Por falta quórum de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, dos legisladores no van a ser juzgados por el momento. Mauricio Toledo (PT), acusado de enriquecimiento ilícito, y Saúl Huerta (Morena), señalado por abuso sexual, salvan la acción de la justicia. Un ejemplo de oprobio de cómo la omisión, la ausencia, el no voto, es una manera de votar. En este caso es para posponer la justicia.
El hecho muestra que no se eliminó el fuero, persiste y su uso es el blindaje contra la ley, la impunidad. Todavía llama más la atención porque es la Fiscalía de Ciudad de México quien acusa. La mayoría morenista no puede dudar de la seriedad de los cargos, pero por lo visto, para los legisladores en el poder la presunción de inocencia del correligionario es igual a impunidad.
La justicia habrá de alcanzar a los diputados Toledo y Huerta. Ambos tendrán oportunidad para probar su inocencia en las instancias jurisdiccionales y frente a la acusación de la fiscalía y el prejuicio adverso de la opinión pública. El abstencionismo en la consulta no sería para absolver a los políticos, sino un rechazo a la misma Cuerpo…..
El voto por omisión remite a la consulta del 1º de agosto, pero allí la abstención tendrá consecuencia definitoria, al ser condicionante la asistencia de cuatro de diez ciudadanos para que el resultado tenga efecto vinculatorio. La validez depende de la participación.
La omisión en la consulta es mucho más significante de lo que se advierte. El previsible abstencionismo no sería manera de absolver a “los actores políticos del pasado”, quienesquiera que sean estos, más bien sería un rechazo a la consulta misma. No hay tema a resolver porque si hubiere responsabilidad penal, las autoridades tendrían la obligación de proceder con o sin consulta. La aplicación de la ley no se vota.
En la consulta hay sobrada hipocresía, no solo por la complacencia del gobierno para actuar frente a la venalidad existente, sino también porque quien la promueve y convoca, el Presidente, dice que está en desacuerdo con juzgar a los corruptos del pasado e incluso anticipó que no participará. Los hechos y la conducta no corresponden con lo dicho. Más aún, el Presidente funda su legitimidad con la denuncia y condena de palabra al pasado corrupto; no hay acciones judiciales para abatir la impunidad, lo poco que hay en materia judicial son procesos legales a modo de las necesidades políticas y pulsiones del Presidente.
El efecto de empaquetar a quienes gobernaron hace mucho tiempo con quien lo hizo en el pasado reciente tiene el efecto de absolver a éste. Aquellos tienen el privilegio de la prescripción. Trato igual a casos diferentes. Hablando de mandatarios, con o sin consulta, a Carlos Salinas o a cualquier otro se le puede juzgar por los actos ilícitos que realizó en el gobierno anterior y, desde luego, hay sobradas presunciones de corrupción a desahogar por la UIF, el SAT o la fiscalía, sobre el ex presidente Peña Nieto, el beneficiario, lo que hace creíble si no el pacto de impunidad, sí una decisión calculada del Presidente de no proceder contra su antecesor. Entonces, ¿para qué la consulta?
La última trinchera de la 4T
En lo que queda del gobierno del presidente López Obrador el mayor reto no está en la economía, tampoco en la inseguridad, ni siquiera en el tema de salud pública o combate a la pobreza. El mayor desafío es evitar que la corrupción dentro del gobierno se desborde y exhiba el tamaño del fracaso de la pretendida transformación.
Ante el deterioro en todos los ámbitos, la última trinchera de la credibilidad de la 4T es que la corrupción sea anulada. Que la misión moralista y redentora del Presidente llegue a buen puerto a pesar de que en todos los demás temas haya retroceso. No es una cuestión menor: si solo se lograra eso sería un paso histórico para el país, una reivindicación que justificaría históricamente su arribo al poder y lo singular de su estilo de gobernar.
La remoción de Irma Eréndira Sandoval y su reemplazo por Roberto Salcedo es un paso relevante y alentador de que el Presidente finalmente entendió que gobernar es complejo y que requiere de funcionarios competentes y no de arribistas. Igual, la designación de Rogelio Ramírez de la O es una designación acertada.
La mayor dificultad para acabar o abatir la corrupción es el voluntarismo y la negación de que persiste. La manera de avanzar no es con la prédica, ni siquiera con una discutible austeridad. Se trata de acabar con la causa del problema, la impunidad. No es un asunto de moral, sino de legalidad y para ello se requiere aplicar la ley sin excepción. La Función Pública tiene una tarea preventiva y también de auditoría y control. El abuso de las asignaciones directas es carta abierta a la corrupción, al tráfico de influencia y dispendio.
El Presidente debe despojarse del prejuicio de que la ley y el sistema de justicia están al servicio de los poderosos. La corrupción continúa y sin medidas ejemplares, especialmente para los de su propio gobierno, seguirá creciendo y carcomiendo el cuerpo nacional. El Presidente no necesita de chismes ni de un trabajo sesgado, parcial e interesado como el de la UIF; lo que se requiere es que su Secretario de la Función Pública cumpla con rigor su tarea y que inhiba la venalidad que compromete lo fundamental del compromiso del Presidente con la sociedad en su pretendida transformación histórica.
Para efectos de trascendencia es irrelevante si el Presidente cuenta con mucha o desbordada popularidad, muchos dictadores han gozado de tal privilegio, lo importante son los resultados que signifiquen un cambio real y efectivo en la sociedad. El tema de la legalidad es fundamental y no solo se refiere a leyes y tribunales, sino a la certeza de derechos de las personas y a la capacidad para sancionar a quienes violenten la norma. La última trinchera del lopezobradorismo queda comprometida no solo por el pasado, sino también por el presente. Por esos clasemedieros en el gobierno de AMLO, aspiracionistas que suscriben el código del que no tranza no avanza. ¿Podrá el Presidente contenerlos de cara a la impunidad que ha caracterizado la primera mitad de su gestión con Eréndira Sandoval en la Función Pública?
