Violencia e inseguridad forman ya parte del paisaje; se han perdido capacidad de asombro y de indignación frente a lo que ocurre. Las noticias son recurrentes y muy preocupantes porque la situación amenaza en extenderse ante la pasividad, impotencia o negligencia de las autoridades, particularmente de las del orden federal. Logros aislados y grosera manipulación de cifras hacen creer que las cosas están bajo control y mejorando.
Este lunes, en la zona Tarahumara de Chihuahua fueron asesinados los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora al intentar proteger a una persona, guía turístico que buscaba refugio en el templo, perseguido por una persona armada, quien fue ejecutada al interior de la iglesia. Los tres cuerpos fueron sustraídos por los criminales. En hechos vinculados, secuestraron a cuatro personas, entre éstas un menor. Un episodio de tantos que ocurren en muchas partes del país. Una población a merced de los más violentos y sanguinarios.
Hay lugares donde la batalla al crimen se ha ganado y en otros, contenido; sin embargo, amplias zonas de territorio nacional siguen bajo su dominio, son los hombres de horca y cuchillo a cargo de la policía y de la justicia; administran, cobran y prestan; hasta obras sociales emprenden. Siempre a su modo, con todas sus implicaciones. La acción criminal fue ejecutada, presuntamente, por José Noriel Portillo, jefe criminal en la zona y a quien se le imputan varios homicidios desde 2018.
El presidente reconoció que es una zona donde hay fuerte presencia del narcotráfico, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tuvo una desafortunada expresión de que el crimen contra los sacerdotes fue «circunstancial», una manera absurda de trivializar los hechos.
Desaciertos y decisiones infortunados han llevado a imputarle al presidente un supuesto vínculo o acuerdo con la delincuencia organizada, como hicieran en días pasados Porfirio Muñoz Ledo y el excandidato presidencial Francisco Labastida. No hay tal, aunque sí una política pública en materia de seguridad que parte de un mal diagnóstico y que origina acciones equivocadas e ilegales. Cumplir y hacer cumplir la Ley es premisa obligada del ejercicio republicano del poder.
La realidad se impone. Con el reporte de mayo se acredita que en lo que va de este Gobierno ha habido más homicidios dolosos que en toda la gestión de Felipe Calderón. La evidencia es contundente: el Gobierno ha fracasado en materia de seguridad.
De siempre, López Obrador ha suscrito la falsa tesis de que la causa de la criminalidad es la pobreza; es decir, que el hambre lleva a las personas, particularmente a los jóvenes, a tomar el camino de la vida criminal. Por lo mismo se ha decidido que los programas sociales focalizados en jóvenes habrían de frenar el curso delictivo.
Esa postura es indefendible. Se delinque porque hay impunidad, no porque exista pobreza, como lo revelan los hechos trágicos en la Tarahumara; de hecho, los delincuentes no son los más pobres. Por otra parte, cuánto tiempo llevaría combatir la marginación que padecen millones de jóvenes mexicanos, y si es cierto que las políticas sociales asistencialistas son la mejor vía para llevar oportunidades y progreso a ese grupo demográfico…
Más que erróneamente criminalizar a la pobreza, importa la pronta respuesta de las autoridades para enfrentar al crimen. Muchas causas inciden en la actividad criminal, y por lo mismo es preciso atacarlas en varios frentes. Abatir la impunidad reviste la mayor importancia. El Estado debe reivindicar el monopolio legítimo de la violencia a partir de la autoridad de que está investido y de su comportamiento dentro del marco legal. Decir que violencia no se ataca con violencia es igualar al criminal con las instituciones de justicia y dejar en estado de indefensión al inocente. La violencia legítima es contraria a la violencia criminal, y efectivamente, las autoridades tienen la obligación de actuar. Se debe hacer con eficacia, inteligencia, estrategia, con firmeza y con apego a la civilidad propia de la legalidad.
La paranoia
El presidente López Obrador ha reclamado con indignación el que se le vincule con el crimen organizado. Dice que es una campaña de los conservadores en un intento más de dañar a su proyecto.
La verdad es que ni hay vínculo (al menos en términos de un acuerdo expreso) ni hay campaña orgánica de un grupo con el intento de perjudicarlo.
El señalamiento se remite a las elecciones en el occidente del país en 2021, especialmente Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California. La oposición se refirió para el caso de Michoacán y Sinaloa como elecciones en las que tuvo un papel protagónico el crimen organizado. No fue un invento. La información noticiosa muestra que sí hubo presencia. Desde luego que esto haya acontecido, en forma alguna prueba que fue una acción concertada, consentida o promovida por el presidente.
La manera como López Obrador se ha referido a Joaquín Loera, el saludo a la madre de éste y la atención a la gestión para visitar a su hijo detenido en EE.UU., así como la liberación de Osvaldo Guzmán, retenido por las autoridades militares en un operativo en Culiacán para proceder a su extradición, ha propiciado la maledicencia, abonado por las recurrentes visitas del presidente a los territorios bajo control del Cártel de Sinaloa, lo que da pie a que se recree la idea del acuerdo.
Más aún, recientemente externó su molestia por el nombre de «El Triángulo Dorado», rebautizado con el nombre de «El Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora», para algunos una manera de referirse a los delincuentes que controlan dicha zona.
En días pasados comparte la satisfacción de que en territorios bajo el control del crimen no haya violencia, respecto a los que están en disputa.
El comedimiento presidencial hacia los criminales hace contraste con los periodistas o sus críticos. Su exceso hacia quienes tienen una postura independiente o crítica en los medios o en la política, hace que la mesura al criminal se le vuelva en contra.
En ocasión del crimen organizado, el presidente refiere de manera reiterada a los delincuentes de cuello blanco, con lo que sugiere que para él son más perniciosos.
El presidente de siempre se ha pronunciado por la política de «abrazos no balazos», y ha reiterado su confianza de que al crimen habrá de disminuírsele con programas sociales que incentiven a que los jóvenes tengan una forma honesta de vivir, en lugar de transitar hacia el crimen. La postura presidencial no sólo se califica de ingenua, sino también complaciente.
Más con la instrucción a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional de no enfrentar a los criminales, con verbalizaciones lamentables, como aludir al respeto de los derechos humanos de los delincuentes, obligación de las autoridades, pero el contexto de una humillante persecución de los criminales a una patrulla militar, la que por cierto, pudo cumplir su cometido una vez que obtuvo refuerzo.
En este contexto, adquieren relieve las palabras de Porfirio Muñoz-Ledo, quien aludió a una «alianza» del Gobierno con el crimen organizado, postura que se repitió en una entrevista de Carmen Aristegui con el excandidato presidencial y exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida. El presidente respondió airadamente contra Muñoz-Ledo y denostando a la periodista Carmen Aristegui.
Lo narrado es suficiente para entender la manera como un sector importante de los medios y en las redes sociales refieren a los vínculos del presidente con el crimen.
No es una campaña, es el descuido presidencial de sus palabras y una pésima respuesta al tema, lo que ha llevado a la creencia de que tal acuerdo existe. Éste, como tal no existe, porque no hay una estructura de poder y autoridad con la que se podría lograr entendimiento alguno.
Los grupos criminales son múltiples y no todos obedecen a la misma lógica criminal ni tienen la misma cohesión o disciplina. Lo que existe es público y está a la vista de todos, esto es, la postura del presidente López Obrador en el combate al crimen organizado, y la discutible tesis de que es la pobreza la que lleva a la delincuencia. Sí hay una causa a la vista de todos: la impunidad.
La paranoia tampoco es tal, ya que es difícil, es demencial creer que hay una campaña de los conservadores en su contra. Lo que sí existe es la respuesta indignada de quienes ven complacencia en la postura presidencial, especialmente por los desastrosos resultados en materia de seguridad y justicia.
