Un enigma llamado Nayib Bukele ¿Mesías o tirano de El Salvador?

La política de mano dura contra la delincuencia le agencia al mandatario un fuerte apoyo popular. La construcción de un centro penitenciario gigante y el decreto de estado de excepción: arietes en su lucha contra el crimen. Oenegés denuncian violaciones continuas a los derechos humanos

Menos alcaldías, menos corrupción, pero mayor concentración del poder

Algunos lo tienen por benefactor, otros por asesino, y muchos consideran que no es más que un político oportunista, pero el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autodefine como «el dictador más cool del mundo mundial», según publicó en su cuenta de Twitter. La realidad es que, a su llegada a la presidencia, el mandatario alcanzó rápidamente una gran popularidad gracias a su agresiva estrategia de enfrentamiento a las pandillas que asolaban el territorio nacional, si bien, en los últimos años, ese respaldo masivo ha ido a la baja, tras reiterados señalamientos de violación de derechos humanos y un reacomodamiento de las leyes para perfilarse hacia una nueva candidatura presidencial en 2024, aun cuando la Constitución del país prohíbe un segundo mandato consecutivo.

Bukele ha demostrado contar con coraje y habilidades políticas a pesar de su juventud. Vale recordar que al asumir la presidencia de el Salvador —el 1 de junio de 2019— tenía apenas 37 años de edad y logró vencer como candidato del partido Nuevas Ideas, en primera vuelta y con el 53.1% de los votos, a las dos principales fuerzas políticas que alternaban el poder hasta esa fecha: la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Durante sus dos primeros años de Gobierno, Bukele no contó con la mayoría de la Asamblea Legislativa, por lo que se vio obligado a negociar sus iniciativas con un poder legislativo dominado por la oposición. Sin embargo, tampoco le tembló la mano cuando tuvo que imponer sus condiciones por encima de los obstáculos presentados por la Asamblea. Así sucedió con la llegada de la pandemia por COVID-19 y la negación de la mayoría legislativa de extender la prórroga del estado de emergencia. Bukele sostuvo su medida sanitaria incluso cuando la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. A la postre, esta declaración terminaría por costarle el puesto a los magistrados al año siguiente. De forma similar, el 9 de febrero de 2020 acudió al apoyo del Ejército para forzar la aprobación de un crédito internacional destinado a financiar su plan contra el crimen.

Pandillas tras las rejas

Su ataque frontal a las pandillas de El Salvador ha sido la iniciativa que más popularidad le ha redituado al joven presidente y, al mismo tiempo, la que más críticas le ha generado por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Estas pandillas constituyen un problema social y de seguridad significativo en la nación centroamericana. Conocidas como maras, incluyen principalmente a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a la Barrio 18. Han sido responsables de una amplia gama de actividades delictivas, como extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas, robos y secuestros. Surgieron inicialmente en Estados Unidos, formadas por jóvenes salvadoreños que migraron durante la guerra civil en la década de 1980. A su regreso a El Salvador, llevaron consigo una cultura de violencia y delincuencia que se arraigó en el país.

«El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo, al país más seguro de América. ¿Cómo lo logramos? Metiendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora sí. ¿Podrán dar órdenes desde adentro? No. ¿Podrán escapar? No. Una obra de sentido común».

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Estos grupos delictivos se caracterizan por su estructura jerárquica y códigos de lealtad estrictos. Los miembros generalmente se tatúan símbolos distintivos y visten de manera identificable para demostrar su afiliación a un bando en particular. Además de su participación en actividades criminales, también controlan territorios específicos y buscan imponer su dominio a través de la intimidación y las agresiones.

La administración Bukele da cuenta de unas 68 mil capturas de presuntos pandilleros, pero es imposible corroborar la cantidad real o conocer el detalle de los procesos porque el Gobierno solo entrega datos de manera discrecional en sus redes sociales y ha puesto bajo reserva toda la información relacionada con el régimen de excepción durante siete años (hasta marzo de 2029).

La mayor parte de la ciudadanía, que vivía bajo el terror de las pandillas, celebra los resultados de la estrategia de seguridad. Y no es para menos, según datos del Gobierno, en 2022, los homicidios disminuyeron a 495, frente a los mil 147 ocurridos en 2021. Para alcanzar estas cifras, en marzo del año pasado Bukele decretó un duro régimen de excepción, que ya va por 11 prórrogas y que limita derechos y libertades constitucionales en todo el país.

Además, construyó en apenas siete meses un gigantesco centro penitenciario, bautizado como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con el propósito de tener un lugar de alta seguridad para la recepción de reclusos. El complejo ocupa 165 hectáreas de un espacio completamente aislado y se conforma principalmente por barracones donde están encerrados los presos y algunas fábricas donde se les obligan a trabajar.

«El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo, al país más seguro de América», escribió Bukele, el 31 de enero, al presentar el Cecot mediante un video en Twitter. «¿Cómo lo logramos? Metiendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora sí. ¿Podrán dar órdenes desde adentro? No. ¿Podrán escapar? No. Una obra de sentido común».

Ese mismo día, el mandatario compartía la buena noticia de que «El Salvador cierra el mes de enero de 2023 con una tasa anualizada por debajo de dos homicidios por cada 100 mil habitantes. La tasa de homicidios más baja de todo el continente americano», afirmó.

¿Y los derechos humanos?

Tanto la comunidad internacional como organizaciones salvadoreñas de derechos humanos acusan al Gobierno de Bukele de usar la tortura, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en su embestida contra las maras, provocando que miles de niños, niñas y adolescentes queden en condición de vulnerabilidad.

Un informe presentado a finales de enero por Human Rights Watch (HRW) revela que se han cometido «abusos a gran escala», que incluyen hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. «Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas».

«Nuestros registros dan cuenta de que un alto porcentaje (de las capturas), más del 60%, son personas que no pertenecen a estructuras de pandillas».

Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal

Otras organizaciones cuestionan la falta de objetividad de las capturas. «Nuestros registros dan cuenta de que un alto porcentaje, más del 60%, son personas que no pertenecen a estructuras de pandillas», dice Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, organización no gubernamental que asiste a víctimas de violaciones de derechos humanos.

Bukele acusa a las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación que denuncian estos hechos de estar a favor de las pandillas.

Reelección en ciernes

En febrero de 2021, el oficialismo logró alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, lo que le permitió a Bukele aprobar leyes sin negociar con la oposición y renovar en su totalidad a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, Raúl Melara.

El argumento fue que los magistrados habían actuado «contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población», en una clara referencia a los fallos que revocaron los decretos presidenciales vinculados a la cuarentena. La remoción del Fiscal General se justificó por supuestos vínculos con el partido opositor ARENA, lo que afectaría su imparcialidad e independencia.

El enroque no fue del agrado de la ciudadanía que ya barruntaba un retroceso en términos de democracia y se organizaron varias manifestaciones en la capital del país al grito de «Por la democracia y el restablecimiento del Estado de Derecho». El Gobierno respondió con crudeza. Militarizó la ciudad y trató a los protestantes como si fueran terroristas. El propio Bukele utilizó su cuenta de Twitter para acusar al periodista William Gómez, directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), de incitar a la población a realizar actos vandálicos en las movilizaciones organizadas contra su Gobierno.

A pesar de las inconformidades, los primeros efectos del cambio en la Sala Constitucional no tardaron en hacerse notar. En septiembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia, impuesta por diputados afines al Gobierno, avaló la reelección presidencial sucesiva tras señalar que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años. Hasta entonces, según el artículo 152 de la Constitución, los presidentes que llevaban cinco años en el poder (como será el caso de Bukele en 2024) no podían renovarlo para un periodo inmediato. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que acataría la orden con la única condición de que el presidente renunciara seis meses antes del mandato. El fallo desató una oleada de críticas, tanto dentro como fuera de las fronteras de El Salvador, especialmente en Washington, pero ello no amedrantó a Bukele que anunció su interés por la reelección.

«Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. (…) Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Pero esto no ha sido únicamente gracias al trabajo de nuestro Gobierno, sino porque trazamos nuestro propio destino y no obedecimos los dictados internacionales», señaló el mandatario desde la Casa Presidencial, el 15 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia.

Por si no fuera suficiente la posibilidad de reelección, el Gobierno impulsa al mismo tiempo una reforma constitucional que incluye la extensión del mandato presidencial a seis años y la reducción del término de espera para la reelección, ignorando así el artículo 248 que establece que no se pueden reformar los artículos que refieren a la alternabilidad del ejercicio presidencial. El borrador también contempla el otorgamiento de rango constitucional al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y al Tribunal de Ética Gubernamental, la creación de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el reemplazo de la Sala de lo Constitucional por un Tribunal de lo Constitucional.

El 4 de febrero de 2024, El Salvador celebrará elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Los sondeos señalan una amplia ventaja del partido Nuevas Ideas en las dos primeras instancias, lo cual le garantizaría a Bukele su reelección. Sin embargo, «las encuestas dicen que podrían perder alcaldías, especialmente en municipalidades del gran San Salvador», expone Bessy Ríos, analista política salvadoreña. E4

El fenómeno en cifras

• 68,579   personas fueron capturadas acusadas de pertenecer o colaborar con las pandillas desde que se inició el régimen de excepción hasta el 12 de mayo de 2023.
• 9,711 mujeres fueron capturadas desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, según datos de la Policía Nacional Civil.
• 5,000 personas fueron liberadas según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, después que las autoridades no pudieron probar su vinculación con las pandillas.
• 976 nombres de personas liberadas desde el 24 de agosto de 2022 hasta el 3 de mayo de 2023, han sido publicados por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
• 37% de menores de 17 años viven sin uno o ambos padres en El Salvador, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples.
• 145 casos de personas muertas bajo custodia del Estado después de ser capturadas durante el régimen, documentó el Socorro Jurídico Humanitario, hasta el 18 de mayo de 2023. Lo hizo mediante testimonios de familiares, fotografías y documentos.

Fuente: «Huérfanos del régimen de excepción»

---

Menos alcaldías, menos corrupción, pero mayor concentración del poder

La más reciente iniciativa promovida por el presidente Nayib Bukele reduce el mapa administrativo de El Salvador de 262 municipios —que actualmente posee— a solo 44. Luego que 67 de los 84 diputados del Congreso aprobaran la Ley Especial de Reestructuración Municipal, el 14 de junio ratificó la misma para que entre en vigor el 1 de mayo de 2024, al comienzo de la próxima legislatura y tres meses después de las venideras elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

A partir de esa fecha El Salvador contará con 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales: en total 460 ediles, cifra muy por debajo de los 3 mil actuales. La drástica reducción es defendida por el Gobierno pues este considera un exceso el número de alcaldías en funciones hoy en día para un país con apenas 6.5 millones de habitantes y 21 mil kilómetros cuadrados de extensión.

«Los mismos diputados oficialistas que hablan de ahorro con la reducción de municipios aprueban millones de dólares de incremento presupuestario para los rubros de comunicaciones y prensa del ejecutivo».

Bessy Ríos, analista política

Asimismo, representa un paso necesario para combatir la corrupción, cuya médula, a ojos del Gobierno, se halla en las administraciones municipales. Concentrar las alcaldías propiciará «un mejor control del gasto y la inversión pública, eliminando contratos sobrevalorados y actos de corrupción relacionados a los mismos», alegó la Asamblea Nacional en un comunicado. Bukele fue más directo: «Muchos alcaldes solo se dedican a robar o ven qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente», afirmó.

En el plano económico, el Ministerio de Hacienda asegura que la reestructuración municipal supondrá un ahorro de 250 millones de dólares anuales para las arcas del Estado salvadoreño. Este recurso podrá destinarse a «una mayor y mejor inversión en obras y servicios de calidad para la población», según el comunicado de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, la analista política Bessy Ríos advierte una contradicción en el discurso oficial y su manera de actuar. «Los mismos diputados oficialistas que hablan de ahorro con la reducción de municipios aprueban millones de dólares de incremento presupuestario para los rubros de comunicaciones y prensa del ejecutivo», alega.

Si bien coincide en que se necesitaba una reestructuración, la experta lamenta la falta de comunicación entre Gobierno y sociedad. «No hay un estudio técnico con el que se haya explicado a la población los motivos por los que habría que hacer 30, 20, 100 o 44 municipios», puntualiza.

En cuanto a la efectividad de la reducción de entidades para erradicar la corrupción, Ríos no se muestra convencida. «Con las nuevas alcaldías de cinco o seis distritos, los proyectos serán más grandes y las posibilidades de corrupción siguen existiendo. No se reducen, ya que la corrupción depende de las personas que pongas al frente», afirma.

En realidad, para la oposición, la nueva ley de reestructuración municipal es un movimiento del oficialismo destinado a acumular más poder en un momento en el que Bukele goza de un alto índice de popularidad y a sabiendas de que en las venideras elecciones municipales el oficialismo tiene las de perder, por lo tanto, le conviene recortar por adelantado el número de alcaldías que pudieran sumarse en su contra. E4