dueño del molino, se inconformó llevando su caso ante un juez, quien sentenció a favor del quejoso. Y el rey, se cuadró ante la sentencia, y exclamó: «Veo con asombro que aún hay jueces en Berlín».

Hay tres casos más de la misma naturaleza que registra la Historia, el del Justicia de Aragón frente a Felipe II en 1591; el juicio a Carlos I de Inglaterra en 1649, a manos de un Tribunal Superior de Justicia nombrado por la Cámara de los Comunes; y el juicio a Luis XVI por la Asamblea Nacional Francesa en 1792.

Cabe destacar que en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación se encuentra grabada la célebre frase del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, que reza: «Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario», que remite también a la importancia que tienen los jueces para que los ciudadanos se enfrenten, en igualdad de condiciones, ante los poderosos, llámense órganos del Estado, poderes fácticos o dueños de grandes capitales.

¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el que está facultado para determinar conforme a la ley quien tiene la razón jurídica, lo que permite que cualquiera de nosotros invoque su intervención cuando hay una flagrante violación de nuestros derechos por parte de la autoridad, así sea el mismo presidente de la república o el gobernador de una entidad federativa.

Así también, la célebre declaración hecha por el más distinguido liberal mexicano del siglo XIX, don Benito Juárez García: «Mexicanos: encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». O la de don José María Iglesias en su libro Las elecciones de 1876: ¡Sobre la Constitución, nada. Sobre la Constitución, nadie!.

Y vuelvo a lo enmarcado en la leyenda de hay jueces en Berlín, subrayando que no solo se trata de un asunto tan antiguo pero tan vigente porque alude al control judicial, que no abarca nada más el ejercido sobre la actuación de los jueces sino el de la legalidad de las normas. Hay jueces en Berlín es toda una alusión a la autolimitación del poder.

El jurista español don José Esteve Pardo lo expresa con claridad meridiana, refiriéndose al control judicial: «… es transtemporal y característico de una cultura: marca la cultura occidental a partir de un momento y de unas circunstancias históricas de sujetar el poder público al derecho y por lo tanto someterlo al control de los jueces. Es un programa que a veces se hace realidad y a veces no, pero que de alguna forma nos conecta y nos hermana a los que estamos a un lado y al otro del Atlántico».

Hagamos la reflexión y seamos el molinero Arnold y preguntémonos si hay jueces en México. La leyenda de hay jueces en Berlín describe prácticamente una tensión política y jurídica propia del Estado moderno y que hoy, en nuestros días, en México, la seguimos viviendo, a pesar de la legislación instituida en la misma Constitución de la República para contenerla. La proclividad de pasarse la ley por debajo de las extremidades inferiores del actual titular del Ejecutivo ha provocado una debacle, que debe ser atendida con carácter de urgente.

El 8 de mayo del año que corre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó y declaró anticonstitucional la primera parte del Plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente de México; lo anterior al considerar que hay «claras violaciones» al proceso legislativo. Así de claro y de llano.

Con el decreto del Plan B de la reforma electoral se pretendía reformar la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas como parte de las propuestas del primer paquete de reformas en materia electoral, que reformaba los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana. Con 9 votos a favor y 2 en contra, la Suprema Corte dejó claro que nadie ni nada está por encima de lo dispuesto en la Carta Magna.

Los votos en contra fueron de las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que no asombran ni extrañan dados sus vínculos con el individuo que desgobierna este país. A favor, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo, Javier Laynez y Norma Piña.

La contundencia del porqué de la declaración de la inconstitucionalidad está más clara que el agua: «La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular».

Y en abono lo expresado por el ministro Aguilar Morales: «Yo estoy de acuerdo con la propuesta de declarar la invalidez total del decreto impugnado porque se cuentan acreditadas múltiples irregularidades al procedimiento legislativo», quien además reafirmó que los artículos 71 y 72 de la Constitución vulneran y «violan» el «proceso legislativo». La corte ni siquiera tuvo que entrar a la discusión de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las modificaciones, el sustento de su determinación parte de que se violentó el procedimiento legislativo.

¿Cómo se atrevió la mayoría de Morena a aprobar una reforma sin que hubiera deliberación entre las diversas fuerzas políticas con representación en el Legislativo, y sin que éstas conocieran el contenido de lo que se avaló? Además no se observó el requisito de que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo se incluyeran en la Gaceta Parlamentaria el día anterior y que el dictamen de Comisiones se haya circulado entre los legisladores con 24 horas de anticipación.

La dispensa de deliberación alegando urgencia en la aprobación de las leyes no debe convertirse en recurso rutinario. Se trata solo de un recurso excepcional. Por otro lado, como bien lo apuntó el ministro González Alcántara: «No respetar las reglas del proceso legislativo es una deslealtad constitucional y desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo de México». Y él mismo subrayó: «Esta Corte no puede considerar automáticamente que todas las violaciones son irrelevantes solamente por haber sido aprobadas por una mayoría».

Es indignante el desempeño de este Gobierno, que utilizando su mayoría en las cámaras, se atreva a pasar por encima del orden jurídico. Es más que obvio que al presidente de la república lo tiene muy sin cuidado la observancia de las leyes y no tiene empacho en violarlas y/o mandarlas violar. Sus declaraciones mañaneras hace tiempo que se pasan de la raya, no tiene ningún respeto por nada, ni por nadie. Insulta, vocifera. Pero ¿quién se ha creído que es?

«Yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no, está podrido». Hágame el «refabrón cavor», con su permiso don Armando. Y ya se le metió en la cosa esa que tiene por cabeza que enviará una iniciativa para que sea el voto directo del pueblo el que el elija a los ministros, a los magistrados y a los jueces.

De verdad que si en 2024, parafraseando a George Orwell, le permitimos que siga desmadrando al país, no vamos a ser víctimas, sino cómplices. Tenemos que salir a votar a favor de México, no más izquierda populista, invadida de odio hasta los huesos. México no será ni Cuba ni Venezuela bis.

Larga vida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mis respetos.