I
Hace apenas unos días se cumplieron dos años de una de las manifestaciones que realizaron, acompañados por miembros de la Coalición de Trabajadores de la Educación, pensionadas y pensionados exigiendo el pago de sus pólizas de seguro y retiro que desde hace más de seis años les debe el Seguro de los Trabajadores de la Educación.
Justamente en esos días, el periodista Eduardo J. de la Peña escribió sobre el tema en su columna «Índice», en El Diario de Coahuila (12.02.21).
«Parece que va quedando claro por qué no completan para pagar las pólizas de retiro», dice el comentarista, y pregunta: «¿Tendrán algo que ver con eso los hechos que en diciembre de 2018 denunció la Auditoría Superior del Estado, después de que el Consejo de Administración no solventó serias inconsistencias detectadas en el ejercicio 2016?»
En otro párrafo de su artículo expresa: «Si se revisa la denuncia podremos encontrar todo un catálogo de irregularidades graves, algunas por los montos que representan, otras por las conductas señaladas y algunas más por los personajes involucrados», y en otro apartado señala: «Destaca Alfonso Cepeda Salas, actual dirigente nacional del magisterio, que en 2016 cuando cumplía con comisiones del comité nacional, principalmente en el extranjero, cobraba como “asesor técnico B” del Seguro del Maestro, y recibió 280 mil pesos».
«La Auditoría Superior, de Armando Plata Sandoval, señaló ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, de Jesús Homero Flores Mier, directamente a la directora Norma Leticia Escobedo Cuevas», dice el periodista. Casualmente, la aludida es ahora integrante del nuevo Comité Ejecutivo Seccional, ocupa la cartera de Coordinación y Operación de Regiones Sindicales.
II
Sobre Alfonso Cepeda, actual Secretario General del SNTE, el periodista Luis Carlos Plata ha documentado el conflicto de interés en el que se encuentra involucrado por los contratos de los negocios —Médica Bosco, Alheira, Médica Integralis y otros— que integrantes de su familia tienen con el Servicio Médico magisterial y que según describe el periodista en uno de sus artículos, esos convenios «representan al mes una facturación millonaria para Médica Integralis S.C., ya que, en el caso de Torreón, cada intervención se cobra entre 17 mil y 585 mil pesos. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos en las clínicas del Magisterio a nivel estatal, los costos van de mil 600 a 498 mil 813 pesos, y cada TAC en Monclova cuesta de mil 276 a 11 mil pesos. Se trata, para dimensionar, del trato más jugoso para un proveedor de la Sección 38 merced a la potencial demanda hospitalaria que tienen 49 mil derechohabientes» (Zócalo).
Y en otro de sus artículos sobre el tema, escribe Luis Carlos Plata:
«Se trata de un pool de sociedades mercantiles… fincadas en la subrogación de servicios médicos que, por falta de capacidad y presupuesto, no pueden prestar las clínicas y hospitales públicos. Y como el acceso a los servicios de salud se ha deteriorado entre 2018 y 2020 (de acuerdo con la más reciente evaluación de Coneval) el negocio es redondo. Y millonario» (Zócalo).
En ese mismo artículo, Luis Carlos Plata refiere que Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S.A. de C.V., otra de las empresas del mismo grupo, «en 2017 recibió 6 millones de pesos del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, y 6 millones y medio más en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, vía los contratos 001-001/2019 y 001-001/2020 respectivamente, para prestar el “servicio de limpieza, seguridad y vigilancia” anual en la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Saltillo.»
III
Por cierto, estuvo en Saltillo el dirigente nacional del SNTE, a quien hace poco la secretaria general de la Sección 38 lo reconoció como «el primer impulsor de medidas oportunas en nuestra seguridad social». Lo cierto es que todavía resuenan en la memoria de los agraviados las desafortunadas declaraciones que el dirigente nacional hizo hace algunos tres años en su visita a Saltillo, luego de ignorar la carta donde más de 2 mil 500 miembros le solicitaban intervenir para solucionar la problemática de Pensiones y Servicio Médico, confirmando así su papel al servicio del gobernador del Estado, con el que hoy comparte pódium:
«ISSSTELEON, ISSSTECALI, ISSSTESON están sin medicamento» dijo con tal orgullo (¿mal de muchos, consuelo de tontos?), y pasó del silencio cómplice a la defensa cínica de la posición que culpa a trabajadores y jubilados de la crisis en Pensiones y Servicio Médico, omitiendo mencionar las verdaderas causas:
Los delitos contra el patrimonio de esas instituciones, señalados en las denuncias presentadas por la ASE.
Los miles de millones de pesos que adeudan el Gobierno del Estado y las universidades.
Con aquellas declaraciones de plano se abrió de capa y sin vergüenza ni disimulo confirmó lo que el secreto a voces pregona desde hace tiempo: que forma parte del mismo grupo, que sus intereses están primero y sobre cualquier cosa. Para los miles de agremiados que le solicitaban asumir la defensa de sus derechos su respuesta fue: «quieren todo y sin aportar», dijo, cual fiel capataz que repite el discurso insensible e irresponsable del patrón para justificar la ruina de Pensiones, Servicio Médico, Fovi y Seguro del Maestro.
IV
Hablando de denuncias penales, la Auditoría Superior del Estado ha presentado 16 querellas desde hace por lo menos siete años (la primera data del 2015 y la última del 2018), alusivas al quebranto de los fondos magisteriales, por vía de fraudes, peculados y desvío de recursos, con una afectación de más de mil 300 millones de pesos al patrimonio de las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación.
Solo al Seguro del Maestro corresponden más de 120 millones, que si se procediera conforme a derecho, se aplicaran sanciones y se obligara a los responsables a restituir el dinero malversado, con esos 120 millones se pagaría —y sobra— el monto completo y no mermado como se está pagando actualmente, de las pólizas de seguro y retiro de mil pensionados.
Respecto al daño causado al Fondo de la Vivienda, la ASE registra una cantidad de más de 647 millones de pesos. Con esa suma, ¿cuántos créditos para adquisición o remodelación de vivienda se podrían otorgar a quienes tienen esa necesidad: 647 créditos de un millón o casi mil 300 de 500 mil pesos; o 350 créditos de un millón y mil 485 de 200 mil pesos?
Las cuentas públicas a las que corresponden las denuncias penales presentadas por la ASE, incluida la del FOVI, son de los años 2012 al 2016. («Curiosamente» no hay ninguna denuncia sobre las cuentas de 2008 a 2011, años en los que Carlos Moreira estuvo formalmente al frente del Comité Ejecutivo Seccional).
Entre los múltiples hechos constitutivos de delitos que describe la ASE, destaca el desvío de decenas de millones de pesos anuales que, desde las instituciones, especialmente desde el Fovi y del Seguro, se mandaban al Comité Ejecutivo Seccional, en aquel período en el que Rubén Delgadillo Romo ocupó la Secretaría General de la Sección 38, por cierto, también director del Fovi en el período próximo pasado y ratificado ahora para el mismo puesto por la secretaria general actual.
V
Así las cosas, el magisterio estatal está a la expectativa de que el Comité Ejecutivo Seccional, por conducto de la secretaria general, promueva lo concerniente para dar cumplimiento a varios de los compromisos de los 10 que se asumieron durante la pasada campaña de elección de directiva sindical. Estos son dos de esos compromisos vinculados a los temas comentados aquí, referidos de acuerdo al número con que fueron enlistados para su firma:
Desarticular los vínculos y relaciones comerciales que mediante el tráfico de influencias de funcionarios o dirigentes sindicales privilegien los intereses de corporaciones médicas particulares, prestadores de servicios, proveedores y otros tipos de empresas, y no permitir más que se hagan negocios a costa de las instituciones de seguridad social del magisterio y en perjuicio de los agremiados.
Exigir, durante los primeros días de gestión, que el gobernador del estado, el fiscal general y el fiscal anticorrupción presenten resultados de las investigaciones sobre las denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado, respecto al daño de más de mil 300 millones de pesos a las instituciones de seguridad social del magisterio durante los años del 2012 al 2016; que se finquen responsabilidades y sanciones y se restituyan los montos sustraídos del patrimonio del Servicio Médico, del Fovi, Dipetre y el Seguro del Maestro.
VI
El gobernador Miguel Riquelme acudió a un evento sindical del SNTE. ¿Le recordaron el dirigente nacional o la dirigente seccional que el Gobierno del estado debe más de cuatro mil millones de pesos al fondo de pensiones y que por esa razón Dipetre no puede pagar cientos de millones que adeuda a Servicio Médico? ¿Le recordaron que particularmente su administración tiene deudas con Dipetre por más de mil cien millones de pesos? ¿Le requerirán que gire instrucciones para que se descongelen las carpetas de investigación sobre las denuncias penales relativas al daño patrimonial a los fondos magisteriales o no querrán incomodarlo ni con el pétalo de una alusión a estos temas?
