El presidente López Obrador ha sido el artífice principal de la sucesión adelantada. Fue una secuela de la elección intermedia y algo que el presidente sí vio y muy pocos observadores atendieron: el deterioro electoral de Morena en las principales zonas urbanas del país, no sólo el poniente de la Ciudad de México. Los resultados exitosos en la abrumadora mayoría de las elecciones de gobernadores distrajeron la atención de la debacle de Morena en las ciudades más pobladas. Otro dato, la oposición en su conjunto obtuvo más votos que la coalición gobernante.
López Obrador, de siempre, ha sido un hábil estratega electoral. Su diseño y expectativa para la intermedia era, al menos, refrendar la condición de Morena con mayoría absoluta en el Congreso. Así, su alianza con el PVEM y el PT sería en condiciones de ventaja para la legislación ordinaria. Alcanzar un resultado razonablemente bueno también implicaba alcanzar la mayoría calificada con sus aliados. No ocurrió así, y significó no sólo una limitación al programa político de la segunda mitad, sino la necesidad de adelantar el reloj electoral.
Precipitar la sucesión atiende a dos frentes: el interno y el externo. En el primero, apuntalar a Claudia Sheinbaum como favorita e incorporar a un amplio grupo de aspirantes presidenciales para así evitar que la disputa se centre en tres: Sheinbaum, Monreal y Ebrard. AMLO no confía en la democracia interna de Morena, pronunciándose mejor por el desacreditado y poco transparente método de encuestas; asume que estos estudios pueden ofrecer la necesaria legitimidad. Además, en una elección democrática se pierde control del resultado, más si se realiza bajo la modalidad de primaria: varias elecciones regionales en distintos momentos, legítima aspiración de Ricardo y, eventualmente, de Marcelo.
El presidente cada vez requiere ser más ostensible en su parcialidad, lo que niega la necesaria equidad y una competencia con piso parejo. Él podría imponer a Claudia, pero los costos serían altos y, de persistir en su rudeza, podría haber fracturas. Evidentemente, la popularidad presidencial no se transfiere ni produce los votos necesarios; por lo mismo, mantener la unidad es fundamental. Por cierto, tampoco los programas sociales con sus padrones clientelares sirven a tal fin.
La estrategia al exterior es menos complicada, en apariencia. El objetivo es fracturar al bloque opositor en los planos regional y legislativo. El primero se procesa a través de algunos gobernadores del PRI y también del PAN que, por razones del encargo y de la obra pública federal en sus entidades, mantienen una postura más que cordial con López Obrador. Su prioridad no es partidaria, sino concluir en buenos términos, volviéndolos vulnerables a un Presidente inclinado al elogio, el reconocimiento y la insinuación de incorporarlos a su gobierno.
En el plano legislativo, el colaboracionismo de Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales -también dirigente del PRI-, y el de Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ha desestabilizado al bloque opositor. Inexplicable que el PAN, con mayor número de diputados y con mayor determinación opositora, dejara en manos de Moreno y Moreira estas posiciones estratégicas, particularmente por la pública vulnerabilidad de estos personajes, producto de sus expedientes por corrupto desempeño como gobernadores de Campeche y Coahuila, respectivamente.
Movimiento Ciudadano ha descartado irse en bloque opositor en 2024, un error si se trata de ganar la Presidencia. En sus filas está el mejor prospecto de candidato opositor, Luis Donaldo Colosio, incluso aceptable para el bloque opositor. Sin embargo, la decisión es revisable en la negociación. A Dante Delgado no se le regatea talento ni inteligencia. De cualquier manera, Colosio como candidato solo por MC difícilmente ganaría, pero llevaría al partido a la condición de primera fuerza opositora para, eventualmente, ganar la Presidencia en 2030.
Entre los apuros de Santiago Nieto
El estándar moral del Presidente López Obrador se vuelve contra los suyos. La idea de que el enriquecimiento por sí mismo es inmoral si no es que expresión de corrupción, pone la vara muy elevada. Si esto aplica a los particulares, más a los funcionarios públicos. Esta postura, quiérase o no, reproduce mucho del sentimiento popular, acentuado por la ofensa de la pobreza y de la desigualdad. El presidente tiene respaldo de los mexicanos por su denuncia recurrente del enriquecimiento rápido de los funcionarios gubernamentales.
El caso De Santiago Nieto es paradigmático. Enriquecimiento y deudas desproporcionadas a su modesto ingreso. En el intento por salvarse recurre al sueldo de su esposa, en un matrimonio de apenas unas semanas y también motivo de señalamiento por el presidente: las elevadas remuneraciones de los consejeros electorales.
La realidad es que Nieto, en su aspiración de vivir más allá de la modesta medianía juarista, rompe el código moral de quien lo encumbró en, seguramente, la responsabilidad más delicada del gobierno por el acceso a la información personal de las finanzas de todo mexicano, de todo funcionario público actual y pasado, de los legisladores y de sus malquerientes, como el fiscal Alejandro Gertz; además investiga a los parientes, las empresas que conforman y de toda transacción financiera. Esto sin considerar el enorme poder discrecional de la UIF para bloquear cuentas.
El hecho no concluye con la información privilegiada, en algunos casos personalmente divulgada o filtrada a medios, que constituye delito flagrante y violación tanto del derecho a la privacidad o secrecía de datos protegidos por la ley, como de la presunción de inocencia. Tema central de la justificada inconformidad del fiscal General de la República. Además del efecto corruptor por la divulgación de datos y la violación al debido proceso, las denuncias y los expedientes estaban mal integrados. El desaseo lo pagaba la fiscalía, y Santiago Nieto recibía el aplauso del respetable en su falsa, interesada y sesgada lucha contra la corrupción.
Pablo Gómez tendrá ocasión de investigar las gestiones para la liberación de las cuentas ilegalmente bloqueadas por la UIF. No es un tema nuevo; es un negocio muy rentable desde que la UIF utilizó de manera discriminada la inconstitucional práctica del bloqueo unilateral y sin intervención de juez de cuentas bancarias.
La confianza presidencial y el abuso de ésta por Nieto lo volvía el funcionario más poderoso; el eficaz recurso para intimidar a opositores, empresarios, periodistas y muchos otros adversarios del régimen. Un valor entendido entre el Presidente y el titular de la UIF.
Las cosas cambiaron. Seguramente el fiscal Gertz o su coordinador jurídico Julio Scherer hicieron ver al Presidente que la operación de la UIF no podía hacerse pública, menos divulgar operaciones financieras, nombres, empresas, etc. Hubo un cambio, pero la información continuó en sigilo y con mayores reservas a las iniciales. Nieto fue objeto de observación y López Obrador no tardó en advertir que no cumplía y, posiblemente, también tuvo información de su desempeño en beneficio propio, como ha sido el caso que atañe al fiscal Gertz, divulgada con sesgo, insuficiencia y fuera de contexto con la pretensión de provocar su defenestración.
La explicación de Nieto sobre su situación patrimonial es insatisfactoria. El crédito al que alude lo inculpa. Hay un evidente conflicto de interés. No debe tener relación alguna con entidades financieras por la naturaleza de su responsabilidad. Su preocupación no es lo que hoy se sabe, muy comprometedor, sino lo que está por conocerse. Pasa de la condición de investigador a investigado. De utilizar su mismo criterio en la UIF, no pasará la prueba de ácido. Santiago Nieto sabe que su suerte está en la generosidad del Presidente, de allí el apuro en acreditar obsequiosa y falsa lealtad.
